El presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, aprovechan todo tipo de situaciones para sacar a relucir gruesas billeteras –a esta altura, acompañadas imaginariamente por baúles repletos con decenas de miles de millones de dólares– nutridas por los anuncios que semana tras semana se formulan sobre megaproyectos situados en la Argentina. 

Son los capitales comprometidos por un conjunto de compañías de los principales centros occidentales de negocios, para desarrollar –en algunos casos, asociadas con grupos locales– explotaciones básicamente energéticas y mineras. 

Por cierto, solo se trata aún de meros anticipos cuya concreción debería verificarse de modo paulatino, para terminar de convertirse en realidades palpables ya bien entrado el próximo decenio. 

Milei y Caputo, sin embargo, apuestan a la carta de la avidez externa para reforzar su capital político, a partir de lo que pregonan como el comienzo de una nueva era de bienestar que supuestamente alcanzaría al conjunto de la población. 

El ministro Federico Sturzenegger agrega su propia letra a la narrativa que busca instalar el oficialismo. A su juicio –y sin mencionar la elevada rentabilidad que proporcionará a los inversores la extracción de recursos locales–, las promesas empresariales son señales del retorno de la confianza en el país y en su gobierno libertario (que en 2027 intentará la reelección, según adelantó el titular de la cartera de Desregulación). 

“Tanto la agenda de libertad económica como la de equilibrio fiscal permiten decir que la Argentina cuenta con un entorno donde se va a respetar el derecho de propiedad”, sostiene Sturzenegger. Sin derecho de propiedad, agrega, “no puede haber sociedad próspera, no puede haber acumulación de capital, no puede haber inversión, no puede haber crecimiento”. 

Desde la oposición, en tanto, aún sin subir demasiado la voz, advierten: “Necesitamos un régimen de incentivos, pero dar garantías no es lo mismo que dar concesiones ilimitadas”. 

Incentivos 

La lógica con que abordan la cuestión técnicos ligados con Unión por la Patria parte del convencimiento de que la Argentina, aun con una macroeconomía frágil y un historial de inestabilidad, está en condiciones de ofrecer a grandes inversores reglas claras y estables, como de hecho se hizo en el pasado no tan lejano. 

Por ejemplo, ya antes de 2024 se discutía la necesidad de un régimen de incentivos para sectores estratégicos (como el desarrollo de proyectos de GNL, gas natural licuado). 

Un reciente análisis del equipo de especialistas del centro de innovación en políticas de desarrollo Fundar admite que existen razones que justifican ofrecer garantías sólidas a los inversores. En particular, porque uno de los principales desafíos de la Argentina consiste en construir una reputación creíble en el largo plazo, teniendo en cuenta la historia de los últimos decenios, de volatilidad macroeconómica, estadísticas públicas no confiables, cesación de pagos, controles cambiarios, confiscación de depósitos y rupturas contractuales. 

No obstante, a pesar de esos antecedentes el país también posee un importante poder de negociación, sustentado en la existencia de activos reales que las empresas globales buscan: energía renovable abundante, grandes reservas de recursos hidrocarburíferos, clima frío para centros de datos, conectividad submarina, recursos minerales estratégicos. 

Por el camino que dispusieron las autoridades nacionales, el riesgo es la consolidación de una economía de enclave. Es decir, un modelo productivo donde grandes empresas (generalmente transnacionales) dominan actividades enfocadas casi exclusivamente en la exportación. 

Estas compañías operan de manera aislada, extrayendo materias primas y ganancias sin integrarse al mercado local ni generar un desarrollo económico sostenido en el país anfitrión. 

En el caso específico de la Argentina, están en duda los eventuales beneficios: con todas las concesiones fiscales, aduaneras, laborales y cambiarias, y estabilidad normativa por treinta años, la recaudación efectiva puede ser mínima y los dólares generados pueden no ingresar en el mercado local. 

