Porque la última dictadura es un territorio “situado entre la Historia y la memoria”, a 47 años del golpe de Estado que marcó su inicio acaba de editarse Historia de la última dictadura militar (Argentina 1976-1983) (Siglo Veintiuno), de la historiadora Gabriela Águila, profesora titular de Historia Latinoamericana Contemporánea en la Universidad Nacional de Rosario e investigadora principal del Conicet. Se trata de un trabajo de síntesis, que, según explica la autora, “se ocupa de reconstruir las principales dinámicas políticas, sociales, económicas, ideológicas y culturales que atraviesan el período”, tanto de los procesos “macro” –las estrategias del régimen y la política nacional– como de los “micro” –a escala provincial provincial, local o regional–; y también se propone “registrar lo sucedido en la base de la sociedad analizando los diversos actores sociales, políticos y corporativos, sus actitudes y comportamientos en el período, las manifestaciones de apoyo, las críticas y las resistencias”.
Entrevistada por Caras y Caretas, la investigadora discute con algunas de las interpretaciones cristalizadas sobre el período y aborda cuestiones centrales que explican la vigencia del tema.
–En su trabajo destaca la importancia de no insistir en el carácter excepcional de la última dictadura. ¿Qué tuvo de continuidad y qué de única?
–Se trata de un tema que viene siendo debatido en el campo de estudios sobre las dictaduras en el Cono Sur y en particular en lo que hace a la implementación de procesos de exterminio, de formas extremas de violencia estatal que las caracterizaron. Y se vincula con uno de los objetivos del libro, que es poner en debate algunas de las interpretaciones muy difundidas respecto de la última dictadura en el espacio público y político, pero también en algunos ámbitos académicos. En lo que refiere al caso argentino, la dictadura de 1976-1983 fue la última de una serie de dictaduras militares que jalonaron la historia del siglo XX. Entonces, ni los gobiernos autoritarios ni la presencia de las Fuerzas Armadas, y menos aun el ejercicio de la violencia estatal y la represión política, pueden ser considerados elementos novedosos o propios de ese período. En este punto, la dictadura parece ser más un rasgo propio de la historia política e institucional de nuestro país que una anomalía o un hecho excepcional. Y la otra perspectiva es que esta dictadura fue coetánea o contemporánea de otros regímenes militares que se instalaron en el Cono Sur de América latina con rasgos y modalidades de actuación similares, incluso en lo que refiere al propio ejercicio de la represión. Este conjunto de elementos que vinculan a la última dictadura en forma diacrónica, pero también sincrónica, con otros procesos tanto a escala nacional como a escala conosureña o latinoamericana, compatibilizan mal con la idea de considerarla o definirla como un proceso único excepcional. Por otro lado, y en el revés de la trama, también afirmo que se trata de una dictadura que posee rasgos singulares, que justamente hacen difícil pensarla como una dictadura más, en una historia de largo o mediano plazo. Y que, en todo caso, lo que la hace única es la violencia represiva que la caracterizó: proceso de exterminio de personas que recurrió a prácticas clandestinas pero también legales, que utilizó en forma amplia la desaparición de personas, la tortura, la apropiación de menores, la violación masiva de los derechos humanos. Además, este despliegue represivo se conjugó con otros elementos: la ofensiva sobre los trabajadores y los sectores populares y sus organizaciones, una política económica que favoreció la distribución regresiva del ingreso, que afectó al salario y los niveles de empleo, y además, el autoritarismo, la censura, las restricciones a los derechos ciudadanos, todo lo que compone un proceso global de una amplitud y unas características que aparecen como inéditas en la historia nacional, justamente por su profundidad y por su amplitud. Finalmente, se trató de un proceso histórico con alcances y efectos en el mediano plazo, tanto por los efectos individuales y sociales de la represión, que fueron más allá de los afectados directos, quienes sufrieron los efectos de la represión o la violencia física, por su persistencia y por su impacto en la memoria social. Además se han enfatizado otros elementos, como la conexión entre las políticas económicas implementadas en aquellos años y su profundización en los años siguientes con los cambios socioestructurales que estuvieron asociados a ellos. Así como otros análisis han encontrado, por ejemplo, los efectos del autoritarismo y la represión o el terror incluso en actitudes presentes en la sociedad argentina en el largo plazo.
–La “normalidad violenta” que se registró en la Argentina desde comienzos de los años 70 fue una condición de posibilidad del golpe, pero no su causa principal. ¿Qué otros elementos contribuyeron?
