Este invierno será más frío y más oscuro para decenas de miles de familias de bajos ingresos que habitan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). También podría serlo para un conjunto de localidades que quedarían fuera de los beneficios establecidos para mitigar el rigor climático en zonas patagónicas, si el Congreso aprobara un proyecto reciente del oficialismo. Tales serían los efectos de decisiones gubernamentales orientadas a la gradual eliminación de los subsidios estatales, y que implicarán sucesivos tarifazos para los usuarios de los servicios de electricidad y gas, tanto domiciliarios como de empresas.

Esa es la política vigente, destinada en forma prioritaria a que las compañías prestadoras acumulen resultados favorables, a partir de un cronograma que se extenderá más allá de este año.

En los últimos días el gobierno informó que se añadirá una bonificación adicional de 25 por ciento sobre el bloque de consumo subsidiado de gas natural y propano para los meses de mayor consumo, que se sumará al ya establecido de 50 por ciento. La realidad es que ese beneficio para unos 4,7 millones de usuarios se aplicará sobre los nuevos cuadros tarifarios, que contemplan una suba promedio de las facturas de 5,6 por ciento.

La hoja de ruta acordada entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el Fondo Monetario Internacional prevé que de aquí a 2030 se ensanchará paulatinamente el número de usuarios que dejarán de ser subsidiados. El cuadro previsible de hogares helados y en sombras abarcará a cientos de miles de jubilados y de trabajadores/as con salarios reducidos, o desocupados, a partir de las políticas dirigidas a mantener la consolidación fiscal como un pilar central de la gestión gubernamental.

En la Casa Rosada señalan que parte importante del ajuste practicado desde el inicio de la gestión libertaria se explica por la reducción de subsidios al consumo de servicios públicos, que bajaron de 2,1 por ciento del producto bruto en 2023 al 1 por ciento en 2025.

En el área energética, específicamente, la baja fue desde el 1,5 por ciento del PBI hasta 0,7 en el mismo período. Pero las proyecciones de la Secretaría de Energía anticipan nuevas bajas de subsidios, para llegar a apenas 0,2 por ciento del producto bruto en 2030.

Focalización

La ley de Presupuesto para este año estima un resultado fiscal positivo del 0,3 por ciento del PBI y la clave para lograr ese resultado en las cuentas públicas está, en buena medida, relacionada con “la reducción y mejor focalización de subsidios energéticos”.

Solo el sector gasífero, se alarman los funcionarios, concentró durante 2025 más de 1.050 millones de dólares en subsidios, en gran medida “no focalizados adecuadamente”. Lo adecuado, según esta visión, es que el negocio no se vea limitado por criterios “populistas” y ofrezca la elevada rentabilidad que demandan los grupos inversores, muchos de ellos extranjeros. En ese sentido, el compromiso del gobierno nacional con el FMI prevé focalizar los subsidios en las poblaciones más vulnerables, a fin de lograr un gasto público “más eficiente y equitativo”.

Figura central en la aplicación de esas políticas es la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, exdirectora general de la Camuzzi Gas Pampeana (la mayor distribuidora de gas natural del país, con más de dos millones de usuarios), luego de desempeñarse en otras firmas del área, como Total Austral, Albanesi y Metrogas.

A su juicio, la Argentina avanzó en los últimos años en la transición hacia tarifas energéticas “más alineadas con los costos”, aunque todavía queda por resolver la cuestión de los “elevados” subsidios al gas y la electricidad. Esta dinámica –advierte la funcionaria– mantiene una presión significativa sobre las cuentas fiscales, a la vez que reduce los incentivos a la eficiencia energética y a la inversión.

Tettamanti es la responsable de desarrollar el programa de recorte de subsidios energéticos encuadrado bajo el título de “focalización”, que excluirá a buena parte de los beneficiarios actuales, si bien se promete “protección a hogares vulnerables”.

Según el diagnóstico de la funcionaria, para el caso del gas el consumo residencial, que representa el 25 por ciento de la demanda total, se duplicó desde 1993 y presenta una fuerte concentración en zonas urbanas. Especialmente en el AMBA, donde se registra una de las coberturas de red de distribución de gas natural más extensas de la región.

Debe recordarse que el esquema tarifario residencial está compuesto por el precio del gas en el punto de inyección a la red, a lo cual se suman cargos por transporte y distribución (regulados), e impuestos (nacionales, provinciales y municipales). Sobre esta estructura, a lo largo del tiempo se superpusieron diversos regímenes de asistencia, como la Tarifa Social, el Régimen de Zona Fría y la segmentación por ingreso de los clientes, administrados por distintas entidades, lo que llevó a la coexistencia de más de trescientos cuadros tarifarios.

