El lunes 31 de octubre de 1983, día posterior a las elecciones que sellaron el fin de la última dictadura cívico-militar y el retorno a la democracia, el candidato ganador, el radical Raúl Alfonsín, recibió a su principal rival, el peronista Ítalo Lúder. Durante el encuentro, el futuro presidente sorprendió con un ofrecimiento que se mantuvo en reserva: que el ex senador del Frejuli fuera el nuevo titular de la Corte Suprema de Justicia.

Lúder reunía pros y contras: militante en su juventud en el radicalismo yrigoyenista, se sumó al justicialismo luego del triunfo de Juan Domingo Perón en los comicios de 1946. Elegido convencional constituyente en 1949, desempeñó un rol relevante en las deliberaciones y fue uno de los redactores de la nueva carta magna, junto con Arturo Sampay. En 1975, durante su paso interino por la Casa Rosada, firmó tres de los “decretos de aniquilamiento” que permitieron el avance represivo de las Fuerzas Armadas previo al golpe de Estado de unos meses después. Y durante la campaña electoral en la que compitió con Alfonsín, tuvo el traspié de afirmar (luego se desdijo) que un futuro gobierno constitucional no podría derogar la ley de autoamnistía que los jerarcas del régimen pergeñaron para evitar un desfile por Tribunales.

En aquella cumbre, celebrada en el departamento del líder de la UCR ubicado en la avenida Santa Fe al 1600, en el barrio porteño de Recoleta, Lúder le agradeció a Alfonsín el ofrecimiento y le explicó que prefería seguir involucrado en la política partidaria, en la difícil tarea de rearmar al peronismo tras la derrota. Carlos Alconada Aramburú, designado ministro de Educación y Justicia, hizo público el intento de convencer al constitucionalista. Pero la decisión ya estaba tomada.

Quizás ese gesto de Lúder le haya sacado un peso de encima a Alfonsín. Días más tarde, se conocieron los nombres de los cinco futuros miembros de la Corte Suprema: Genaro Carrió, Carlos Fayt, Augusto Belluscio, José Severo Caballero y Enrique Petracchi, el último en confirmarse, recomendado por el dirigente peronista.

RENOVACIÓN Y CAMBIO

Desde que se confirmaron las designaciones, Carrió sonó como el futuro presidente del máximo tribunal. De 61 años, entrerriano y especialista en filosofía del derecho, estaba afiliado al Movimiento de Renovación y Cambio desde 1982, aunque había conocido a Alfonsín en los primeros tiempos de la dictadura, cuando un grupo de abogados impulsó la investigación sobre la desaparición del secretario general del sindicato Luz y Fuerza porteño, Oscar Smith. Luego, a comienzos de la campaña del 83, fue su abogado en la querella que el dirigente de la UOM Lorenzo Miguel y otros gremialistas promovieron ante la denuncia del líder radical de que existía un pacto militar-sindical para asegurar la impunidad de las Fuerzas Armadas en un futuro gobierno peronista.

En 1966, Carrió fue uno de los docentes que renunció a sus cargos en la UBA tras el golpe de Estado. En la década siguiente, viajó a Chile como integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para observar las violaciones cometidas por Augusto Pinochet, y patrocinó al periodista Jacobo Timerman, despojado del diario La Opinión expulsado del país por el “Proceso”, acusado de estar vinculado con Montoneros a través de David Graiver, dueño de Papel Prensa.

“El tema de los desaparecidos será la piedra angular” del trabajo de la nueva Corte, declaró Carrió a la revista Siete Días, poco antes de que el flamante Senado ratificara su pliego. En esa entrevista, destacó la “notable falta de sensibilidad” de la dictadura “para responder a los reclamos nacionales y de la opinión pública internacional” sobre el tema de los derechos humanos. Además, expresó que no estaba de acuerdo con que “los civiles sean juzgados por los tribunales militares”, un tema álgido en esa etapa de transición que derivó en una reforma del Código de Justicia militar por parte del Congreso.

La creación de una Policía judicial, que dependiera de la Corte –una propuesta incluida en la plataforma electoral de la UCR–, la modernización tecnológica del sistema judicial, el aumento de sueldos para los empleados y la concreción de un nuevo Palacio de Justicia en el barrio porteño de Parque Patricios eran algunos de los temas que planteaba como urgentes en la nueva administración.

Atrás quedaba la Corte de la última etapa de la dictadura, encabezada por Adolfo Gabrielli, quien estuvo en el máximo tribunal desde el comienzo del régimen. Lo acompañaban Abelardo Rossi –también en el cuerpo desde 1976–, Elías Guastavino –antes de llegar había sido procurador general de la Nación–, Julio
Martínez Vivot y Emilio Gnecco. Un mes antes de las elecciones del 30 de octubre, los dos últimos ministros habían reemplazado a César Black y Carlos Renom, quienes se oponían al otorgamiento de habeas corpus. Tras la derrota en la guerra de Malvinas y durante todo 1983, la Corte de facto practicó una tibia estrategia camaleónica de adaptación a los tiempos que se avecinaban y emitió fallos para flexibilizar la situación de algunos presos políticos, en varios casos detenidos desde 1974. En ese contexto, tomó dos decisiones emblemáticas: el dictamen que concedió el regreso al país desde el exilio en Francia al dirigente radical Hipólito Solari Yrigoyen y la confirmación de la prisión preventiva para el almirante Emilio Massera, detenido por el caso Branca.

LOS DILEMAS DE LA OBEDIENCIA DEBIDA

Carrió integraba el grupo de “filósofos” que se congregaron en torno al proyecto de Alfonsín. Compartía ese equipo de juristas con Carlos Nino, Jaime Malamud Goti, Eduardo Rabossi, Martín Farrell, Eugenio Bulygin y Ricardo Guibourg. De las reuniones también solían participar Ricardo Gil Lavedra, Andrés D’Alessio, Enrique Paixao y Dante Caputo. En esos encuentros nació el andamiaje jurídico que sirvió de base para las primeras acciones del gobierno radical en materia de derechos humanos que desembocaron en el Juicio a las Juntas, primero con el intento de que la Justicia militar investigara a los jerarcas de la dictadura y luego con el traspaso de la Causa 13 a manos de la Cámara Federal porteña, todo avalado posteriormente por la nueva Corte.

También en esas deliberaciones se dio forma a un lineamiento que traería consecuencias en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia reclamado por los organismos de derechos humanos: la división en tres niveles de responsabilidad para el juzgamiento del terrorismo de Estado. El concepto de “obediencia debida” estaba contenido en esa propuesta.

Carrió renunció a su cargo en abril de 1985, cuando recién comenzaban los juicios contra los excomandantes. Luego, las presiones militares desembocaron en alzamientos “carapintada” y forzaron las sanciones de las leyes de impunidad –Punto Final y Obediencia Debida–, luego ratificadas por la Corte.

Hubo que esperar casi dos décadas, en 2005, para que un tribunal renovado –Fayt, Petracchi y Belluscio continuaban en ese cuerpo de nueve miembros tras la reforma menemista– estableciera en la Causa Simón que ambas leyes eran inconstitucionales, un hecho que permitió la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad.