La clase trabajadora es el motor del mundo, pero hoy enfrenta regresiones históricas que ponen en riesgo sus conquistas más elementales y tienen a las infancias como principales víctimas. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 8 por ciento de la población infantil global trabaja, mayoritariamente en el sector agrícola. Frente a este escenario, la reciente sexta Conferencia Mundial sobre la Erradicación del Trabajo Infantil, celebrada en febrero de este año en Marrakech (Marruecos), buscó reimpulsar una agenda global de derechos. Allí, el bloque sindical internacional planteó exigencias claras: la creación de un Fondo Mundial para la Protección Social, la recomposición salarial y la responsabilidad empresarial en las cadenas de valor. En medio de ese debate civilizatorio, la comitiva argentina dejó una postal sintomática de la época: contó con representación empresarial y sindical, pero la silla del gobierno nacional quedó completamente vacía.

De “país pionero” al alarmante retroceso

Esta ausencia estatal en el plano internacional es el reflejo de un desguace interno. En 2023, la Argentina había sido declarada por la OIT “país pionero” en la erradicación del trabajo infantil, en reconocimiento a su andamiaje legal y a un despliegue territorial sostenido. Sin embargo, la asunción del gobierno de Javier Milei desató un brutal desmantelamiento institucional. La disolución del Ministerio de Trabajo de la Nación –hoy degradado a Secretaría– trajo consigo la paralización de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (Conaeti) y el consecuente vaciamiento presupuestario de los programas de protección.

A este repliegue del Estado se suma un clima de época sumamente hostil. Las declaraciones públicas de funcionarios del gobierno nacional avalando la explotación o cuestionando la obligatoriedad escolar marcan un retroceso discursivo sin precedentes en nuestra historia democrática. En efecto, la escuela pública y obligatoria es una de las herramienta más potentes para proteger a las niñeces de la explotación y garantizar sus derechos de forma progresiva. Sin embargo, el modelo que hoy nos gobierna intenta dinamitar ese piso mínimo de dignidad. Ya en abril de 2024, el diputado nacional por La Libertad Avanza Alberto “Bertie” Benegas Lynch dijo que no creía en la obligatoriedad de la educación y explicitó que “libertad es que si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller, puedas hacerlo”.

Hay que leer entre líneas este cinismo. Bertie –hermano del senador nacional Joaquín Benegas Lynch e integrante de una histórica dinastía de militares, políticos y terratenientes– jamás pensó en mandar a sus propios hijos a embarrarse en una cosecha o a ordeñar vacas de lunes a lunes desde las cuatro de la mañana. Su “libertad” es, en realidad, la libertad de los dueños de la tierra para disponer de los hijos de sus peones. La extraordinaria renta del negocio agropecuario en la Argentina se sostiene, todavía hoy, sobre relaciones de poder profundamente desiguales y sobre una mano de obra que necesitan dócil, barata y precarizada desde la cuna. Nada de lo que estos sectores poseen o piensan puede disociarse de sus privilegios de clase; para ellos, el trabajo infantil no es un drama social a erradicar, sino el engranaje fundamental de un sistema que reproduce la pobreza y la desigualdad intergeneracional para perpetuar su propia riqueza.

Las nuevas amenazas: del campo a la ludopatía digital

El concepto de “tecnofeudalismo” es, quizá, la definición que más nos ayude a reflexionar sobre las transformaciones estructurales que estamos atravesando. Asistimos a un escenario perverso: mientras nos empujan a un retroceso histórico en materia de derechos laborales –con la vuelta a dinámicas de explotación casi feudales pretendidas en la reforma laboral en marcha–, se despliega una avanzada feroz de las corporaciones tecnológicas. A través de algoritmos, dispositivos y plataformas mediáticas, estas corporaciones configuran desafíos de época a un ritmo tan acelerado que los marcos normativos quedan obsoletos antes de ser implementados, dejando a las poblaciones en una total desprotección y bajo nuevas formas de control social.

Esta doble tenaza –el feudalismo agrario y el capitalismo de plataformas– no es una abstracción teórica. El nuevo Marco de Acción Global para la Erradicación del Trabajo Infantil ya incorporó estos desafíos urgentes, encendiendo las alarmas sobre las nuevas formas de explotación vinculadas a la economía digital.

En la Argentina, este diagnóstico global se traduce en una urgencia humanitaria. Las políticas de ajuste feroz implementadas desde 2024 dinamitaron los ingresos de las familias trabajadoras, y las consecuencias las pagan, como siempre, las infancias. Los números duelen y nos exigen reaccionar: hoy, cuatro de cada diez niñas, niños y adolescentes (un 42,3 %) viven en hogares pobres, mientras que el 9,4 por ciento padece la indigencia, según cifras de Unicef Argentina basadas en datos oficiales de 2025. Para poner rostro a los porcentajes: estamos hablando de más de cinco millones de pibes y pibas con sus derechos básicos vulnerados, y más de un millón pasando hambre en un país exportador de alimentos.

En este contexto, la parálisis de programas destinados a mejorar las condiciones de vida de las niñeces, especialmente los programas de erradicación del trabajo infantil, tiene consecuencias en el deterioro de las condiciones de vida general y en un retorno de prácticas crueles. Mientras el campo expulsa a las infancias de las aulas y las devuelve a las cosechas, en los grandes centros urbanos la vulnerabilidad extrema se propicia la explotación de menores de edad como mano de obra barata para el narcotráfico y la explosión de la ludopatía digital. No se puede analizar la reforma de la ley penal juvenil con baja de la edad a los 14 años por fuera de este contexto. Deterioro de condiciones de calidad de vida, aumento de violencias y control estatal a través del uso de la fuerza policial son parte de la misma trama. En esto se juega la verdadera disputa presupuestaria: ¿el dinero del pueblo se destina al desarrollo de un Estado social o a fortalecer el entramado represivo de un Estado penal? Cada cual podrá sacar sus conclusiones respecto de quién beneficia uno u otro modelo.

