Son muchos los avances que hemos conseguido las mujeres cis y trans durante los últimos años –en una lucha que desde las calles llegó al Congreso nacional y también se vio reflejada en la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, gracias a un gobierno con perspectiva de género–, pero también son muchísimas las deudas que el Estado tiene con nosotras. La igualdad de derechos y de oportunidades se debe materializar en la vida cotidiana, al interior de las parejas y de las familias, en las instituciones y en el trabajo. Algunas estadísticas permiten dimensionar estas desigualdades: nos indican que las mujeres ganamos hoy un 30 por ciento menos que los varones; que en la ciudad de Buenos Aires las mujeres dedicamos dos horas diarias más a las tareas de cuidados que los hombres; que sólo el 25 por ciento de las mujeres con hijos logra alcanzar los aportes jubilatorios; que nada más que el 6,9 por ciento de las grandes empresas, el 4,7 por ciento de las medianas y el 9,5 por ciento de las pequeñas son dirigidas por mujeres.

Veamos en detalle estas cuestiones, que son sólo algunas de las múltiples problemáticas que existen y que denuncian los distintos colectivos día tras día.

La brecha salarial entre varones y mujeres no es un tema nuevo, pero sigue sin reducirse. El 28 de septiembre, el Indec publicó el informe de Evolución de Distribución del Ingreso (EPH), con datos recolectados del segundo trimestre de 2021, y mostró que el promedio de ingreso de los varones es de 51.916 pesos y el de las mujeres es 36.025. La brecha es del 30,6 por ciento. Esto está relacionado con el impacto económico de la pandemia de coronavirus, porque, como sabemos, las crisis afectan más a las mujeres que a los varones.

BRECHA ENTRE MUJERES Y TECHO DE CRISTAL

La pandemia profundizó las desigualdades. Muchas mujeres fueron expulsadas del mercado laboral; otras no perdieron el empleo pero sí debieron reducir horas de trabajo para volcarlas a las tareas del hogar, al cuidado de sus hijos e hijas. En la ciudad de Buenos Aires la distribución de estas actividades, que no son reconocidas ni remuneradas, son marcadamente desiguales. Según la Dirección de Estadísticas del GCBA, las mujeres les destinan casi dos horas más que los varones: un total de 5,29 horas diarias a estas responsabilidades. Ese tiempo representa casi el 70 por ciento de una jornada laboral.

Dentro de esta realidad está la gran diferencia que existe entre las mujeres que tienen hijos y las que no, situación que no se da de la misma manera con los varones. Se trata de otra brecha, pero entre las mujeres. Un estudio difundido a fines de septiembre por la Oficina del Presupuesto del Congreso, titulado “Impacto de la maternidad sobre el salario y permanencia en el mercado laboral de las mujeres”, pone números a esta realidad. La probabilidad de que una madre pueda insertarse en el mercado laboral es 11,5 por ciento menor que la de una mujer sin hijos o hijas, situación que se acentúa en caso de tener hijos menores de diez años. Las mujeres con hijos perciben un salario 12 por ciento menor que las que no son madres, situación que empeora con tres o más hijos. También existe mayor precarización en el caso de las mujeres más jóvenes, en las que no tienen estudios terciarios o universitarios y en las que trabajan en el denominado “mercado laboral informal”. Otros dos datos muestran lo urgente que es este problema: el 31 por ciento de los hogares argentinos está a cargo de una sola mujer, y sólo el 25 por ciento de las madres logra alcanzar los años requeridos para la jubilación, porcentaje que se eleva al 41 por ciento cuando se trata de madres sin hijos.

Es importante destacar, luego de ver estos números, la medida que tomó la Anses con el Programa Integral de Reconocimiento de Períodos por Tareas de Cuidado, mediante el cual se sumarán hasta tres años de servicios previsionales según la cantidad de hijos y licencias por maternidad. Es una clara muestra de la intención de reparación por parte del Gobierno nacional.

Pero la situación también es adversa para las mujeres que tienen trabajo en relación con sus compañeros hombres, dado que el avance hacia puestos jerárquicos es profundamente desigual. Es lo que se denomina “techo de cristal”. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó a fines de 2019 un informe en el que indicó que en la Argentina el 6,9 por ciento de las grandes empresas, el 4,7 de las medianas y el 9,5 de las pequeñas son comandadas por mujeres. A esto se suma otro fenómeno que el organismo define como “las paredes de cristal”, que tiene que ver con la segregación ocupacional por la cual las mujeres con un cargo directivo suelen abocarse a funciones como recursos humanos, finanzas y administración, mientras que los hombres se dedican a las áreas de investigación y desarrollo, pérdidas y ganancias, y operaciones, sectores considerados estratégicos, y que, por lo tanto, conducen a cargos de toma de decisiones de más alto nivel.

HACIA UNA SOCIEDAD IGUALITARIA

Es deber del Estado dar respuestas a estas desigualdades y promover políticas que estén a la altura de los cambios culturales que vivimos. El Congreso de la Nación es un espacio clave para plantear estas discusiones, dado que de los tres poderes es el más democrático y plural. Las leyes de cupo son una gran herramienta, necesaria pero no suficiente. En 2017 se aprobó la Ley de Cupo Femenino, que establece que las listas legislativas deben estar conformadas por hombres y mujeres en igual proporción y de manera intercalada. Hoy, las mujeres diputadas somos el 41 por ciento. Todavía no llegamos al 50, pero es un avance teniendo en cuenta que en el período 1991-1993 representábamos sólo un 5 por ciento del cuerpo. En el Senado, de los 72 escaños, treinta son ocupados por mujeres, lo cual representa también un 41 por ciento.

En los poderes ejecutivos la situación es más grave. Al no existir una normativa transversal, los hombres siguen siendo mayoría por una gran diferencia. De las 24 provincias sólo dos cuentan con gobernadoras y seis con vicegobernadoras; en la provincia de Buenos Aires, de 135 municipios sólo ocho son conducidos por mujeres. Y en más de la mitad de las provincias las mujeres ocupan menos del 30 por ciento de los lugares en los gabinetes.

Más allá de estos espacios, que son los más evidentes, hay que poner la lupa en otros sectores sensibles para la construcción del sentido común machista. Fue en esa dirección que impulsé la Ley de Equidad de Género en Medios de Comunicación. Esta norma contempla una diferencia entre los medios de gestión pública y privada. Para los primeros se establece la obligatoriedad de equidad entre hombres y mujeres, y al menos un uno por ciento deben ser personas travestis, transexuales, transgéneros e intersex. Para los privados se propone un régimen de promoción no obligatorio, con la idea de estimular la incorporación de mujeres y personas travesti-trans.

El Estado tiene que escuchar los reclamos de las mujeres y las personas travesti-trans y mover su aparato para lograr reducir las brechas y desigualdades expuestas en estas líneas. En un año electoral, en el que vamos a definir el Congreso de los próximos años, es fundamental tener en claro qué espacios políticos impulsan una ampliación de derechos y cuáles buscan legislar solamente para conservar privilegios. Tengo el orgullo y la responsabilidad de formar parte del Frente de Todos, que tiene el compromiso desde los poderes Ejecutivo y Legislativo de seguir rompiendo las barreras de lo dado para avanzar hacia la igualdad de derechos y justicia social. Y no hay justicia social si las mujeres y las personas travesti-trans no tenemos las mismas oportunidades que los varones.