El resultado posible es una inversión que no mejore la tributación, no aporte divisas y tampoco genere proveedores. Porque este paquete de beneficios se entrega sin contrapartidas productivas de ningún tipo. 

Así, un gobierno que desmantela políticas productivas en nombre de la austeridad fiscal adopta como política emblema un paquete de incentivos sin precedentes sin exigir nada sustantivo a cambio. 

En esta convicción, los analistas de Fundar detallan los principales problemas que surgen tanto de RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones) como del todavía más concesivo Súper RIGI. 

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En primer lugar, está clara la brecha entre anuncios e inversiones efectivas: el Gobierno contabiliza más de 124.000 millones de dólares atraídos por el régimen original de incentivos. Pero hasta mediados de junio solo se hicieron efectivos 762 millones. 

Eso se explica por un diseño que exige desembolsos iniciales mínimos (apenas 80 millones de dólares en los primeros dos años, el 40 por ciento del básico de 200 millones) y deja el resto al plazo que fije la empresa inversora. 

En ese proceso se observa una clara concentración sectorial: el 90 por ciento de la inversión corresponde a petróleo y gas (50 %) y minería (40%). En varios casos –litio, upstream de hidrocarburos no convencionales– las inversiones ya estaban anunciadas y eran rentables para las empresas antes de crearse el régimen. 

Hay que recordar, por otra parte, que el RIGI original excluyó deliberadamente el desarrollo de proyectos petroleros, ya que desde el mismo gobierno se reconocía que Vaca Muerta no necesitaba mayores incentivos. 

En febrero pasado, sin embargo, se amplió el régimen para incluir al reservorio neuquino. La decisión no fue acompañada de ningún análisis de impacto, lo que en la práctica equivale a resignar ingresos fiscales sobre una expansión que ya estaba en marcha. 

Los expertos de Fundar cuestionan asimismo la inexistencia de un repositorio público de los proyectos adheridos, lo que configura “una opacidad inaceptable” en un programa financiado con fondos públicos. 

Súper 

De acuerdo con el análisis de Fundar, el Súper RIGI repite (y profundiza) la lógica del RIGI. 

Mantiene la contradicción original: el Gobierno, que reivindica el libre mercado, adopta como política emblema la selección estatal de “ganadores”. El RIGI ya lo hacía (ocho sectores elegibles que en la práctica se redujeron a dos: hidrocarburos y minería). La novedad está en el objeto: por primera vez el beneficio recae sobre actividades que hoy no existen en el país. Pero con instrumentos incluso peores. 

Las concesiones tributarias son incluso más extraordinarias: el impuesto a las Ganancias baja del 35 por ciento del régimen general al 15 (en el RIGI era 25 %); las retenciones a exportaciones son cero desde el día uno (en el RIGI, desde el año tres); los derechos de importación se eliminan para todos los bienes vinculados al proyecto (en el RIGI, solo bienes de capital y partes); las contribuciones patronales bajan del -24 por ciento general al 10 para nuevos empleos (beneficio que el RIGI no incluía); los dividendos tributan 3,5 por ciento a partir del cuarto año (en el RIGI, al séptimo; en el régimen general, 7 %); la amortización acelerada permite descontar el 60 por ciento de la inversión en el primer año, cuando el régimen general distribuye la deducción a lo largo de la vida útil del bien (cinco a diez años) y el RIGI la permitía en dos cuotas anuales; se impone un tope del 0,5 por ciento a Ingresos Brutos para las provincias que adhieran. 

A las concesiones tributarias se suman las cambiarias. En materia de exportaciones, el Súper RIGI elimina progresivamente la obligación de liquidar divisas 20 por ciento de libre disponibilidad el primer año, 40 por ciento el segundo y 100 por ciento a partir 
del tercero (en el RIGI el esquema es más lento: 100 % recién al cuarto año). Por el lado de los ingresos de capital y deuda externa, en el RIGI deben liquidarse en el mercado oficial, con excepciones limitadas. El Súper RIGI, en cambio, elimina esa obligación por completo desde el día uno. Combinados, estos beneficios implican que la inversión puede operar en territorio argentino –usando suelo, energía y agua– sin volcar prácticamente ningún dólar en la economía. 

