Las prescripciones del Fondo Monetario Internacional para la economía de la Argentina, y los dólares que aporta en cada desembolso del programa en curso –en gran parte para cobrarse las propias acreencias– son funcionales a los objetivos del gobierno nacional. Coinciden además, y no por casualidad, con los negocios ultrarrentables de grupos oligopólicos locales, como también de Estados Unidos y de países de la Unión Europea.

Tal es, en apretada síntesis, el enfoque del principal conglomerado opositor –conformado por el peronismo y sus aliados– cuyos integrantes están convencidos de que solo será posible resarcir en el futuro próximo a los numerosos damnificados locales del régimen libertario si se eliminan o minimizan las condicionalidades que el FMI impone al país como contrapartida de su “ayuda”.

Los dirigentes y seguidores de Unión por la Patria, tanto en el Congreso como en distintos foros de discusión de la militancia popular, rechazan las políticas apadrinadas por el Fondo, que torcieron en los últimos años las reglas de juego en favor de los grupos empresarios más fuertes.

En este contexto va tomando forma la plataforma electoral de Unión por la Patria –único conglomerado político en condiciones de suceder en la conducción del Estado a La Libertad Avanza– a poco más de un año de los próximos comicios presidenciales.

El programa de UP, algunos de cuyos ejes fueron anticipados en una nota anterior de Caras y Caretas, se va nutriendo de ideas que buscan recuperar pautas de inclusión social y potenciar una distribución más equitativa de los beneficios de la explotación de recursos naturales.

Impacto

Lo cierto es que el giro implementado por el presidente Javier Milei y sus escuderos, los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger, tuvo un alto impacto negativo para los segmentos más vulnerables de la sociedad, mediante la reducción de sus ingresos (salarios y haberes jubilatorios) y la quita de subsidios al consumo de servicios esenciales (luz, gas, electricidad, transporte).

Todo lo cual derivó recientemente en un extendido endeudamiento como medio de subsistencia para cientos de miles de familias.

El resultado –sintetizan en la vereda opuesta al oficialismo– no podía ser otro debido al derrumbe del mercado interno, alicaído por la compresión de la demanda popular como por la competencia externa, que el gobierno promueve mediante la apertura importadora.

En conjunto, ese proceso induce a la desaparición de fuentes laborales y al aumento del desempleo, debido a la quiebra de millares de empresas pequeñas y medianas, resumen en UxP.

Dicho de otro modo, el modelo que busca consolidar el gobierno nacional encorseta la demanda local y propicia gigantescas transferencias de recursos en beneficio de unos pocos y en desmedro de la mayor parte de la población.

El paisaje que se observa cada día con mayor nitidez es el de un país que se desindustrializa, mientras desde el poder Ejecutivo se favorece con gran generosidad una estructura productiva sustentada en los agronegocios, la explotación de hidrocarburos y minerales, más unos pocos proveedores de insumos.

Prioridades

Por ahora, el esquema libertario mantiene como prioridad el abatimiento del fenómeno inflacionario e insiste en que la suba constante y generalizada de los precios es el principal obstáculo para el crecimiento de la economía y el bienestar del conjunto de la población.

Ese objetivo, sin embargo, no pasa aún de ser una quimera, algo así como una ilusión que no sale del terreno de las promesas luego de casi tres años de gestión, pese al elevado y creciente costo social.

Lo que sí se observa con claridad es la acelerada entrega a grupos locales y extranjeros de recursos naturales estratégicos y la transferencia de resortes de decisiones soberanas desde el Estado a grupos empresarios privados.

Ante ese panorama, los planteos liminares de Unión por la Patria en materia de política económica sustentaron –tras el examen de distintos grupos técnicos– la elaboración de un proyecto de ley recientemente presentado en la Cámara de Diputados.

Se propicia allí un golpe de timón que reoriente el rumbo, de modo de poner en marcha una agenda centrada en el respaldo a actividades estratégicas (en los ámbitos fabril, tecnológico, de la economía de conocimientos, etcétera) y contemple la atención de urgencias de los más necesitados.