Regímenes

El subsidio se aplicaba únicamente al precio del gas y variaba según la clasificación socioeconómica de los hogares. En la práctica, la aplicación de los diversos regímenes resultó en “una focalización ineficiente e inequitativa”, dicen en Energía. Cuestiona además las deficiencias en la actualización del Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE), que generaban errores de inclusión y exclusión, así como tratamientos desiguales entre hogares de características similares. En conjunto, sostienen los funcionarios del área, estas distorsiones incentivaron patrones de consumo ineficientes en el sector residencial.

Para corregir esa situación, desde comienzos de año rige la política de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que unifica los regímenes dispersos y superpuestos. En cambio de la dispersión anterior, se contempla una categoría única de beneficiarios, “solo para hogares que efectivamente solicitan y necesitan el beneficio, con base en criterios claros y transparentes”. Lo cual incluye a los subsidios a la energía eléctrica, al gas natural, al gas propano indiluido por redes y al gas licuado de petróleo (GLP) envasado en garrafas de diez kilos.

El subsecretario de Transición y Planeamiento Energético, Antonio Milanese, es el encargado de implementar el Programa SEF, que dice apuntar a la mejora de la sostenibilidad y la progresividad del esquema de subsidios energéticos, resguardando a la vez el consumo de los hogares vulnerables.

El plan se respaldará con recursos que se gestionan en organismos multilaterales de crédito, en un contexto de apoyo –al menos es lo que se promete– a la asequibilidad del consumo del gas por redes y en garrafas.

Por lo pronto, en la Oficina de Presupuesto del Congreso precisaron que los subsidios a la energía el primer trimestre de 2026 totalizaron 1,39 billones de pesos y se incrementaron 150,7 por ciento real respecto del mismo período de 2025. Los subsidios vinculados con la electricidad aumentaron un 120,4 por ciento interanual (casi dos tercios del incremento), mientras que los relacionados con el gas lo hicieron un 374,6 frente a enero-marzo de 2025.

En el caso de la electricidad, los subsidios se focalizaron mayormente en transferencias a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y el aumento se explica por la disminución de la tasa de cobertura del costo con tarifas, que pasó de 85 por ciento a 74 promedio en el primer trimestre y requirió mayores compensaciones para atender la brecha entre costos y tarifas.

Los subsidios al gas, a su vez, se centraron en transferencias a la estatal Enarsa para solventar la compra del fluido. En menor medida se pagó al Fondo Fiduciario para Subsidios a Consumos Residenciales de Gas por la Compensación Tarifaria Zona Fría.

Recortes

El nuevo recorte de subsidios al consumo de gas y electricidad tendrá como guía un conjunto de “Criterios de inclusión y permanencia”, elaborados por colaboradores de Tettamanti. Concretamente, calificarán como beneficiarios del régimen SEF los hogares inscriptos en el anterior registro de acceso o que se inscriban en el actual Rasef y cuyos integrantes registren, en conjunto, ingresos netos iguales o inferiores a un valor equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un “hogar 2”. Esta categorización corresponde, según el Indec, a un grupo familiar de cuatro integrantes, compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 años y una hija de 8. En marzo pasado el valor de la CBT ascendió a 1,4 millón de pesos.

También calificarán como beneficiarios de los Subsidios Energéticos Focalizados los hogares con un integrante que posea certificado de vivienda familiar del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) o pensión vitalicia a veteranos de guerra del Atlántico Sur.

En el caso de hogares que cuentan con al menos un integrante con certificado único de discapacidad, la Secretaría de Energía deberá evaluar de qué forma el CUD implica necesidad de ayuda económica para el pago de los servicios energéticos.

Para la energía eléctrica, ya a fines de diciembre pasado se determinó que serían beneficiados los bloques de consumo base de 300 kilovatios-hora para los meses de enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre de cada año y 150 kilovatios-hora para marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre de cada año.

Energía deberá evaluar las necesidades de consumos indispensables de los hogares ubicados en las provincias más cálidas del país o en otras zonas con particularidades bioambientales, y podrá establecer consumos base diferenciales, conforme a criterios objetivos y parámetros bien fundados.

Con respecto al gas natural, se mantienen los bloques de consumo anteriores, que se extenderán, además, a los usuarios de gas propano indiluido por redes.

