Los drásticos cambios en la economía impuestos en los últimos treinta meses por el gobierno de La Libertad Avanza son rechazados por cada vez más amplios sectores, aunque gozan del entusiasta aval de los grupos empresariales que controlan los grandes negocios, y por los organismos crediticios con sede en Washington.

Muy distinta es la mirada del peronismo y sus socios menores aglutinados en Unión por la Patria (UP), que advierten que el rumbo actual no contempla alivios para la crisis que sufre la mayor parte de las empresas y de la población, por más que se reiteren promesas de empleos con buenos salarios y mejores prestaciones públicas, en un contexto futuro de baja inflación.

El debate cotidiano exhibe así una clara polarización. En el oficialismo confían en que una mayoría ciudadana ratificará su preferencia por las recetas ultraliberales en los comicios de 2027. La oposición, en tanto, sueña con un giro en dirección opuesta, a fin de que no se tornen irreversibles las transformaciones estructurales en favor de unos pocos sectores primarios (agro, energía, minería) y en desmedro de otros (particularmente, industria).

En todo caso, las últimas semanas fueron pródigas en señales sobre las alternativas propuestas por UP a las políticas actuales, aunque con repercusión mediática prácticamente nula.

Pasó casi totalmente desapercibido, por ejemplo, el proyecto de Ley de Protección Económica frente a la Inestabilidad Global, presentado por el diputado Máximo Kirchner y un conjunto de legisladores de su bancada, entre ellos la economista Julia Strada y el extitular de la AFIP Carlos Castagneto.

Hidrocarburos

La iniciativa promueve una serie de medidas en dirección opuesta al derrotero actual. Por ejemplo, sostiene que las exportaciones de hidrocarburos deben supeditarse al prioritario abastecimiento interno y pagar retenciones de hasta 50 por ciento.

Adicionalmente, y en contraposición de las rebajas dispuestas por el gobierno, se propone el pago de mayores derechos de exportación para los envíos de soja y sus derivados, maíz y trigo.

Los recursos obtenidos sustentarían un Fondo Anticíclico de Emergencia Energética (FAEE).

El proyecto contempla además la suspensión de las privatizaciones de empresas públicas del sector, un plan de “amortiguación tarifaria” en respaldo de los consumos familiares y de pymes, y un esquema de apoyo al sector agropecuario que incluye un impulso a la fabricación local de fertilizantes.

Los diputados opositores resaltan la necesidad de asegurar la continuidad del abastecimiento energético y amortiguar el impacto de los elevados precios internacionales del petróleo, tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.

Remarcan asimismo los objetivos de proteger el acceso alimentario y la estabilidad de precios de los bienes esenciales.

Se pretende, por otra parte, orientar la renta extraordinaria originada en el shock externo favorable (dados los excedentes exportables de hidrocarburos), sin que se conviertan en un factor de inflación interna.

Agro y reservas

El proyecto busca igualmente proteger la capacidad productiva del agro y fortalecer la posición externa mediante la acumulación de reservas internacionales, aprovechando la ventana de precios altos de exportación.

La iniciativa de los legisladores de UP prevé una declaración de emergencia por doce meses (prorrogable por otro semestre) a fin de aportar un alivio a sectores sociales vulnerables, suavizar el impacto de shocks externos y sostener un proceso de crecimiento que beneficie no solo a grandes grupos empresariales.

El artículo 9 del proyecto establece, durante la emergencia, un derecho de exportación móvil sobre las exportaciones de petróleo crudo, aplicado sobre la diferencia entre el precio de mercado de referencia y un precio de corte equivalente al promedio de los doce meses entre febrero de 2025 y enero de 2026.

“Todo lo que exceda dicho promedio tributará a una tasa de entre el 40 y el 50 por ciento, según lo establezca la reglamentación”, proponen los diputados de Unión por la Patria.

El artículo 17 alienta también, para el período de emergencia, a “modificar las alícuotas de los derechos de exportación aplicables a la soja (poroto, aceite y harina), el maíz y el trigo, cuando el precio FOB oficial de cualquiera de dichos productos se sitúe un 20 por ciento o más por encima del promedio móvil de los 36 meses inmediatamente anteriores al momento de la medición”.

En ese supuesto, la porción del precio que exceda del 20 por ciento por encima del promedio trienal “será gravada con una alícuota especial, cuyo nivel determinará la reglamentación”, mientras el precio de mercado que no supere ese umbral continuará sujeto a la alícuota de derechos de exportación previos.

