Por primera vez en su historia, la Argentina está a poco más de un año de cumplir cuarenta años de estabilidad democrática. Y es justo en esta fecha que el país se asomó de nuevo al abismo de una posible escalada de violencia política con consecuencias incalculables. Que no haya salido la bala de la pistola que empuñaba Fernando Sabag Montiel a pocos centímetros de la cara de Cristina Fernández fue un milagro –para los que creen– que salvó la vida de la vicepresidenta y, también, la de la democracia.
¿Por qué después de cuatro décadas en las que el país transitó por experiencias tan disímiles como el alfonsinismo, el menemismo y el kirchnerismo, vuelve a estar en jaque el pacto democrático?
Hay, al menos, un punto central. Luego del estrepitoso fracaso del gobierno de Fernando de la Rúa, la Unión Cívica Radical tuvo una implosión de la que se recuperó, relativamente, más de una década después, en 2015, cuando fue parte de la alianza de centro-derecha Cambiemos. Sería ingenuo no reconocer que la hegemonía que ejerció el peronismo durante los catorce años que van del gobierno de Eduardo Duhalde al final del segundo mandato de CFK se explica solo por la recuperación de la economía y de la calidad de vida de los sectores populares. Eso fue clave, por supuesto. También es cierto que enfrente no había nada más que un gigantesco archipiélago de pequeñas islas opositoras.
En las elecciones de 2007, CFK ganó su primera presidencia con el 46 por ciento de los votos. En segundo lugar quedó Elisa Carrió, con el 23 por ciento. La sensación de triunfo aplastante se explica por ambos números: el de la victoria y la enorme distancia con el segundo. Tercero quedó Roberto Lavagna, con 17 puntos. En el universo antiperonista se imponía la tesis de que no era un problema ir fragmentado a la primera vuelta porque, luego, quien pasara al balotaje reuniría el resto de los votos de ese bloque político, cultural, económico y social.
Esta debacle del radicalismo trajo consigo, en simultáneo, el crecimiento de un partido creado por el hijo de un multimillonario que había amasado su fortuna haciendo negocios con el Estado. El PRO de Mauricio Macri, que cumplió veinte años en julio pasado, en buena medida reemplazó al radicalismo. La mejor prueba de esto es la hegemonía que construyó en la ciudad de Buenos Aires, distrito históricamente refractario al peronismo, y que votó en 1996 al mismo De la Rúa como su primer intendente electo, con el 40 por ciento de los votos.
En la provincia de Buenos Aires, el macrismo no gana, mayormente, en distritos históricamente peronistas. La mayoría de los jefes comunales que logró en las últimas elecciones ejecutivas son de localidades del interior rural, donde tradicionalmente ganaba la UCR.
La democracia en riesgo
Esta caída del radicalismo, o el ascenso del PRO en la representación antiperonista, explica en buena medida el debilitamiento del pacto democrático. Los partidos tradicionales, a pesar de sus disputas ancestrales, se habían puesto de acuerdo en la Multipartidaria para empujar el final de la última dictadura. Y durante el primer gobierno democrático, estuvieron codo a codo para rechazar las asonadas militares. La foto más recordada es la de Raúl Alfonsín al lado de Antonio Cafiero en el balcón de la Casa Rosada en el levantamiento carapintada de la Semana Santa de 1987. El PRO no tiene nada de esta tradición en sus entrañas.
A pesar de estar habitado por varios dirigentes que vienen de los partidos tradicionales, el imaginario predominante en el partido amarillo es el de la antipolítica, con componentes de la Ucedé y simpatías con la familiar militar. La UCR y el PJ construyen su discurso, su imaginario, dialogando con la historia. El macrismo reniega de la historia. Puede hablar de los setenta años de “decadencia peronista” y referenciarse en los conservadores del siglo XIX, pero de modo superficial. Fue el gobierno que sacó a los próceres de los billetes y los reemplazó por ballenas y yacarés. No deja de ser curioso porque buena parte de la plana mayor del PRO tiene una admiración que roza la sumisión por Estados Unidos, un país que mete a sus padres fundadores hasta en la sopa.
El reemplazo del radicalismo por el PRO fue el germen de una caída en la calidad democrática de la Argentina. El partido de Macri no tiene el compromiso con la preservación de la democracia que tenía la UCR luego de la última dictadura. Tampoco tiene historia de buscar acuerdos, de haber padecido persecución o de que alguno de sus presidentes haya sido expulsado por un golpe de Estado. Su compromiso con la democracia es endeble. Cuando Macri llegó al poder, reeditó el autoritarismo político utilizando el Poder Judicial para encarcelar a sus adversarios con la excusa de la lucha contra la corrupción.
Es una conclusión que resulta más fácil con el diario del lunes, pero a la democracia argentina este cambio de la fuerza predominante en el bloque antiperonista no le hizo nada bien.
Esta realidad política pone interrogantes sobre el futuro. Peronistas y radicales pudieron acordar para defender la democracia en la década de 1980, para reformar la Constitución en los años 90, para estabilizar el país luego de la crisis terminal de inicios del nuevo milenio. Votaron juntos la reestatización de YPF en el segundo gobierno de CFK. El PRO se opuso.
¿Es posible construir una convivencia similar con el macrismo? ¿Se puede acordar algo con Patricia Bullrich? ¿Es una cuestión de actores o es el imaginario predominante en el PRO? De las respuestas a estas incógnitas depende la posibilidad de reconstruir el pacto democrático que la Argentina tuvo de 1983 a diciembre de 2015. Era algo que parecía asegurado, y en realidad estaba en riesgo.
