La catarata de insultos presidenciales dirigidos en las últimas semanas hacia economistas, comunicadores, periodistas y todo aquel que cuestione la narrativa económica oficial dejó en claro que, si bien en despachos oficiales se esfuerzan en asegurar que en materia económica todo está bajo control, lo cierto es que hay una creciente preocupación por políticas que parecen no dar las respuestas esperadas a las demandas de la ciudadanía.

El foco de atención está puesto en cinco variables, que el Gobierno necesita tener encaminadas –todavía no lo están o avanzaron solo parcialmente– si La Libertad Avanza pretende conseguir un nuevo voto de confianza en las elecciones de 2027 y quedarse en la Casa Rosada hasta diciembre de 2031.

Inflación, hueso duro de roer

El primer punto es el combate a la inflación, una viga maestra en el contrato electoral de Javier Milei con sus votantes. Se trata de una variable clave para convencer a la gente de que el esfuerzo que hizo desde hace ya casi tres años valió la pena. La baja de la inflación tiene como contraparte el ajuste y la licuación de ingresos, además de la motosierra de gasto público, traducida en menos servicios de parte del Estado o más caros, como los servicios públicos, por reducción o eliminación de subsidios.

Como fuere, lo cierto es que la inflación mensual sigue siendo alta y, a juzgar por el propio discurso oficial, podría decirse que incluso “muy alta”, dado que en declaraciones hechas a comienzos de año el tándem Milei-Caputo había asegurado que para agosto el guarismo empezaría con cero.

El último registro del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), difundido el pasado martes 13 de octubre, marcó para septiembre una variación del índice de precios al consumidor (IPC) de 1,9 por ciento, dos décimas por encima del mes anterior, aunque el Gobierno salió a celebrar porque no llegó al 2 por ciento, como vaticinaba la mayoría de las consultoras privadas. El acumulado del año ya trepa a 23,6 por ciento y en los últimos doce meses la inflación anotó 33,4 puntos, por encima del 31,5 que acusó el año 2025.

Es decir, el proceso de desinflación como mínimo está estancado. Hoy se observa cierta inercia inflacionaria, que se traduce en precios de la economía que se indexan por el IPC pasado, como cuotas de medicina prepaga, colegios privados, servicios de comunicaciones, transporte, impuestos municipales y otros. Esto impide una baja más consistente de la inflación, entre otros aspectos.

Además, la inflación núcleo, es decir, despojada del efecto estacional en ciertos productos y los precios regulados, se mantiene en 1,7 por ciento (dato de septiembre) y en toda la gestión de Milei siempre estuvo por encima de 1,5. En esas condiciones es difícil que la inflación sea “pulverizada”, como pronosticó varias veces el Presidente.

Actividad a ritmo dispar

La segunda variable relevante es la actividad económica, que en julio dio una caída desestacionalizada contra junio de -2,9 por ciento y se estima que en el tercer trimestre dará en rojo, sumándose al segundo trimestre en baja (-0,6 %) y determinando una economía en recesión. Allí se observa una marcada dualidad entre sectores “ganadores” y “perdedores”.

Entre los primeros se cuentan los nuevos drivers de la economía argentina, petróleo y gas natural, minería impulsada por el litio y el oro, además del desarrollo de proyectos de cobre que comenzarán a producir en un par de años, pero ya traccionan la inversión. A estos hay que sumar al agro, desde siempre el proveedor natural vía exportaciones de los dólares que toda la economía necesita para funcionar, y algo de Economía del Conocimiento, un nicho que empezó a crecer hace unos diez años y ya exporta por más 10.000 millones de dólares al año.

Los sectores golpeados, en tanto, son intensivos en empleo, como la construcción, el comercio mayorista y minorista y la industria manufacturera. Además, está la intermediación financiera, que históricamente estuvo sobre la línea de flotación pero en los últimos meses muestra caídas, en el contexto del incremento de la mora en empresas y especialmente en las familias, por la caída del poder adquisitivo.