–Si bien postulo que la violencia política no puede ser considerada la causa principal del golpe y la dictadura, también me interesa enfatizar la significación que este elemento tuvo en la configuración del clima político y social del período, y también en la construcción y difusión de diagnósticos y discursos que hacían eje en el aniquilamiento de la denominada subversión, tanto dentro de las Fuerzas Armadas como entre diversos sectores políticos y sociales. Es una condición de posibilidad del golpe, un elemento central en las tramas político-sociales ideológicas del período previo y en la gestación del golpe, pero que convive o se articula con otros elementos tanto o más relevantes, entre los que destacan la crisis económica y sus consecuencias sobre los salarios; el creciente malestar social, que se expresó en altísimos niveles de conflictividad social y laboral, que además alarman a los grupos dominantes; la ausencia de alternativas a la salida golpista por parte de los partidos mayoritarios, que ha sido definida como una crisis de representatividad del sistema político partidario previo al golpe; la debilidad o incapacidad del gobierno de Isabel Perón para encontrar soluciones a esa crisis en múltiples niveles y, por supuesto, el creciente papel político que asumen las Fuerzas Armadas en ese período, sobre todo en 1975, en gran parte por su participación en la represión interna, en el comando de la denominada lucha contra la subversión.
–Sostiene que la represión ejercida por la dictadura no fue un fin en sí mismo, ni puede ser pensada únicamente en términos instrumentales. ¿Cuál fue su verdadera (o más amplia) dimensión?
–Me interesa poner en cuestión otra idea muy arraigada o difundida en el ámbito público y político, que afirma que la represión fue esencialmente un medio o una herramienta para imponer una política determinada, por ejemplo, una política económica regresiva o neoliberal. Sin perder de vista la centralidad que el proyecto liberal de reestructuración de la economía tuvo para el elenco golpista, este tipo de perspectivas restringen o limitan la relevancia que la denominada lucha contra la subversión tuvo para las Fuerzas Armadas y el gobierno que dirigían, al menos durante sus primeros tramos: como objetivo principal de la acción militar, como elemento aglutinador de los distintos grupos y facciones que componían el bloque golpista y como generadora de amplios consensos sociales y políticos a lo largo de gran parte de la dictadura militar. En el libro también analizo cómo el uso de la violencia o la amenaza de su ejercicio se vinculó con la imposición del orden y el disciplinamiento de la sociedad. En el diagnóstico de las Fuerzas Armadas, el caos, el desgobierno, el desorden, la inmoralidad y la corrupción que habían caracterizado al período previo al 24 de marzo de 1976 –todos elementos que según las Fuerzas Armadas habían favorecido el surgimiento y desarrollo de la denominada subversión– debían ser reemplazados por el restablecimiento del orden, la autoridad y la recuperación de los valores morales. Y la condición necesaria para imponer el orden era, en primer lugar, erradicar la acción subversiva a través del ejercicio de la violencia estatal, pero también la implementación de una serie de dispositivos de disciplinamiento y control social a cargo de agencias represivas y organismos estatales, así como instituciones de la sociedad civil o actores interesados en dirigir o controlar las conductas individuales y sociales (señaladamente, la Iglesia católica y organizaciones vinculadas a ella), que convergían en un objetivo común: desterrar la influencia ideológica y cultural de la subversión, restaurar los valores y la moral tradicionales, desalentar o prevenir comportamientos “indeseables” o alejados de la esencia del “ser argentino”. A mi juicio, considerar a la violencia solo un instrumento para imponer una determinada política económica no da cuenta de las diversas dimensiones que tuvo su ejercicio.
–Respecto de los consensos y disensos que la dictadura cosechó en su relación con la sociedad civil, señala el año 1978, cuando se jugó y ganó el Mundial de fútbol, como un año bisagra. ¿Por qué a partir de entonces algo empezó a quebrarse?
–Una de las cuestiones que me interesaba mostrar en el libro era, por un lado, cuáles fueron las actitudes y comportamientos de la sociedad que vivió el período, pero también cómo variaron a lo largo de los años que duró la dictadura. En general, se puede advertir que fue en los primeros años cuando se registraron los mayores niveles de aceptación política y social hacia el gobierno militar, a la vez que las expresiones de resistencia activa fueron muy limitadas, en gran parte debido al ejercicio de la represión y el terror, aunque sí existieron actitudes o comportamientos que pueden ser analizados como resistencias, organizadas en particular en torno de la denuncia por las violaciones a los derechos humanos. Hacia el año 1979, comenzaron a hacerse visibles indicios de que el poder militar, y también el consenso o la aceptación que había acompañado al golpe de Estado, se estaban erosionando. Sobre todo a partir de 1981, cuando se inicia una nueva fase de la dictadura con el fin del período del general Videla y la asunción del general Viola. Este es un momento en que se incrementan los cuestionamientos al rumbo gubernamental provenientes de diversos sectores sociales, políticos, sindicales en lo que tuvo mucha incidencia el deterioro de la economía que se hizo evidente en esa coyuntura. El incremento de los conflictos sindicales y también de la actividad política partidaria, con el surgimiento de la Multipartidaria en julio de 1981, que muestra que los partidos mayoritarios habían clausurado sus expectativas en seguir negociando con el poder militar, así como otros datos: la creciente visibilidad y el acompañamiento social y político del movimiento de derechos humanos, la emergencia de fenómenos y expresiones culturales críticas justamente dan cuenta de la emergencia de un nuevo clima político y social. Como se sabe, los cuestionamientos al gobierno militar se incrementaron luego de la derrota en la guerra contra Gran Bretaña, en 1982, y adquirieron a partir de ese momento modalidades más explícitas, más activas y más organizadas que acompañaron ese proceso de transición hacia las elecciones y el fin de la dictadura.
