El 5 de junio de 2003, apenas dos semanas después de haber asumido la presidencia de la Nación, Néstor Kirchner hablaba por primera vez en cadena nacional para anunciar la decisión de someter a juicio político a miembros de la Corte Suprema de Justicia de entonces. Muestra de la importancia que le atribuía al tema y la inquietud por sus implicancias, es que solo volvería a usar la cadena nacional una vez más en el ejercicio de su mandato.

“En el día de ayer y con asombro hemos escuchado y contemplado las impropias afirmaciones hechas a la prensa por el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Julio Nazareno –apuntó con nombre y apellido–. Impropias del cargo que ostenta por lo que dicen, impropias del cargo que ostenta por lo que sugieren, impropias del cargo que ostenta por la presión que tratan de esconder. Es el pasado que se resiste a conjugar el verbo cambiar que el futuro demanda, acostumbrado como está a un constante toma y daca para subsistir y lograr sus objetivos a costa de la calidad institucional.”

En sus dichos a la prensa, Nazareno había amenazado tangencialmente que no estaban dispuestos a ser desplazados y que mantenían la facultad de dictar fallos que perjudicasen el accionar del gobierno.

De manera taxativa, pero no exenta de rispideces y acechanzas, comenzaba a desmantelarse el aparato de consagración de la impunidad montado durante la década del 90, desde la primera presidencia de Carlos Saúl Menem, y continuado por el gobierno de la Alianza, conducido por el radical Fernando de la Rúa, pese a sus promesas de transparencia y saneamiento ético.

Lo que estaba en tela de juicio, valga la ironía, era el mecanismo conocido como “mayoría automática”, conformado por un número de miembros del máximo órgano judicial, digitados en pos de una adhesión incondicional a los designios del Poder Ejecutivo.

En rigor, el presidente provisional Eduardo Duhalde también había intentado avanzar dos años antes para desarmar el mecanismo “automático”, urgido por la necesidad de un fallo que avalara la pesificación compulsiva de los depósitos en dólares, tras la salida de la convertibilidad. La negociación llegó a buen puerto y los “supremos” continuaron calentando sus sillones en las oficinas del palacio de la calle Talcahuano.

Mucho antes de la asonada de diciembre de 2001, el máximo tribunal era percibido por la sociedad como una parte conspicua del lote de “que se vayan todos”, aunque todavía faltaba bastante para ganar el aire político necesario y enfrentar su formidable poder de fuego.

LOS CINCO JINETES

Se trataba de un quinteto conformado por el mencionado Nazareno, su titular, y los jueces Adolfo Vázquez, Guillermo López, Antonio Boggiano y Eduardo Moliné O’Connor, sindicado como el cerebro detrás del trono.

“Hemos dicho y repetimos que no nos interesa conformar una Corte Suprema adicta. Queremos agregar que el único compromiso que requeriremos será para con el país. Compromiso para con el Estado. Compromiso para con la democracia. Compromiso para con la defensa de los derechos humanos. Compromiso para con la república. Compromiso para con la Constitución”, puso de manifiesto Kirchner en un mensaje, posterior, anunciando el cambio en la forma de designación de los jueces, que incluía novedosos parámetros como la diversidad y el federalismo.

Se evaluó incluso la posibilidad de llevar la remoción a consulta popular si no avanzaba el pedido de juicio político en el Congreso.

En una década de hegemonía, muchas eran las causas polémicas con proyección mediática que habían involucrado a los magistrados, entre ellas la privatización de Aerolíneas Argentinas sin pasar por control alguno, la criminalización de la tenencia de drogas para consumo personal, la denegatoria de la personería jurídica a la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) y el irrisorio apercibimiento económico a la jueza María Servini por mal desempeño en sus funciones en un caso de lavado de fondos del narcotráfico, que involucraba a la cuñada del presidente Menem.

QUE SE VAYAN ELLOS

De las cinco causas de juicio político que enfrentaron como motivo de removimiento, dos merecieron especial atención. Una de ellas tenía como implicado al futuro presidente Mauricio Macri.

La causa inició en 1997, cuando se difundió el mecanismo que la empresa Sevel, de la familia Macri, utilizaba para vender autopartes hacia Uruguay y luego autos terminados en la Argentina. La firma de los Macri –según lo investigado por la Justicia– se beneficiaba con un arancel diferencial en la transacción. En la práctica, utilizaban una empresa fantasma bautizada Opalsen SA que era controlada por Sevel en la Argentina. La investigación había detectado exportaciones desde 1993 con vínculos establecidos entre Sevel Uruguay y otra empresa, Drago SA, que también controlaban los Macri. De este modo, cobraban reembolsos por exportaciones y realizaban las importaciones con una arancel diferencial. Con fallos y apelaciones de por medio, cuando la causa llegó a la Corte Suprema, los jueces que integraban la Corte de “mayoría automática” beneficiaron a los acusados. En tanto, sus pares Carlos Fayt, César Belluscio y Enrique Petracchi votaban en disidencia.

Otra de las causas que llevaron a su destitución fue el denominado “caso Meller”, donde la empresa homónima reclamó al Estado nacional una supuesta deuda de 400 millones de pesos por la impresión de guías telefónicas para la ciudad de Buenos Aires. Según consta en la acusación, Moliné y otros miembros de la Corte no consideraron impropio el fallo de un tribunal arbitral que había admitido una supuesta deuda de $1.600.000 a valores históricos de 1990, se elevó a 28 millones en 1996 y que a partir de los mismos índices reconocidos trepó a 400 millones de pesos.

En el origen de la aprobación figuraba la firma de la liquidadora de la empresa estatal Entel, María Julia Alsogaray, quien también debió responder años más tarde por la misma causa.

Tres de los llevados a juicio dieron un paso al costado y renunciaron a sus cargos (Nazareno, Vázquez y López). En tanto, Boggiano y Moliné O’Connor rompieron lanzas contra el poder político, dispuestos a resistir a cualquier precio. Moliné (quien se juramentó a irse solo “a las patadas”) fue el primero en perder el cargo (2004), encontrado culpable en dos de los nueves cargos que se le imputaban, en una ajustada votación en la Cámara de Senadores, señal del poder que aún conservaban entre bambalinas. Boggiano lo siguió al año siguiente, encontrado culpable en seis de los catorce cargos imputados.

La era de los “supremos automáticos”, cual saga de malos de historieta, llegaba a su fin.