La emergencia, justifican los diputados de UP, se funda en “el impacto extraordinario sobre los precios internacionales de la energía, los alimentos y los fertilizantes, la disrupción logística global y la volatilidad financiera derivadas del conflicto bélico en Medio Oriente y su entorno regional”.

Todo lo cual “compromete la seguridad de abastecimiento, el poder adquisitivo, los costos del paquete tecnológico agropecuario y la estabilidad del crédito para familias y empresas”.

El derecho de exportación móvil propuesto tendría vigencia solo cuando exista renta extraordinaria derivada del shock de precios, y su alícuota efectiva será cero cuando el precio de mercado se ubique por debajo del precio de corte.

Shock tarifario

El capítulo energético del proyecto prevé además, a fin de “evitar el shock tarifario”, que durante la emergencia se “difiera, escalone o module la traslación de precios mayoristas de gas y electricidad a tarifas finales, con topes trimestrales de variación para usuarios residenciales, comerciales e industriales”.

Según la iniciativa –y solo ante riesgo cierto y documentado de desabastecimiento local o de alteración extraordinaria de precios internos de la energía– se dispondrán “medidas transitorias” para restringir ventas al exterior de petróleo y gas natural “no alcanzadas por autorizaciones firmes de exportación ya perfeccionadas”.

El proyecto opositor propicia asimismo la suspensión de los procesos de enajenación de activos estratégicos del Estado nacional en el sector energético.

Estos últimos son considerados “instrumentos necesarios para la intervención pública destinada a garantizar el abastecimiento, amortiguar el traslado del shock externo a los precios internos y preservar recursos estratégicos para la estabilización económica y social”.

En cuanto a los recursos del Fondo Anticíclico propiciado, se prevé que sean asignados a distintos fines. En principio, se utilizarían para subsidiar el gasoil agropecuario, a fin de “contener los costos de cosecha y flete de granos”, y para la estabilización del precio interno de combustibles líquidos para el consumo final.

El FAEE también financiaría líneas de crédito subsidiadas para compra anticipada de fertilizantes, sostendría un programa de cobertura de productores agropecuarios y respaldaría la acumulación de reservas internacionales del Banco Central.

En rigor, gran parte del proyecto de UP contempla disposiciones con impacto en el sector agropecuario.

• El artículo 19 señala que el Banco de la Nación y la banca pública pondrán en vigor una línea de crédito específica para la compra anticipada de fertilizantes, a tasa subsidiada, fondeada total o parcialmente con recursos del Fondo Anticíclico.
• El artículo 20 faculta al Poder Ejecutivo Nacional a instrumentar, a través de YPF S. A., su subsidiaria YPF Agro o una entidad equivalente, un mecanismo de compra estatal centralizada de fertilizantes que permita negociar volúmenes agregados con descuento en el mercado internacional y distribuir a precio estabilizado en el mercado interno.
• El artículo 21 declara de interés estratégico la ampliación de la capacidad nacional de producción de urea a partir del gas natural de la formación Vaca Muerta. Se prevé además que el Poder Ejecutivo Nacional, en coordinación con las provincias productoras, elabore en un plazo de 180 días un plan de inversiones que contemple la ampliación de la capacidad instalada existente y la eventual construcción de nuevas plantas, con el objetivo de reducir estructuralmente la dependencia importada de fertilizantes nitrogenados (que hoy llega al 65 por ciento del consumo).
• El artículo 22 señala que la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca prestará especial atención a la evolución de los precios de los fertilizantes y actuará en consecuencia, atento al impacto que un alza considerable en estos insumos pudiera tener sobre los costos del paquete tecnológico agropecuario, la rentabilidad de los cultivos intensivos en nitrógeno –especialmente trigo y maíz– y sobre los precios de productos fundamentales para el consumo interno.

Cobertura

El proyecto impulsa además la creación del Programa de Cobertura de Precios Agropecuarios de Emergencia, con el objeto de facilitar el acceso de los pequeños y medianos productores a instrumentos de cobertura de precios en mercados a término autorizados, mediante el subsidio parcial del costo de las primas de opciones de venta (puts) destinadas a cubrir eventuales riesgos de caída de los precios de sus productos.

El programa tendría por finalidad preservar la estabilidad de los ingresos de pequeños y medianos productores, mitigar los efectos de la volatilidad de los precios internacionales y reducir la vulnerabilidad financiera del sector agropecuario en situaciones de emergencia.

El artículo 24 de la iniciativa presentada por los diputados de UP prevé que el Banco Central instrumente un sistema específico de monitoreo de la exposición del crédito bancario al sector agropecuario, frente a la volatilidad de los precios internacionales.

