En los casi quince meses que lleva en el poder, el gobierno liberal libertario, encabezado por Javier Milei, ha logrado anotar en su haber un activo que muchos envidiarían. Se trata de la baja de la inflación mes a mes, que alcanzó en enero pasado un registro de 2,2 por ciento, el más bajo desde junio de 2020. Y anualizado, un guarismo de 84,5 por ciento, el primero que se clavó en dos dígitos desde enero de 2023, hace exactamente dos años.
No es poco, aunque sí es preciso hacer un par de aclaraciones. La baja de la inflación comenzó a verse en las estadísticas del Indec después del salto estratosférico que pegaron los precios en el comienzo de la gestión mileísta, tras la brutal devaluación del peso de 54 por ciento, que gatilló el índice de precios al consumidor al 25,5 por ciento en diciembre de 2023 y 20,6 al mes siguiente.
El segundo punto es que el Gobierno festeja la inflación de 2,2 por ciento en enero, pero aun así, sigue ocupando el segundo lugar en el podio de América latina entre los países con mayor suba de precios mensual. Solo está debajo de Venezuela, que acusó 7,9 por ciento. El resto, Uruguay 1,1 por ciento en el primer mes del año, lo mismo que Chile, Paraguay 1, Colombia 0,94, México 0,29 y Brasil 0,11.
El contraste es notorio, mucho más si se considera que dos países de la región han tenido deflación: Ecuador, cuya economía está dolarizada desde enero de 2000, marcó una retracción de los precios de -0,15 por ciento en enero y un envidiable 0,26 por ciento de inflación en doce meses, nada menos.
El otro país con baja de precios es Perú, con una contracción de -0,09 por ciento el primer mes del año y un registro anual de solo 1,85, menos que la Argentina en un solo mes.

El relato libertario
¿Por qué empezamos hablando de inflación? Pues porque la baja de la inflación es, según la óptica oficial, la madre de todas las batallas y sin dudas el story telling del relato libertario en estos meses de gobierno.
Otro punto virtuoso de la economía, siempre en la mirada del Poder Ejecutivo, es haber sostenido por todo un año el superávit fiscal primario (antes del pago de servicios de la deuda pública) y también financiero, es decir, contabilizando los vencimientos.
Es un registro que no se veía desde 2008, durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Esto se logró ahora en base a un recorte fenomenal del gasto empleando motosierra, habiendo frenado el 98 por ciento de la obra pública y cortado de cuajo la emisión monetaria.
Probablemente, el foco que el Gobierno pone en el equilibrio de las cuentas públicas sea el mayor activo en este momento. Es también un cambio de paradigma en una sociedad acostumbrada a que los gobiernos de turno hicieran del rojo fiscal una marca registrada.
Como se ha dicho en reiteradas ocasiones desde estas páginas, lo virtuoso es manejarse con prudencia fiscal, no gastar más de lo que ingresa, porque eso es lo que permite mantener el control de las decisiones de política económica y evitar el flagelo inflacionario que, como se sabe, siempre les pega a los sectores más vulnerables.
Agenda caliente
En este contexto, hay tres factores que dominan la agenda económica y para los que el Gobierno aún no tiene una estrategia definida. Además, son líneas rojas que observan con cuidado tanto los empresarios nacionales como extranjeros a la hora de invertir, con lo que la economía pierde ese combustible necesario para crecer.
Por un lado, se trata de cómo evitar el atraso cambiario, que termina impactando en la mayoría de los sectores productivos, que no pueden competir contra los importados, ni acceder con chances a mercados de exportación.
La estrategia oficial de devaluar gradualmente el peso (crawling peg), primero al 2 por ciento mensual y desde el 1° de febrero al 1, se pretende que sea un ancla para contener la disparada de precios. Pero corriendo por debajo de la inflación y con el tipo de cambio estable, al cabo de quince meses ya acumula desequilibrios difíciles de disimular, con impacto a nivel de las empresas, especialmente pymes.