El costo es también institucional. El régimen crea, por treinta años, dos Argentinas regulatorias: una para quienes entran al Súper RIGI y otra para el resto del tejido productivo. De hecho, la propia UIA reclamó beneficios equivalentes para la industria instalada, señalando que el artículo 4° del proyecto excluye explícitamente las ampliaciones de plantas existentes. La clientela de beneficiarios de este régimen de emergencia tendrá en el futuro fuertes incentivos para hacer lobby con el objetivo de extender y ampliar el régimen, aun en condiciones de mayor normalización de la economía argentina. Existe también el riesgo de que el Súper RIGI induzca al sector privado a demorar inversiones que haría de todas formas, condicionándolas a su inclusión en el régimen. 

Se observa un retroceso en materia de proveedores respecto del propio RIGI: la ley Bases (número 27.742) exige un Plan de Desarrollo de Proveedores Locales con un compromiso mínimo del 20 por ciento de contratación local en bienes y obras, tanto 
en la etapa de construcción como en la de operación. El requisito ya era débil: excluye servicios (mantenimiento, logística, seguridad) y, como advirtieron las cámaras industriales, podría cumplirse solo con obra civil básica, como movimiento de suelos. 

El Súper RIGI lo elimina directamente. Solo pide informar la “integración local”. Peor aún: el artículo 55 prohíbe al Estado obligar al inversor a comprar insumos nacionales cuando haya una alternativa importada más barata. El Estado se ata las manos para generar encadenamientos, incluso mientras otorga beneficios extraordinarios. 

Comparaciones 

Ejemplos de regímenes de incentivos de otras latitudes muestran que no es necesario regalar recursos tributarios sin pedir nada a cambio, evalúa el análisis de Fundar. Aunque es cierto, sostiene que la gran diferencia con la Argentina es que estos países no tienen que sobreactuar certidumbre regulatoria, porque de hecho la tienen hace décadas. 

Si bien pueden ser razonables la estabilidad regulatoria y ciertos beneficios financieros, acotados en plazo y alcance, para reducir el riesgo percibido por el inversor, el RIGI y el Súper RIGI van mucho más allá. Ofrecen treinta años de estabilidad incondicional (cuarenta para proyectos estratégicos), excluyen cláusulas de revisión, renuncian a la jurisdicción local y establecen el arbitraje obligatorio fuera de la Argentina y sin ningún árbitro argentino. 

Todo eso, sin pedir nada a cambio. Mucho más de lo que las empresas pedían para invertir. En este sentido, resulta ilustrativa la comparación con regímenes de otros países que manifiestan similar objetivo de atracción de inversiones. 

Chile ofreció durante décadas estabilidad fiscal por diez a veinte años a cambio de una carga impositiva mayor: 42 por ciento sobre la renta, contra el 35 general. El inversor pagaba más por certeza. El Súper RIGI invierte la lógica: el Estado ofrece 
certeza por treinta años y además cobra menos. Además, el Plan Nacional de Data Centers de Chile (2024-2030) establece acuerdos con empresas internacionales para reservar un porcentaje de su infraestructura de IA y cómputo de alto rendimiento para universidades, centros de investigación, institutos tecnológicos chilenos y startups nacionales. Y promueve la sostenibilidad hídrica y energética de la industria a través de acuerdos de producción limpia y una herramienta geoespacial que orienta la instalación hacia zonas con disponibilidad energética y menor impacto socioambiental. 