A tal fin, se propone que  la autoridad monetaria emita “alertas tempranas” cuando la cartera crediticia expuesta a caídas eventuales en el precio internacional de la soja supere los niveles prudenciales que el propio BCRA defina en la reglamentación, conforme a criterios técnicos objetivos.

Servicios críticos

Otra propuesta de los legisladores de Unión por la Patria apunta a declarar como bienes y servicios críticos el abastecimiento, la logística, el transporte y el almacenamiento vinculados a los productos de la Canasta Básica Alimentaria.

En ese sentido el proyecto prevé reducir transitoriamente aranceles e impuestos indirectos a la importación de insumos críticos, cuando se acrediten alzas extraordinarias externas, y establecer corredores logísticos prioritarios y acuerdos público-privados para optimizar costos de transporte y evitar desabastecimientos regionales.

Se dispone asimismo que el Poder Ejecutivo constituya fideicomisos de abastecimiento para productos sensibles de la canasta básica, con participación de la producción cooperativa y la banca pública, con el objeto de garantizar la disponibilidad y accesibilidad de aceite, pan, leche y carne a precios razonables.

Por otra parte, durante la emergencia y con fines de monitoreo (no sancionatorios) los sujetos obligados de las cadenas de valor alimentarias deberán informar con periodicidad mensual a la Secretaría de Comercio un relevamiento de costos relevantes (energía, combustibles, fletes, insumos importados, fertilizantes) y los márgenes agregados por familia de productos.

Los diputados de Unión por la Patria defienden en su proyecto la reorientación de ayuda alimentaria para compensar variaciones extraordinarias de precios de la canasta básica, y contemplan un refuerzo extraordinario y transitorio a los titulares de la Asignación Universal por Hijo, de no menos del 30 por ciento del monto actual.

Desafío

Finalmente, el artículo 27 del proyecto lanza un desafío al gobierno nacional, al proponer una medida claramente inaceptable para los preceptos libertarios. Durante la vigencia de la emergencia, señala, “el Poder Ejecutivo Nacional deberá ampliar, reforzar o crear partidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento de los objetivos de esta emergencia, aun cuando no se encuentren respaldadas por recursos previamente establecidos”.

Desde luego, la iniciativa reseñada es apenas un intento de evitar que siga creciendo el número de damnificados que el modelo libertario eligió como segmento al cual aplicar todo el filo de su motosierra antiestatista y someter a un drástico cambio de reglas de juego.

Esas tendencias, afirmadas por el gobierno con la excusa del combate a la inflación (todavía sin resultados positivos), se traducen en recortes de derechos y en una brutal transferencia de ingresos del grueso de la población (particularmente trabajadores, jubilados y empresas pequeñas y medianas) hacia las cajas de las viejas y nuevas oligarquías.

Los miembros de las bancadas de UP en ambas cámaras del Congreso vienen presentando desde fines de 2024, frente a ese cuadro regresivo, gran cantidad de proyectos que buscan detener, o por lo menos morigerar, el proceso destructivo de empresas y empleos que La Libertad Avanza lleva a cabo.

Entre las iniciativas opositoras más recientes se impulsa el “salvataje pyme”, a través de la declaración de emergencia tarifaria, impositiva, productiva y laboral; se promueve la prohibición, por cinco años, de importar ropa y otros artículos textiles usados, y se alienta la creación del Programa Nacional de Alivio de Deuda Personal, en el marco de una ley de Segunda Oportunidad para Hogares Endeudados.

Los legisladores de UP también proponen proyectos que en mayor o menor medida requieren la presencia activa del Estado. Por ejemplo, entre muchos otros, la Planificación Estratégica para la Implementación del acuerdo Mercosur-UE; el respaldo a la industrialización del litio y el desarrollo de baterías; la creación de un régimen de empleo joven y formación laboral, y la promoción de la industria naval.

Nada de eso tiene chances de plasmarse en realidades a corto plazo, dada la dirección contraria actual en materia de políticas públicas y la sujeción a los organismos crediticios externos, que limitan los márgenes de actuación tras el pago de las deudas estatales.

Podría decirse, sin embargo, que se van perfilando en el Congreso (como también en diversos centros de estudios y consultoras privadas) algunas de las líneas principales de la plataforma electoral de la principal fuerza de oposición, de cara a los comicios generales del año próximo, y con la esperanza de relanzar un proceso de crecimiento más equilibrado y equitativo.