Para definir a los excluidos del beneficio, en tanto, se fijaron “Indicadores de exteriorización patrimonial de manifestación de ingresos”. De este modo, no se subsidiará a los hogares cuyos integrantes registren, en conjunto, ingresos netos superiores a tres canastas básicas totales (unos 4,3 millones de pesos).

Por otra parte, independientemente del nivel de ingresos registrados o declarados, la Secretaría de Energía podrá determinar los indicadores de exteriorización patrimonial que autoricen a presumir capacidad de pago y cuya verificación respecto de alguno de los integrantes del hogar justificará el rechazo o la exclusión del beneficio.

Opciones

Los estudios que realizan en la Secretaría permitirán dar cuenta de la incidencia distributiva del consumo de electricidad en el AMBA, y buscarán determinar el efecto en términos de pobreza y distribución del ingreso que tendría una reducción de los subsidios a los sectores más vulnerables.

Los escenarios por evaluar serán cuatro. Uno que implique una quita total de subsidios a las excategorías N2 (ingresos bajos) y N3 (ingresos medios). Las tres hipótesis adicionales implicarán, en un caso, mantener todo como estaba a junio de 2024, y en los otros dos, se practicarán simulaciones con distintos porcentajes de quita parcial del subsidio.

Vale recordar que el decreto 370/25 prorrogó hasta el 9 de julio de este año el Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados. Se consideró en ese sentido que aún queda pendiente alcanzar una mayor cobertura del costo de abastecimiento del gas natural y, en el caso de la electricidad, avanzar hacia un mayor porcentaje de cobertura del precio monómico, mientras se reserva el aporte del Estado solamente para los usuarios que verdaderamente necesitan la ayuda económica.

El Ministerio de Economía sostiene que la redeterminación de los subsidios es un objetivo crucial del programa diseñado con miras a bajar la inflación y para que pueda empezar, finalmente y después de tantas décadas, un sendero de crecimiento.

Los funcionarios del área precisan que en 2023 los subsidios representaron poco más del 10 por ciento del gasto primario del sector público nacional y no financiero. En el caso de la energía eléctrica, el subsidio anual al precio mayorista llegó ese año a 4.800 millones de dólares que, proyectados al año siguiente, hubieran implicado 5.230 millones y cifras aun superiores en 2025 y 2026.

En lugar de esos desequilibrios, resaltan en Energía, se propició una transición gradual, ordenada y previsible hacia un esquema que permitirá: trasladar a los usuarios los costos reales de la energía, promover la eficiencia energética y asegurar a los usuarios residenciales vulnerables el acceso al consumo indispensable de energía eléctrica, gas por redes y gas envasado.

Zona fría

En cuanto a la iniciativa oficial para readecuar el régimen denominado de “zona fría”, establece que solo serán beneficiarios quienes estén registrados en el régimen de subsidios focalizados. En pos de revertir ese panorama, el texto libertario apunta a tomar no solo los criterios geográficos que rigieron hasta antes de la ampliación sancionada durante el gobierno de Alberto Fernández, sino que también contempla el nuevo régimen SEF para el otorgamiento de los subsidios.

Debe recordarse que hasta 2021 el beneficio del régimen de zona fría consistía en tarifas diferenciales equivalentes al 50 por ciento de la tarifa plena, para los usuarios de la Región Patagónica, el departamento Malargüe (Mendoza) y la región de la Puna. En aquel año el beneficio se amplió a localidades de Mendoza, San Juan, San Luis, Salta, Córdoba, La Rioja, Salta, Tucumán y Catamarca, además de cincuenta municipios de la provincia de Buenos Aires con clima frío o templado-frío.

Para el gobierno libertario, esa ampliación incluyó “regiones sin condiciones climáticas equivalentes”, lo cual incrementó de forma significativa el universo de beneficiarios, el costo fiscal del régimen y la magnitud de subsidios cruzados entre jurisdicciones, “desnaturalizando el carácter focalizado del sistema”.

A fin de revertir ese panorama, el proyecto libertario apunta, para definir si corresponden los subsidios, a complementar los criterios geográficos que rigieron hasta antes de la ampliación sancionada durante el gobierno de Alberto Fernández, con los requisitos del nuevo régimen SEF.

Por otra parte, con el objeto de reducir las partidas presupuestarias, el proyecto establece que los subsidios a otorgar se calculen exclusivamente sobre el precio del gas, excluyendo a distribuidoras y subdistribuidoras.

En el gobierno dicen apuntar a un sistema “más justo e inclusivo” y a promover “una administración más eficiente” de los subsidios, aunque también se reconoce que el objetivo buscado consiste en “asegurar la transición gradual hacia la asunción de los costos reales de la energía”.