Brasil, a través del régimen Redata, condiciona los beneficios fiscales al abastecimiento con energía 100 por ciento renovable, a la reserva de al menos el 10 por ciento de la capacidad de procesamiento para el mercado doméstico, y a la inversión del 2 por ciento del valor de las adquisiciones en proyectos de I+D en asociación con universidades e instituciones científicas nacionales. También exige estándares de eficiencia hídrica. Todo con beneficios que duran cinco años. Por fuera del Redata, en el sector petrolero establece preferencia obligatoria para proveedores nacionales en condiciones equivalentes de precio y calidad. 

Noruega exigió desde los años 70 la localización progresiva de proveedores e I+D en su industria petrolera, haciendo del compromiso con la transferencia tecnológica un factor determinante en la adjudicación de licencias. Como resultado, desarrolló una industria de proveedores competitiva a nivel global en menos de una década. 

Contrapartidas 

Para morigerar las excesivas concesiones dispuestas por el gobierno nacional, los expertos de Fundar proponen un conjunto de correcciones, empezando por la propuesta de supeditar el vínculo de cada beneficio con un objetivo verificable. 

La reducción de Ganancias debería quedar condicionada al desarrollo de proveedores locales: el 25 por ciento tendría que ser el piso alcanzable para proyectos que demuestren el cumplimiento verificable de metas de integración productiva e inversión en I+D. 

La eliminación progresiva de retenciones debería vincularse con el cumplimiento de metas, volúmenes y plazos de exportación comprometidos. 

La reducción de contribuciones patronales al 10 por ciento, en tanto, no es un factor determinante en la decisión de invertir, pero sí transfiere costos al sistema previsional. Es un beneficio a los inversores sin justificación económica, que debería eliminarse del régimen. 

Resulta notoria la ausencia de un plan de desarrollo de proveedores obligatorio, con metas progresivas de integración local y preferencia de precios a favor de oferentes nacionales, decreciente a lo largo de la vida del proyecto. Es la práctica estándar en países con políticas exitosas de desarrollo de proveedores. Para que esto sea posible, el artículo 55 del proyecto, que prohíbe al Estado exigir compra local cuando haya alternativa importada más barata, debe ser modificado. 

Fundar propone además reemplazar la estabilidad incondicional de treinta años por un esquema con revisiones periódicas vinculadas con metas. Se podría fijar un lapso inicial de estabilidad de diez a quince años, renovable por períodos equivalentes siempre que el inversor demuestre el cumplimiento de metas pactadas de inversión, exportaciones y desarrollo de proveedores locales. 

También debería restablecerse el agotamiento de vías locales como paso previo al arbitraje internacional. El Súper RIGI permite al inversor llevar cualquier controversia directamente a tribunales arbitrales internacionales (CIADI, Cámara de Comercio Internacional o Corte Permanente de Arbitraje), sin pasar antes por la Justicia argentina, con sede obligatoria fuera del país. Esto no solo es una cesión de soberanía, también debilita la capacidad del Estado de hacer cumplir las condicionalidades que se pacten. De poco sirve exigir metas de inversión, exportaciones o desarrollo de proveedores si el inversor puede recurrir a un tribunal externo que aplica estándares de protección de inversiones, no la legislación argentina. 

Debería contemplarse además la cesión de capacidad de cómputo a universidades, organismos científicos y startups nacionales. Un data center es, en esencia, capacidad de procesamiento. Si la Argentina va a ofrecer beneficios extraordinarios para instalarlos, tendría que exigir que una parte de esa capacidad quedara disponible para el ecosistema local. 

Sería factible asimismo condicionar beneficios fiscales a un porcentaje mínimo de inversión en I+D local. Esto no solo genera transferencia tecnológica: también crea demanda para el sistema científico argentino y vincula la inversión extranjera con el desarrollo de capacidades locales. 

Por último, los especialistas de Fundar consideran necesario establecer requisitos de sustentabilidad, en lo que respecta al abastecimiento con energía renovable y límites al uso de agua, y pautas de transparencia que permitan el acceso público a los proyectos con datos de inversión, empleo, cumplimiento y costo fiscal.