Por cierto, se trata de una iniciativa con nulas chances de ser aprobada en el Parlamento, pero cuya virtud radica en la demostración de que existen vías alternativas a las recetas del ultraliberismo libertario.

El rumbo alentado por los hoy opositores plantea un conjunto de objeciones al modelo vigente, ejecutado con el respaldo del Fondo Monetario y de su principal socio, el gobierno de Estados Unidos. Las soluciones a los padecimientos de amplias capas de la población deben estar por encima de las condiciones impuestas por el FMI, afirman.

Al fin de cuentas, el financiamiento del organismo solo sirve, en realidad, para aceitar pagos a los acreedores, tras las operaciones de megaendeudamiento registradas durante el gobierno de Mauricio Macri y en la actual gestión de Javier Milei.

Cláusulas

El proyecto de UxP cuestiona las condiciones y metas establecidas por el Fondo, y aceptadas por el gobierno libertario, como requisitos para la concreción de sus desembolsos.

La propuesta fue presentada por los diputados Máximo Kirchner, Germán Martínez (actual titular del bloque de UP en la Cámara), Cecilia Moreau, Pablo Yedlin (exministro de Salud de Tucumán), Carlos Castagneto (extitular de la AFIP), Itaí Hagman, Hilda Aguirre y Nicolás Trotta (exministro de Educación).

También adhirieron al proyecto las y los legisladores María Elena Velázquez, Marcelo Barbur, Agustín Rossi (exministro de Defensa), Sergio Palazzo (exsecretario de la Asociación Bancaria), Agustina Propato, Julia Strada y Jimena López.

Con miras a reforzar las decisiones soberanas en este terreno, y poner límites a los movimientos especulativos, la iniciativa parlamentaria dispone que “toda condicionalidad de política económica acordada con organismos financieros internacionales deberá respetar el marco regulatorio macroprudencial argentino”.

Según propone el artículo 9° del proyecto presentado por legisladores de Unión por la Patria en la Cámara baja, “ningún acuerdo con organismos financieros internacionales podrá contener cláusulas que obliguen a la República Argentina a desmantelar, reducir o comprometerse a no adoptar en el futuro las regulaciones macroprudenciales sobre la cuenta capital”.

Así, las eventuales cláusulas incorporadas a acuerdos con el Fondo que violen esta prohibición “serán nulas de nulidad absoluta en el derecho interno argentino”.

La iniciativa de los diputados de UxP declara además como “política permanente” del país a la regulación macroprudencial de los movimientos internacionales de capital. En ese marco se faculta al Banco Central para establecer límites cuantitativos a la posición global neta de moneda extranjera de las entidades financieras; fijar encajes diferenciales o en efectivo mínimo obligatorios para depósitos en moneda extranjera provenientes de no residentes, así como para operaciones de inversión de portafolio y otras transfronterizas; determinar plazos mínimos de permanencia para inversiones de portafolio provenientes del exterior; aplicar límites a la formación de activos externos por parte de residentes en momentos de estrés cambiario, conforme a los criterios técnicos que el propio Banco establezca; adoptar toda otra medida de administración de flujos de capital que resulte compatible con las funciones asignadas al Banco Central por su actual Carta Orgánica (hoy a punto de ser modificada según pautas libertarias) y con las regulaciones cambiarias aplicables.

Condicionamientos

Por otra parte, el proyecto busca habilitar la intervención del Poder Legislativo en materias vinculadas al endeudamiento público, a fin de monitorear la caída efectiva de dichas condicionalidades, a la vez que se amplían funciones de la comisión bicameral ya existente.

“Toda operación de crédito público o programa con organismos financieros internacionales, así como toda ampliación, modificación sustancial o refinanciación de las mismas, deberá ser aprobada por ley del Honorable Congreso de la Nación”, remarca el texto del proyecto.