–Es interesante cómo discute con la interpretación sobre la dictadura que la vincula con la reestructuración del capitalismo argentino y la implementación de un programa neoliberal. ¿Haber llegado a esa instancia fue más consecuencia del rumbo errático que Martínez de Hoz le imprimió a la economía?
–Este es un punto importante del debate de interpretaciones acerca del golpe de Estado y la dictadura: dilucidar cuáles fueron sus principales objetivos, cómo se implementaron y cuáles fueron sus resultados. Sin minimizar la profundidad y el impacto de las políticas económicas de Martínez de Hoz, con sus efectos sobre el salario, el perfil industrial, el mercado financiero, etc., los análisis que hay disponibles sobre la gestión económica coinciden en señalar que la política que se siguió en esos años estuvo caracterizada por el pragmatismo, por la heterodoxia, por la superposición de medidas contrapuestas, y además, muchos de los lineamientos y objetivos iniciales del plan Martínez de Hoz contrastaron con su aplicación práctica. Entonces, como contrapartida de las perspectivas que enfatizaron la coherencia del programa económico de la dictadura, uno de los rasgos sobresalientes fue la combinación contradictoria de orientaciones y de ideas económicas diversas a lo largo del período 1976-1981, en el que Martínez de Hoz estuvo al frente del Ministerio de Economía, donde el rumbo económico se modificó varias veces, en parte como respuesta a los indicadores desfavorables, por ejemplo, la inflación, que resultaba tan difícil de domar, y por otro lado, la gestión ministerial debió enfrentar quejas y críticas dirigidas hacia las políticas implementadas por parte de diversos sectores y organizaciones corporativas, empresariales, etc. Estos cuestionamientos se manifestaron bastante rápidamente y se intensificaron al pasar los meses y a medida que se hacían sentir los efectos del programa económico sobre la estructura socioeconómica proveniente incluso de quienes apoyaban o valoraban de forma positiva otras políticas del gobierno militar, como lo que se estaba realizando en la denominada lucha contra la subversión. Estas críticas y cuestionamientos se profundizaron notablemente hacia 1980-1981, cuando Martínez de Hoz finalmente abandona el Ministerio de Economía, y en un contexto en donde los indicadores de la crisis económica resultaban muy evidentes.
–¿Por qué la última dictadura como tema de investigación sigue concitando interés?
–Porque se trata de un tema que, lejos de ser estrictamente pasado, tiene unos correlatos o unas articulaciones muy notables con el presente. En particular en el plano de la memoria social o de los procesos memoriales que se asocian a ese pasado de violencia política y represiva y de violaciones masivas a los derechos humanos. En este aspecto, Argentina no es un caso único, sino que comparte características similares con otros casos o con otras sociedades que atravesaron pasados violentos, de crímenes o represiones a escala masiva en lo que hace a su persistencia o a la persistencia de unos efectos sociales, individuales o subjetivos, intergeneracionales, y su expresión en las memorias sociales. La centralidad que ese proceso histórico, la última dictadura, tiene en el escenario social y político y en las memorias sociales, se reflejó también en la investigación académica. Y sin perder de vista que desde las décadas de los 80 y los 90 especialistas de distintas disciplinas, sobre todo sociólogos, politólogos, economistas, juristas, más que historiadores –en tanto la disciplina histórica fue durante mucho tiempo reacia a investigar ese tramo complejo y conflictivo del pasado reciente–, se ocuparon de estudiar el período y de proveer además interpretaciones sobre la dictadura. Lo que resulta también notable es que en estos últimos aproximadamente quince años se ampliaron los estudios sobre el pasado reciente y sobre la última dictadura, produciendo un proceso de renovación en las miradas, en los análisis, en los temas investigados, etc. En términos generales, y aunque las derivas de la producción académica tiene sus propios ritmos y sus propias dinámicas, resulta muy difícil escindir ese amplio desarrollo del campo de la historia reciente del contexto sociopolítico en el que los investigadores y las investigadoras desarrollan su propia práctica, un contexto sociopolítico que es favorable a la revisión del pasado, a la implementación de políticas estatales de memoria y a la ampliación de los recorridos judiciales. Entonces, la expansión de los estudios sobre la historia y la memoria de la dictadura y la represión que se registró en el campo historiográfico argentino tiene que incluir finalmente otro elemento, que resulta muy significativo para el avance de las investigaciones, que ha sido el acceso a fuentes, fondos documentales, archivos que, o bien no estaban disponibles, o bien no habían sido revisados por los primeros estudios sobre la temática.
