Irán atraviesa una de las crisis más graves de su historia reciente en materia de derechos humanos, en un contexto de nueva escalada regional que vuelve a poner a la población civil en riesgo. Tras los ataques de Estados Unidos e Israel y la posterior respuesta iraní, resultan especialmente alarmantes las muertes de civiles, los ataques contra infraestructura esencial y la posible comisión de crímenes de guerra, en un contexto de alta incertidumbre donde las consecuencias humanitarias siguen siendo imprevisibles.

La violencia reciente no irrumpe en un vacío, sino que se apoya en una estructura represiva consolidada desde hace años. A más de tres años de la muerte bajo custodia de Jina Mahsa Amini en 2022, el impacto global de su caso no derivó en cambios sustantivos, sino en una profundización de la represión estatal. La revuelta “Mujer, Vida, Libertad” expuso un sistema basado en la discriminación contra las mujeres, la persecución de la disidencia y el castigo a minorías étnicas y religiosas, con un aparato judicial utilizado como herramienta de control político.

Desde Amnistía Internacional documentamos que, en los primeros días de las protestas, mandos militares recibieron órdenes de “confrontar severamente” a quienes se movilizaban. Identificamos decenas de personas asesinadas, entre ellas mujeres y al menos 44 niños y niñas. La represión fue particularmente brutal en zonas kurdas y baluchis, donde se desplegó violencia letal y selectiva.

REPRESIÓN SISTEMÁTICA DOCUMENTADA

La Misión Internacional Independiente de la ONU concluyó en 2024 y ratificó en 2025 que el Estado cometió graves violaciones a los derechos humanos: asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas, violaciones y persecución por motivos de género, etnia, religión y opinión política. También constató el uso ilegítimo de la fuerza contra niños y adolescentes y la falta de acceso a la justicia para las víctimas.

En diciembre de 2025, una nueva ola de protestas estalló en el país, impulsada por décadas de represión y una profunda crisis económica. Las autoridades respondieron con una represión mortífera y, desde enero de 2026, bloquearon el acceso a Internet para ocultar lo ocurrido. Las fuerzas de seguridad utilizaron armas de fuego y provocaron homicidios en masa, con más de 2000 personas fallecidas durante la represión de las protestas. Desde nuestra organización recogimos testimonios que alertan sobre la magnitud de la violencia y el intento sistemático de ocultarla.

Irán también ha consolidado una maquinaria represiva contra mujeres y niñas. La ONU concluyó que la discriminación institucionalizada facilita la comisión de crímenes de lesa humanidad. Tras el desafío al velo obligatorio en 2022, el Estado intensificó la vigilancia, las detenciones y los castigos. Desde Amnistía advertimos que una nueva ley sobre “castidad e hijab”, aprobada en 2024, profundiza esta persecución al habilitar penas de prisión, flagelación, restricciones educativas y laborales, e incluso la pena de muerte para ciertas formas de activismo pacífico.

VIOLENCIA Y CONTROL SOCIAL

También documentamos el uso de la violencia sexual como método de castigo. Nuestros informes registraron violaciones y agresiones sexuales cometidas por fuerzas de seguridad contra personas detenidas. En 2025, la misión de la ONU confirmó nuevos casos y denunció encubrimientos estatales, incluidas muertes presentadas como suicidios. A esto se suma el hostigamiento a familiares de las víctimas.

Otro rasgo alarmante es la expansión de la pena de muerte. Desde Amnistía Internacional señalamos que el número de ejecuciones aumentó drásticamente en los últimos años y que su uso se ha intensificado como herramienta de control y terror, especialmente contra minorías y personas vinculadas a las protestas.

Lo que ocurre en Irán no es una sucesión de abusos desconectados. Es una arquitectura represiva que combina leyes discriminatorias, aparato policial, tribunales sin garantías, tortura, censura, persecución a minorías y un régimen de impunidad persistente. La actual escalada regional no desplaza ese problema: lo vuelve todavía más urgente, al multiplicar el riesgo para la población civil y debilitar aún más las normas internacionales de protección.