En el ámbito urbano, el futuro tecnológico y la barbarie feudal se fusionan de la peor manera: hoy tenemos adolescentes precarizados que ofician de “cajeros” en casinos virtuales clandestinos, atrapados en las redes de la timba online, o expuestos a plataformas donde se mercantiliza y vulnera la integridad física y digital; una situación extrema a edades en las que aún no se pueden procesar las consecuencias de esa exposición. Esta crueldad de época ya empezó a circular y a denunciarse con fuerza en las asambleas de la Coordinadora de Unidad Sindical por la Erradicación del Trabajo Infantil (Cuseti). Allí, las compañeras y compañeros exponen el horror del eslabón más desprotegido de la cadena criminal: la utilización de pibes y pibas como “niños soldaditos” para el narcomenudeo. En este “sálvese quien pueda” que nos imponen desde el poder, las corporaciones, los transas y los terratenientes se alimentan de la misma materia prima: la desprotección absoluta de nuestras niñeces.

Radiografía del trabajo infantil en la provincia de Buenos Aires

Para intervenir con eficacia frente a este retiro del Estado nacional, es indispensable contar con diagnósticos locales precisos. En este sentido, la Encuesta Provincial de Actividades de Niñas, Niños y Adolescentes (Epanna), finalizada en septiembre de 2025, arrojó una radiografía detallada sobre la situación bonaerense. El estudio –impulsado por el Ministerio de Trabajo provincial (Copreti) y el Ministerio de Economía, con trabajo de campo de la UNLP– logró ponerle números a la realidad de los territorios.

Los resultados son contundentes: sobre un universo de 4,07 millones de niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años en la provincia, el 15,2 por ciento trabaja (un porcentaje que excluye las tareas domésticas). La situación se agrava drásticamente en el ámbito rural, donde la cifra de pibes y pibas que trabajan trepa al 22,8 por ciento.

El informe de la Epanna 2025 devela, además, las modalidades y las edades:

• El 10,7 por ciento de las niñeces bonaerenses realiza actividades para el mercado y el 6,7 para autoconsumo.
• En las zonas rurales, las tareas de autoconsumo se elevan fuertemente, alcanzando al 23,9 por ciento.
• Al desglosar por edades, el trabajo infantil afecta al 10,9 por ciento de los niños y niñas en la franja más vulnerable, que va de los 5 a los 8 años. En tanto, entre los adolescentes de 9 a 17 años, el porcentaje asciende al 17,2.
• Del total de menores que trabajan, un 51,5 por ciento son varones y un 48,5 son mujeres.

El único factor de contención que resiste con fuerza es la escuela: el 96,6 por ciento de las niñeces que trabajan continúa asistiendo al sistema educativo (aunque en el área rural esta cifra desciende levemente al 94 por ciento). Los pibes defienden su banco en el aula, pero el esfuerzo familiar es sobrehumano.

La respuesta sindical: unidad, territorio y utopía

Frente a esta crítica realidad estadística y ante la deserción abierta del Estado, el movimiento obrero argentino sostiene la primera línea de defensa. A través de la Cuseti, los sindicatos desplegamos una estrategia de abordaje territorial sistemático. La respuesta más eficaz en este contexto de asfixia es el sostenimiento de los espacios de cuidado gestionados por los gremios en articulación con los estados provinciales, destacándose la política activa de resistencia institucional que lleva adelante la provincia de Buenos Aires. Estos centros, sostenidos a pulmón en sectores rurales, ladrilleros y de la economía popular, garantizan entornos seguros, educativos y alimentarios mientras los adultos cumplen sus jornadas laborales.

La erradicación del trabajo infantil no admite recetas de ajuste ni atajos marketineros. Se necesitan salarios dignos que ordenen los hogares, protección social universal y políticas públicas con perspectiva de derechos. Garantizar que el trabajo sea un derecho exclusivo de la vida adulta es la única vía real para devolver a las niñeces el derecho a jugar, estudiar y crecer con dignidad. Abordar la problemática del trabajo infantil y combatir sus peores formas de explotación laboral debe ser una prioridad estratégica para el sector sindical y para la sociedad toda, porque lo que está en juego es el presente y el futuro.

Es en ese sentido que los aportes del último documento global por la erradicación toman mayor transcendencia, son una hoja de ruta para que todas las naciones logremos acuerdos de paz y avancemos hacia el mismo horizonte, que inevitablemente plantea otro modelo. La hoja de ruta de Marrakech señala que el mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones, la inclusión de las organizaciones de trabajadores y de los propios niños y niñas en los planes de acción son fundamentales. El documento puede ser criticado como idealista. Sin embargo, cada párrafo fue sometido a un debate tripartito que llevó meses acordar entre los sectores gubernamental, empresarial y gremial con representación de todo el mundo. La conquista de sus mejores puntos fue fruto de disputas sectoriales.

En la cornisa de un mundo que a veces parece avanzar ciegamente hacia la peor de las distopías, la organización colectiva es nuestro principal refugio. A decir de Eduardo Galeano, un poco de utopía es necesaria para seguir caminando hacia los sueños de los pueblos. Garantizar derechos de la niñez es una tarea innegociable para quienes aún creen en la humanidad.