Agrega luego: “Queda expresamente prohibida la utilización del decreto de necesidad y urgencia, del decreto delegado y de todo otro instrumento normativo del Poder Ejecutivo nacional para las materias reguladas por esta ley”.

Se pretende de este modo hacer un seguimiento detallado de eventuales “modificaciones sustanciales” que alteren el monto total de los programas acordados con el FMI, los plazos de repago, el cronograma de desembolsos, las metas cuantitativas de política económica, la condicionalidad estructural o los indicadores de sostenibilidad.

Según el proyecto de UxP, todo decreto de necesidad y urgencia dictado sobre esas materias, así como los actos administrativos dictados en su consecuencia, quedarán sujetos al régimen de nulidad, inoponibilidad internacional y responsabilidad personal previsto.

Controles

Los diputados opositores apuntan también a ampliar el monitoreo de todo proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso en materia de nueva deudas o refinanciación de los compromisos actuales. Para lo cual proponen abrir distintas vías:

● Análisis de sostenibilidad de la deuda ex ante que resulte de la operación, elaborado conforme a los principios previstos.

● Evaluación de impacto en la balanza de pagos elaborada por el Banco Central.

● Análisis de costos y riesgos financieros de la operación, elaborado por el área competente del Ministerio de Economía.

● Dictamen jurídico previo de la Procuración del Tesoro de la Nación.

● Descripción precisa del destino previsto de los recursos y del mecanismo de control de dicho destino.

● Dictamen previo de la comisión bicameral.

● Constancia de autorización previa por parte del órgano coordinador de los sistemas de administración financiera.

● Constancia de aplicación del procedimiento de gestión administrativa para operaciones con organismos internacionales de crédito, incluyendo la intervención de las áreas técnicas con competencia en materia de análisis de costos, riesgos y sostenibilidad.

● Constancia de intervención de la Jefatura de Gabinete de Ministros en su carácter de coordinador interjurisdiccional.

● Dictamen integral producido por el servicio jurídico permanente de la jurisdicción competente que analice como mínimo la competencia de todos los órganos intervinientes; el régimen aplicable de prórroga de jurisdicción y el mecanismo de solución de controversias; el alcance de la eventual renuncia a la inmunidad soberana, y la compatibilidad con la normativa vigente en materia de operaciones con organismos multilaterales de crédito.

● Constancia de publicación previa en el Boletín Oficial de la República Argentina y en los sitios web del Ministerio de Economía y del BCRA del texto completo del acuerdo y de toda la documentación complementaria, en versión original y su traducción oficial certificada, con antelación no inferior a treinta días corridos al debate parlamentario del proyecto de ley de aprobación.

Los acuerdos y actos administrativos dictados en violación de las disposiciones de la ley propiciada “serán nulos de nulidad absoluta e insanable en el derecho interno argentino”, agrega otro artículo del proyecto.

“Los funcionarios que participen en la celebración de tales acuerdos o actos administrativos –agrega el texto opositor– serán personalmente responsables por los daños ocasionados al Estado nacional.”

Reglas

El proyecto de UxP establece asimismo una “Regla fiscal permanente de endeudamiento externo”. Determina en este sentido que “no podrán emitirse nuevos títulos en moneda extranjera” cuando el stock total de deuda pública externa exceda al equivalente al 200 por ciento del promedio de las exportaciones de bienes y servicios de los últimos tres años.

Ese umbral solo podrá ser superado en casos de emergencia económica declarada por ley, sancionada con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara; catástrofe natural o pandemia declarada por autoridad sanitaria competente, o guerra o amenaza inminente contra la seguridad de la Nación.

Por último, la iniciativa opositora determina que las operaciones de crédito público que formalice el Poder Ejecutivo Nacional con los organismos financieros internacionales de los que la Nación forma parte “requerirán en todos los casos una ley especial” que las apruebe expresamente y que indique el tipo de deuda, el monto máximo autorizado, el plazo mínimo de amortización y el destino del financiamiento.