El 11 de abril de 2024, la Sala II de Casación Penal, integrada por los jueces Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Ángela Ledesma, dictó sentencia en las causas conexas a los atentados a la AMIA (1994) y la Embajada de Israel (1992) y atribuyó responsabilidad directa en ambos hechos criminales a Irán y al grupo islámico Hezbolá. El voto principal fue el de Carlos Mahiques –padre del actual ministro de Justicia– y en sus fundamentos sostuvo que ambos atentados respondieron a una decisión política y estratégica de Irán, fueron ejecutados por Hezbolá y, en el caso de la AMIA, se trató de un delito de lesa humanidad que debía juzgarse, incluso, en ausencia.

Esa decisión judicial impactó de lleno en el expediente que se sigue por el Memorándum de Entendimiento con Irán, cuya historia es dilatada. Fue firmado en la ciudad de Addis Abeba –capital de Etiopía y sede de la Unión Africana– en 2013, como una forma de encontrar una vía para llevar a juicio a los responsables del atentado a la AMIA. El gobierno de Cristina Fernández, en su segundo mandato, instruyó al entonces canciller Héctor Timerman a buscar una salida política y judicial al empantanado expediente AMIA. Las negociaciones condujeron a la firma del Memorándum entre Timerman y su par iraní, Ali Akbar Salehí, que establecía la creación de una Comisión de la Verdad y la posibilidad de que funcionarios judiciales argentinos se trasladaran a Teherán para tomar declaración a los acusados por el atentado a la AMIA. Pero la cancha terminó embarrada por intereses ajenos, aunque complementarios a la Justicia.

HISTORIA DE UNA AMISTAD COMPLEJA

Las relaciones diplomáticas entre la Argentina y Persia, nombre antiguo del actual Irán, se iniciaron en 1902 y tuvieron sus primeras turbulencias noventa años más tarde con el atentado a la sede diplomática israelí el 17 de marzo de 1992. Dos años después entraron en un cono de sombra tras el atentado a la mutual AMIA. Y finalmente el 4 de abril pasado, el encargado de negocios iraní abandonó Buenos Aires tras ser declarado persona no grata por el gobierno de Javier Milei.

En el medio, la Argentina aparece como un precursor latinoamericano en sus relaciones con Irán. El 21 de marzo de 1935, Persia cambió su nombre por el de Irán a instancias del sha Reza Pahleví, quien consideraba que Irán, “tierra de los arios” en idioma autóctono, representaba una imagen más moderna del país que el colonial nombre de Persia. Ese mismo año abrió su primera embajada en América Latina y lo hizo en Buenos Aires. En 1948, bajo el gobierno de Juan Perón, la Argentina abrió su sede diplomática en Teherán. En 1965, el sha Mohammad Reza Pahleví visitó Buenos Aires y el presidente Arturo Illia lo condecoró con la orden del Libertador San Martín. Catorce años más tarde, la revolución de los ayatolás terminó con 38 años de régimen pronorteamericano encabezado por Pahleví, pero las relaciones con la Argentina siguieron intactas.

En los años 80 se inició un proyecto de colaboración nuclear entre el gobierno de Raúl Alfonsín y el gobierno iraní. Tras la guerra con Irak (1988), el gobierno de los ayatolás necesitaba reconstruir el país y comenzó a explorar programas de cooperación nuclear. La Argentina traía desde los años del peronismo un incipiente desarrollo nuclear a partir de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la empresa de Investigaciones Aplicadas (Invap), un desprendimiento de la CNEA creada en 1976.

Por puro pragmatismo comercial, la Argentina colaboró con los programas energéticos nucleares de Irán y comenzó a exportar carne y granos, tanto durante el alfonsinismo como el menemismo. Hasta que Carlos Menem se volcó a las relaciones carnales con Estados Unidos y todo cambió. La Argentina pasó de apoyar y colaborar con el desarrollo de los incipientes programas nucleares iraníes a retirar su apoyo no solo técnico en esta materia, sino a dejar de vender granos y carnes al gobierno de Teherán a instancias del nuevo alineamiento geopolítico con Estados Unidos.

LOS ATENTADOS

Con información de inteligencia internacional, la Justicia argentina concluyó que el atentado a la Embajada de Israel ocurrido en 1992 fue responsabilidad de Irán y del grupo Hezbolá. Dos años más tarde, la voladura de la AMIA, con un saldo de 85 personas muertas por la explosión de un coche bomba estacionado a las puertas de la mutual –según la hipótesis consolidada en los tribunales–, reforzó la certeza de las responsabilidades compartidas entre Irán y Hezbolá en el nuevo ataque.

La CIA, el FBI y el Departamento de Estado norteamericano estuvieron desde el primer minuto de la investigación aportando reportes de inteligencia para engordar la causa judicial contra la dupla Irán y Hezbolá. Para algunos observadores judiciales intoxicaron el expediente, mientras que para los diferentes gobiernos que pasaron por la Casa Rosada, nada hubiera sido posible sin esos aportes.

Lo cierto es que el derrotero judicial del caso en la Argentina lleva 32 años sin una certeza concreta convertida en sentencia firme. Irán sigue asociado a los atentados, más allá de las irregularidades de la instrucción inicial a cargo del juez federal Juan José Galeano en 1994, las pruebas discutibles del fiscal Alberto Natalio Nisman, muerto en 2015, y los innumerables golpes de efecto generados desde la SIDE a lo largo de todo el proceso. El telón de fondo sobre el que se recortó una tragedia de más de tres décadas es el tablero geopolítico internacional en el que Estados Unidos juega sus fichas.