Algunos acontecimientos de las últimas semanas hay que verlos como parte de la misma película y no como una serie de fotos separadas. La represión a la marcha de los jubilados el miércoles 12 de marzo tiene relación con el video que el lunes 24 del mismo mes, Día de la Memoria, difundió el gobierno nacional. La pieza audiovisual intenta justificar el terrorismo de Estado instrumentado por la última dictadura.

No es que sea un plan orquestado de manera milimétrica. Es el despliegue en todos los frentes de la visión que el régimen del presidente Javier Milei tiene sobre el uso del aparato represivo y la democracia.

Los operativos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para reprimir a los jubilados costaron cientos de millones de pesos. El 12M le dio rienda suelta a su visión militarista de la disputa política. Le faltó vestirse de verde oliva. La represión de esa tarde dejó 114 detenidos, la mayoría arrestados al boleo. Un grupo de policías con camperas azules con las siglas PFA rodeaban a una persona cualquiera –podía estar en la puerta de una pizzería– y de pronto la tomaban del cuello, la tiraban al piso y se la llevaban. El objetivo: infundir el temor a manifestarse.

La represión dejó decenas de heridos, entre ellos el fotógrafo Pablo Grillo, que recibió el impacto de una granada de gas lacrimógeno en la cabeza. Grillo sigue internado y la información sobre su estado al cierre de esta nota es que los médicos del Hospital Ramos Mejía dijeron que tiene una “recuperación milagrosa”. Quizá Dios –para los que creen– esté en la vereda opuesta a Bullrich y Milei.

Al día siguiente de la represión, Milei cerró la muestra Expoagro en San Nicolás. Sentó a Bullrich a su lado. “Los buenos son los de azul”, dijo el presidente. La gestualidad fue leída como un respaldo al accionar de la ministra. Sin embargo, a la semana siguiente, en la víspera de una nueva marcha de jubilados, hubo una reunión en una oficina de la Casa Rosada en la que abundaban las bebidas energizantes apoyadas en el escritorio y el humo de cigarrillo en el aire. El súper asesor presidencial Santiago Caputo armó un encuentro con Bullirch y el jefe de la SIDE, Sergio Neiffert. También estaba un funcionario que arrastra una interna con Bullrich, a pesar de que su recorrido político se parece, en el sentido de cambiar de lealtad cada dos años. El exmacrista, exalbertista y actual mileísta, número dos de la SIDE, Diego Kravetz fue parte del ágape con el que Caputo le intervino la gestión a Bullrich. Se diseñó un operativo que evitara una marcha masiva, pero al mismo tiempo una represión fuera de control.

En la Rosada son varios los funcionarios que piensan que tener muertos en una marcha puede implicar un punto de inflexión difícil de revertir para Milei.

Los traumas de Pato

Bullrich vive convencida de que los dos gobiernos de los que participó antes de sumarse al de Milei fueron acorralados por el peronismo tomando el control de la calle. Cree que Fernando de la Rúa tuvo que renunciar por las protestas de diciembre de 2001. Deja de lado que la desocupación estaba en el 21,5 por ciento y que esas familias no recibían ningún ingreso compensatorio por parte del Estado. Deja de lado que la clase media no podía acceder a sus ahorros en los bancos. Deja de lado que el vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez había renunciado por el escándalo de las coimas en el Senado. De la Rúa solo renunció –en el razonamiento de Patricia– por un golpe callejero orquestado por el peronismo bonaerense.

La ministra piensa lo mismo respecto de lo que ocurrió con el gobierno de Mauricio Macri. Sostiene que no consiguió su reelección por haber “arrugado” con el ajuste estructural luego de la marcha frente al Congreso para rechazar la reforma jubilatoria, en diciembre de 2017. Fue la protesta en la que, según la ministra, se tiraron catorce toneladas de piedras. Con esas creencias, Bullrich construyó su política de seguridad contra la protesta social. Hay que controlar la calle a sangre y fuego si es necesario. Está claro que en la Rosada hay funcionarios que piensan que esa visión de Bullrich es la que puede terminar desestabilizando al gobierno.

¿Esto quiere decir que la gestión de Milei ahora será respetuosa del derecho a manifestarse? Por supuesto que no. Solo muestra una tensión latente en el seno del gobierno.

La excusa

En este contexto llegó el video de 19 minutos protagonizado por el escritor Agustín Laje para justificar el terrorismo de Estado instrumentado por la última dictadura. El guion de la pieza audiovisual reedita los argumentos que los propios jerarcas del plan de exterminio utilizaron en el Juicio a las Juntas realizado en 1985.

El alegato de quien había sido jefe de Armada, Emilio Eduardo Massera, durante el juicio, tuvo la misma base argumental. Ese día, hace casi cuarenta años, vestido con su uniforme de marino y parado delante del banquillo de los acusados, Massera miraba a los jueces en el estrado. León Arslanian le leyó la acusación: “Usted está acusado de 83 homicidios calificados, 523 privaciones de la libertad calificadas, 267 aplicaciones de tormento, dos secuestros extorsivos, once sustracciones de menores, siete tormentos seguidos de muerte”.

Luego, Massera, mirando a los jueces, comenzó su defensa con una idea que sería la ordenadora de todo su alegato. “No he venido a defenderme –dijo–. Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa.”

Esta concepción de que lo que ocurrió en los años 70 del siglo pasado fue una guerra es la idea ordenadora del video producido por el cineasta del régimen de Milei, Santiago Oria, y Laje. Lo demás consistió en darle carnadura a esa lectura: la Guerra Fría, la intervención cubana, para luego desembocar en que el terrorismo de Estado fue una respuesta –quizás exagerada– al accionar de las organizaciones armadas. Se sabe que no hubo una guerra y que la dictadura transformó al Estado en un criminal que cometió los peores crímenes que conoció la Argentina en su historia moderna.           

¿En qué punto se juntan el video de la dupla Oria-Laje con la represión a los jubilados? Uno de los discursos con los que el gobierno justificó la represión es que detrás de las protestas se monta una acción subversiva para derrocar a Milei. Es un argumento que viene desde el inicio de la nueva gestión. El año pasado el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había dicho que la toma de las universidades era una acción subversiva. Bullrich, de la mano del fiscal Carlos Stornelli, había acusado de terrorismo a los manifestantes que protestaron contra el tratamiento de la Ley Bases. La Oficina del Presidente había posteado en X una felicitación a las fuerzas de seguridad que reprimieron “grupos terroristas que intentaron un golpe de Estado”.

Si el terrorismo de Estado se justifica por el accionar de los grupos armados en la década de 1970 y hoy se califica la protesta callejera como acción terrorista, el siguiente paso es aplastar esa protesta con una acción estatal violenta. Por ahora es una acción política que se desarrolla sobre todo en el plano simbólico, a pesar de la represión. Del dicho al hecho hay mucho trecho, dice el refrán, aunque a veces no tanto.