En abril de 1990, el presidente Carlos Menem amplió la Corte Suprema de Justicia de cinco a nueve miembros y designó en los nuevos cargos a personas de su entorno, con lo que quedó conformada una mayoría automática, como fue bautizada por el periodismo. Con algunos cambios en sus integrantes, el esquema siguió funcionando durante toda la etapa menemista y se extendió a los gobiernos de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde. Fue Néstor Kirchner quien desarticuló ese entramado.

Esa Corte amenazaba al gobierno de Kirchner con dos posibles fallos de mucho impacto: la convalidación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y la anulación de la pesificación que pasó las deudas en dólares a moneda nacional.

El 9 de mayo de 2002, cuando Kirchner y Menem ya habían sido consagrados por el voto para disputar el balotaje, el diario Clarín reveló: “El gobierno de Eduardo Duhalde inició una discreta gestión para que la Corte Suprema confirme que las leyes de Obediencia Debida y Punto Final son constitucionales. Y para que lo haga antes del traspaso del poder […] Si todo sale como sueñan en la Casa Rosada, la Corte podría firmar ese fallo el martes 20 de mayo: dos días después del ballotage y cinco antes de la asunción del nuevo presidente”.

Kirchner se opuso a la propuesta de Duhalde con el falso argumento de que lo haría durante su mandato, ya que luego envió al Congreso un proyecto que implicaba todo lo contrario: anular esas leyes.

Menem peleó con uñas y dientes para mantener a su gente en la Corte. El 14 de mayo, antes de anunciar ese mismo día que no competiría en la segunda vuelta, hizo un último intento. Le ofertó a Kirchner presentarse al balotaje (lo que le aseguraba al santacruceño un triunfo del 70 a 30 por ciento, según las encuestas) a cambio de que el futuro presidente mantuviera a los integrantes de la Corte en su lugar. “Que ni lo sueñe”, fue la respuesta que le envió Kirchner.

Cuando transcurría la primera semana de Kirchner como presidente, desde la Corte le trasladaron nuevamente una amenaza conocida: estaban dispuestos a no volver a dolarizar la economía a cambio de que no hubiera remociones. La anulación de la pesificación, de concretarse, significaría un golpe durísimo para un país que aún estaba en una grave crisis. Entonces Kirchner actuó con rapidez.

LA NUEVA CORTE

El 4 de junio, cuando llevaba diez días de gobierno, hizo su primera aparición en cadena nacional. En un mensaje de ocho minutos dijo que no iba a aceptar presiones y pidió al Congreso que separara a uno o más miembros de la Corte, aunque solo se refirió de manera directa al presidente de ese tribunal, Julio Nazareno. El Congreso también actuó aceleradamente y aprobó el juicio político a Nazareno, quien prefirió no afrontarlo y renunció el 28 de junio.

Otra medida que tomó Kirchner fue modificar el método para elegir miembros de la Corte, limitando las facultades del Poder Ejecutivo y permitiendo que cualquier ciudadano pueda presentar impugnaciones al candidato elegido desde Casa Rosada.

El 1 de julio, para reemplazar a Nazareno, Kirchner propuso a Eugenio Raúl Zaffaroni, cuidándose de no repetir la historia y postular para la Corte a jueces amigos. Zaffaroni había sido muy crítico de las decisiones que tomó Kirchner como gobernador de Santa Cruz. El reconocido abogado penalista fue aprobado por el Senado el 16 de octubre y asumió el 10 de noviembre.

El segundo paso para desmantelar la mayoría automática fue el pedido de juicio político a Guillermo López, quien pocos días después, el 22 de octubre, renunció. No fue el caso de Eduardo Moliné O’Connor, que decidió someterse al juicio político y fue destituido el 3 de diciembre.

Así, el año 2003 terminaba con la mayoría automática desarticulada. Solo quedaban dos integrantes de la etapa menemista (Adolfo Vázquez y Antonio Boggiano); tres designados en el comienzo de la gestión de Ricardo Alfonsín (Enrique Petracchi, Augusto Belluscio y Carlos Fayt); uno nombrado por Eduardo Duhalde en 2002 (Juan Carlos Maqueda), y Zaffaroni.

Para cubrir una de las nuevas vacantes, Kirchner postuló el 31 de diciembre a Carmen Argibay, la primera mujer de la historia argentina nominada para ocupar un sillón en la Corte. Argibay tenía enorme prestigio, integraba la Corte Internacional de La Haya y recibió las mismas críticas que Zaffaroni por sus posiciones progresistas.

Por esa razón, para el tercer reemplazo, Kirchner pensó en Elena Highton de Nolasco, que políticamente se ubicaba en lo que podía definirse en aquellos tiempos como “centro”. El Presidente explicó así su decisión: “La Corte tiene que establecer valores permanentes, como deben hacer los gobiernos con las políticas de Estado (…) Su integración tiene que reflejar la pluralidad de ideas que hay en la sociedad (…) Tenemos que buscar equilibrio. Por eso pensamos que lo mejor es alguien ubicada al centro del espectro político”.

El pliego de Highton de Nolasco fue aprobado el 10 de junio de 2004, antes que el de Argibay, quien debió esperar hasta el 8 de julio.

El 1 de septiembre renunció Vázquez para evitar el juicio político. A Kirchner le costó elegir un reemplazante. Tuvo en carpeta el nombre de la jurista mendocina Aída Kemelmajer de Carlucci, pero finalmente se inclinó por el santafesino Ricardo Lorenzetti, a quien Cristina había conocido en la Convención Constituyente de 1994 y con pasado de dirigente peronista en su ciudad, Rafaela.

El 26 de octubre, la Corte ya reformateada producía su primer fallo de gran impacto que llevó tranquilidad al gobierno de Kirchner. Convalidó la pesificación que había dispuesto Duhalde en febrero de 2002, en la salida de la convertibilidad.

En 2005 produjo la segunda sentencia de importancia, en este caso avalando un proyecto de Kirchner. Dictaminó que la ley aprobada por el Congreso anulando las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, sancionadas durante el gobierno de Alfonsín, era constitucional.

Ese mismo año se produjeron los últimos cambios durante el gobierno de Kirchner. El 1 de septiembre se jubiló Belluscio y el 29 de septiembre el Senado destituyó a Boggiano, el último juez que quedaba de los cinco que habían compuesto la mayoría automática.

Con estas nuevas vacantes, la Corte quedó integrada por siete miembros. Esto planteaba un problema: Menem había cambiado la composición histórica de la Corte de cinco a nueve miembros, por lo que, aunque tuviera siete integrantes, de todos modos necesitaba cinco votos para constituir la mayoría en sus fallos. Eso se remedió con un proyecto para que la Corte volviera a tener cinco miembros. Fue aprobado el 29 de noviembre de 2006 y estableció que la reducción se produciría a medida que se fueran generando vacantes y las dos primeras no fueran cubiertas. De este modo se cerraba un capítulo que le devolvía normalidad a la Corte y tranquilidad institucional al país, al menos por unos años.