El 9 de enero el gobierno ecuatoriano decretó un nuevo estado de excepción y al día siguiente anunció la existencia un “conflicto armado interno” (decretos 110 y 111). La primera condición permite la movilización de las Fuerzas Armadas, que junto con la Policía pueden hacer “uso excepcional de la
fuerza”, y la suspensión de varios derechos constitucionales. La preocupación es que si las Fuerzas Armadas y la Policía están infiltradas por el crimen organizado, ¿cómo es posible que actúen de modo
confiable en defensa del Estado? Otorgar poderes plenos e inmunidad a estos cuerpos, ¿no supondrá extender y bloquear la arbitrariedad de su accionar, usando la figura del terrorismo para acusar a quien quiera, para crear escenarios de “falsos positivos” o similares? Los casos de Colombia, Paraguay y México tienen mucho que decir al respecto.

Con la dolarización y la desregulación neoliberal, el lavado de activos desborda la economía nacional, su circulación es evidente en el sector financiero y en toda clase de empresas y negocios. ¿Cómo separar esos intereses ilícitos de los aparentemente lícitos con los que se mezclan?

En 2023, Ecuador batió su récord histórico de homicidios, con 7.878, de los que solo se resolvieron 584. En agosto de 2023, el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado por sicarios en un crimen que aún no se esclareció, pero que muchos analistas vinculan con el auge de estas bandas.

En el incidente del canal TC de Guayaquil, los hombres que ingresaron, en su mayoría encapuchados, amenazaron con armas al personal de la televisora. En las imágenes, que fueron transmitidas a 14 (hora local), también se ve a los atacantes con lo presuntos explosivos, mientras obligaban a los empleados a permanecer en el suelo.

En las últimas horas, circuló de manera contundente que el atentado fue un simulacro, pero el gobierno, lejos de desmentir estas versiones, recrudeció de manera significativa las medidas que anunció.

Orden, orden y más desorden

El tráfico de narcóticos ha rebasado sus límites hasta conformar una cultura cuyo alcance supera el del comercio. Esta es una de las lecturas que Shaul Schwarz hace en su documental Narco cultura (2013), donde muestra cómo se reconfigura una vida, pública y privada, a causa del narcotráfico en la frontera México-Estados Unidos, a través de la música, la forma de vestir, de divertirse y hasta de comportarse. Pero, ¿qué tanto un objeto cultural reproduce el discurso oficial, al que le conviene tener un enemigo público simplificado en el narco? ¿Qué tan funcional es para un Estado su existencia?

En México, por caso, entre 2006 y 2017, se le atribuye oficialmente al narcotráfico, y a la guerra en su contra, 234 mil homicidios y 34 mil desapariciones forzadas. Esas cifras ya no escandalizan, se naturalizaron. México es, justamente, el ejemplo de cómo se utilizan nuevas tácticas para viejos objetivos: el control de territorios y poblaciones para apropiarse de sus recursos y mercados.

Pero en esta nueva etapa se utilizan otras formas: los medios de coerción y de consenso se articulan de forma continua y combinada, como las guerras psicológicas, el lawfare, la penetración en fuerzas de seguridad mediante mecanismos de cooperación internacional, manipulación de agrupaciones, redes sociales, golpes de mercado, terrorismo televisivo, entre otras. ¿Qué hacen estas tácticas? Sostienen gobiernos aliados a los intereses nacionales e internacionales. Sobre todo, en este momento histórico, ayudan a que la hegemonía del norte se siga desplazando y controlando su patio trasero.

El Estado instala a su enemigo, porque lo absuelve de la responsabilidad de resguardar a sus habitantes. La llamada “guerra contra el narco” esconde la estrategia gubernamental para, ilegalmente, usufructuar territorios ricos en recursos naturales, codiciados por transnacionales. Para el investigador Oswaldo Zavala (Ciudad Juárez, 1975) , el narco es la justificación del discurso securitario de un perverso sistema político, que podría cambiar sustancialmente a través de una reforma del Estado alejada de la transformación neoliberal de las últimas tres décadas.

“Estos grupos narcoterroristas pretenden amedrentarnos y creen que cederemos ante sus demandas. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles”, había señalado el presidente Noboa el lunes 8 de enero, tras varias jornadas de una violencia que aumentó el día siguiente. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, Jaime Vela Erazo, anunció que todos los grupos mencionados en el decreto presidencial son considerados ahora “objetivo militar”. 

De fondo 

El empeño de persecución y aniquilación fue prioridad en las agendas de gobierno y de la política en estos años. Persecución política, judicial, narrativas falsas, tramas de traición, atentados y hasta asesinatos de líderes y candidatos. Incluso llegaron a asesinar a un incómodo candidato de derecha para acusar a Revolución Ciudadana (RC), el sector que ocupa la izquierda correísta, e impedir su triunfo en las últimas elecciones presidenciales.

Esa línea de ataque no se desactivó, pero se configuró un escenario en el que con el objetivo de “salvar al país”, en que la “unidad nacional” se convirtió en una marea de violencia sin límites. Se marca una inflexión que desplaza otros debates y medidas que no tenían asegurada su aprobación. Así, acaba de aprobarse una Ley de Competitividad Energética, y se presentó el proyecto de Ley Orgánica para enfrentar el conflicto armado interno y la crisis social y económica, que entre otras cosas incluye un incremento del IVA.

Al mismo tiempo, se adelanta la presencia de “ayuda” militar y de seguridad de Estados Unidos, según acuerdos previos, que viabilizan desde la asesoría estratégica hasta el desembarco de tropas. Se anuncia la visita de Laura Richardson, jefa del Comando Sur, y una delegación de primer nivel, para incrementar la cooperación en inteligencia, combate de actividades cibernéticas maliciosas, reformas penitenciarias y para actuar frente a “organizaciones que se dediquen a actividades delictivas y socavar el estado de derecho.