Otro factor es cómo y cuándo levantar el cepo cambiario. Es cierto que algunas restricciones se fueron levantando, pero en lo medular las trabas al acceso libre a dólares sigue vigente.
El tema es tan relevante que hasta se tuvo que poner como una de las “zanahorias” (el acceso a las divisas para nuevas inversiones) en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) que, dicho sea de paso, por el momento solo logró anotar ocho proyectos de inversión, pero ninguno de ellos comenzó a desarrollarse más allá del anuncio.
El tercer factor y tal vez crucial en esta coyuntura es el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que suponga el desembolso de fondos frescos. El Gobierno quiere que el organismo gire entre 11 mil y 13 mil millones de dólares. Por ahora no hay nada confirmado.
La discusión con el FMI viene bien encaminada, aparentemente, y desde el Ministerio de Economía insisten en que el acuerdo se firmará en el primer cuatrimestre, pero cada vez más, la demora en cerrarlo está poniendo nerviosos a los mercados, por eso caen a diario las acciones y bonos argentinos.

Algunas señales
En este contexto, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) de 2024 marcó una caída de la economía de -1,8 por ciento, un rojo que, de todos modos, está muy por debajo del 5 por ciento que se proyectaba a principios de ese año.
Un análisis de la consultora ACM destaca que “2024 cierra con una caída promedio del 1,8 por ciento anual, mientras que la medición contra doce meses atrás presentó un crecimiento del 5,5 por ciento anual”. Punto para el Gobierno.
El informe subraya que la actividad acumuló un crecimiento del 1,6 por ciento en el último trimestre del año. “Logró recuperar toda la contracción y opera al nivel del último ‘pico’ (agosto-23). Sin embargo, todavía se encuentra 1,9 por ciento por debajo del nivel de junio 2022, máximo nivel alcanzado en términos desestacionalizados desde el inicio de la serie, junto con el último bimestre de 2017”. El dato positivo es que el crecimiento del último trimestre del año deja un arrastre positivo del 2,6 por ciento para 2025.
En base a estos indicadores, que no dejan de ser una mirada parcial, o un recorte de la realidad, en despachos oficiales insisten en que este es el camino y que no se apartarán un ápice del libreto que los trajo hasta acá.
Quienes se han tenido que apartar mucho más que un ápice de su consumo estándar son los jubilados y pensionados, que ya desde el primer momento del gobierno de Javier Milei fueron los que pagaron la “fiesta”.
Tras la fuerte devaluación del peso en diciembre de 2023, la clase pasiva no recibió aumento o ajuste de haberes para acompañar el salto inflacionario. En cambio, se les dio un bono de 55 mil pesos y un refuerzo de otros 22 mil necesarios para alcanzar el nivel del Salario Mínimo Vital y Móvil. Nótese lo atrasado que estaban los haberes jubilatorios.
El bono quedó así por meses, hasta que en octubre se lo llevó a 70 mil pesos, vigentes hasta marzo de 2025. Este solo dato grafica con claridad cómo los jubilados y pensionados vieron perder poder adquisitivo en estos meses. En el lapso que va de enero de 2024 a febrero de 2025 la inflación acumuló una suba de 122,5 por ciento.
También los asalariados, en especial los que trabajan en el mercado informal, corrieron de atrás a los precios, más allá de lo que digan las estadísticas oficiales, que no reflejan una realidad palpable en los bolsillos de millones de argentinos y argentinas.
Así, el impacto en el consumo es claro. El último relevamiento de la consultora Scentia sobre consumo masivo, esto es, alimentos, bebidas, productos de limpieza e higiene personal, se contrajo 10,6 por ciento en términos interanuales en enero, una mejora frente al 18 por ciento que había marcado diciembre pasado, pero aún muy elevado.
En 2024 la caída del consumo masivo fue, según la misma fuente, de 13,9 por ciento, acumulando desde enero de ese año ya trece meses consecutivos en retroceso.