En el discurso oficial hay sectores que deberán cesar en su actividad en una economía abierta a la importación y que se está reconfigurando, por lo que deberán reconvertirse, algo que no se observa en la realidad. Más bien lo que se constata es que en un contexto de actividad “planchada”, desde mediados de 2023 ya cerraron más de 32 mil empresas en el país y se perdieron unos 500 mil puestos de trabajo.

Inversores expectantes

Los inversores financieros ya entraron en “modo electoral”, lo que se traduce en la suba del índice de riesgo país que mide el banco de inversión JP Morgan. Tras tocar un piso cercano a los 400 puntos básicos a comienzos de julio, el riesgo país, que explica la mayor o menor aversión al riesgo y dudas de que el país pueda cumplir con el pago de los bonos soberanos –capital e intereses– empezó a subir desde agosto y hoy ya supera los 600 puntos básicos, uno de los indicadores más altos de América latina.

En el caso de los inversores en la economía real, el interés está muy focalizado en los beneficios extraordinarios que ofrece el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). Hay que aclarar, sin embargo, que el RIGI no es para todos los sectores ni para todas las empresas, dado que requiere una inversión mínima de 200 millones de dólares.

El riesgo país se dispara por factores externos, como la volatilidad en los mercados globales por las guerras en Ucrania y especialmente en Medio Oriente, con conflictos armados en Irán, Arabia Saudita, Yemen, Israel y Líbano, por mencionar los principales, que impactaron en los precios de los commodities agrícolas en el caso de la guerra Rusia-Ucrania, y en el precio del petróleo y el gas natural, en la zona del Golfo Pérsico.

Pero también hay factores domésticos, como el acompañamiento que pueda o no tener el Gobierno en el Congreso para avanzar con su agenda de reformas, las dudas por el despegue de la economía y sumado ahora al riesgo electoral, en una campaña que por decisión del Gobierno se adelantó cerca de un año.

Humor social

El cuarto punto se relaciona con el segundo. Vaca Muerta, la minería y el RIGI están muy bien, pero no cambian el humor de los argentinos, que cada día pierden poder adquisitivo, se endeudan o dejan de llevar adelante alguno de sus proyectos ante la estrechez de sus bolsillos.

Tres años de “sequía” son demasiados y lejos de sentir un “efecto riqueza”, producto de la relativa estabilización macroeconómica, la clase media siente un “efecto pobreza”, donde cada gasto hay que pensarlo cuatro veces, y donde la segunda mitad del mes obliga a concentrarse en los gastos ineludibles como la alimentación o el transporte para ir trabajar o estudiar y no mucho más.

La eterna obsesión

La última variable tiene nombre extranjero y color verde, y se llama dólar. Pese a la relativa “pax cambiaria” el nivel del tipo de cambio será el factor clave en la previa de las elecciones 2027, al punto de que a un año de los comicios ya tuvo que salir a hablar explícitamente el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, para calmar las aguas.

Afirmó que si fuera necesario volvería a apoyar o más bien rescatar a la Argentina de Javier Milei, con tal de que no vuelva el peronismo en alguna de sus versiones. Ya lo hizo en 2025 cuando inesperadamente Estados Unidos compró bonos de deuda soberana argentina, un hecho inédito en la historia de la relación bilateral.

En este sentido, los analistas ya descuentan que 2027 será un año con “movimiento cambiario” por dolarización de carteras de inversores y por la espera del resultado de las elecciones en dólares y no en pesos por parte de los ciudadanos de a pie.

Ante esto, el presidente Javier Milei dijo disponer de una “bazooka” de 125.000 millones de dólates –primero dijo 75 mil y luego subió la cifra– y el ministro Caputo amenazó con “arrancarles la cabeza a los especuladores como ya hicimos en 2025”. Un lenguaje pendenciero que, por cierto, no ayuda.