Si algo queda claro luego de transcurridos más de treinta meses del gobierno de Javier Milei es que el propio presidente y sus principales colaboradores ven la política y también la economía en blanco y negro.

La lógica binaria alcanza a la política distinguiendo a los propios –y por lo tanto, probos– de la “casta” representada por los dirigentes de los partidos tradicionales; o dejando de un lado a los liberales libertarios como los únicos buenos de la película frente a las supuestas maldades y desaguisados generados por décadas, incluso en forma deliberada, por gobiernos estatistas, populistas, socialistas, comunistas y colectivistas, según la particular clasificación que hace Milei, metiendo a toda la oposición en la misma bolsa.

En materia económica, esta dicotomía se traduce según la visión oficial en empresarios market friendly (¿acaso hay alguno que no lo sea?) que quieren invertir y competir para ganar cada vez más dinero, aunque nada se dice de generar más empleo, versus aquellos que solo buscan “cazar en el zoológico”.

En el caso de los primeros, en general, se trataría de empresarios de rubros de servicios o productores de materias primas con destino a la exportación, que no se ven tan afectados por la apertura y las importaciones, a los que se opone desde la Casa Rosada a empresarios “prebendarios”, cuya máxima expresión son los industriales argentinos, casualmente o no tanto, los principales generadores de empleo registrado, es decir, con derechos laborales, aportes a la seguridad social y cobro de aguinaldo y vacaciones.

El diccionario económico libertario deja otras pinceladas de dudoso aporte al interés nacional y escaso apego democrático como la dualidad entre evasores “héroes” –porque “los impuestos constituyen un robo”, en opinión del Presidente– versus ingenuos o estúpidos cumplidores con el fisco; también sectores extractivistas que generan poco empleo versus industrias, comercio y construcción mano de obra intensivos; así como veneradores de la motosierra a como dé lugar frente a gastadores compulsivos, derrochadores e irresponsables fiscales.

La trampa de la reconversión

En este contexto, el Gobierno ha hecho culto de una división de la sociedad entre “ganadores y perdedores”, instando a subirse a todos al tren libertario o empujando lisa y llanamente a los sectores afectados por el modelo libertario a reconvertirse o morir.

Quien haya vivido en este país en los últimos treinta años sabe que nada de esto es posible en los términos en los que lo plantea el Gobierno. Hay innumerables matices, solo que la estrategia oficial de imponer su punto de vista no encuentra vasos comunicantes con aquellos que piensan distinto o ven la realidad desde su propia situación.

Suena cuanto menos poco empático pedirles a pequeños y medianos empresarios, que casi se fundieron varias veces en las últimas décadas, que se reconviertan y compitan con productos chinos o de otros países asiáticos, fabricados a una escala monumental y pagando salarios bajísimos, por no mencionar los subsidios que reciben, en muchos casos, de los respectivos gobiernos.

Mucho menos en un país como la Argentina, que no tiene crédito, el que se consigue es a tasas que duplican o aun más la inflación anual, que tiene una estructura tributaria de las más regresivas del mundo y con un mercado interno hecho puré por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios en los últimos años, en medio de la adorada motosierra, persistente inflación y caída de la actividad en numerosos sectores productivos.

Pesada herencia

En la lógica de plantear una ruptura drástica con los gobiernos anteriores a la llegada del liberalismo libertario al poder y buscando fidelizar a sus seguidores más racionales o a los nuevos simpatizantes –a los libertarios “termo” ya no necesita convencerlos–, el gobierno de Javier Milei está moldeando una pesada herencia económica que determinará los márgenes de acción de los próximos gobiernos, sean del signo que sean.

No es la primera vez que ocurre en la Argentina. El plan económico que José Alfredo Martínez de Hoz aplicó entre 1976 y 1981 durante la dictadura militar inició una saga de destrucción del aparato productivo, dólar barato y viajes al exterior a comprar productos con el “deme dos”.

Le siguió el Plan de Convertibilidad, que tuvo vigencia entre 1991 y 2001, y que como se sabe terminó en una implosión económica y social de proporciones, 21,5 por ciento de desempleo y una pobreza del 57,5 por ciento. El plan logró frenar la inflación, pero a costa de impactar en la línea de flotación de numerosas pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas de los principales cinturones industriales del país, que sucumbieron ante la apertura de la economía.

En ese contexto, en los 90 se instrumentó un ambicioso programa de privatizaciones, se intentó imponer una economía de servicios en contraposición a una economía productiva, y se bajó inflación pero se impuso un fuerte corset a la fabricación local, en una economía subdesarrollada atada con el 1 a 1 entre el peso y el dólar a la productividad de Estados Unidos.

El caldo de cultivo

El actual modelo libertario tiene la particularidad de que exhibe algunos números macro positivos, como la desaceleración de la inflación, cierto manejo de la deuda pública, superávit gemelos fiscal y comercial y relativa estabilidad cambiaria. Este año el superávit fiscal primario rondará el 2,2 por ciento del PIB y el financiero (después del pago de la deuda) será de 0,4 por ciento del PBI, mientras que la balanza comercial (el otro superávit) aportará un saldo favorable de unos 20.000 millones de dólares.

La primera aclaración sobre este punto es que el superávit fiscal es posible gracias a que el Estado mantiene frizados algunos gastos relevantes, como el de las universidades o el previsional. Hoy el 75 por ciento de los jubilados y pensionados cobra el haber mínimo fijado en junio en 473.396 pesos, incluido el bono de 70 mil pesos que se mantiene sin cambios desde hace más de un año.

En la misma línea, el superávit fiscal se mantiene gracias a la demora en reintegros impositivos a sectores de la producción. Desde la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) calculan el atraso en el reintegro de impuestos a las exportaciones –a nivel internacional no se acepta exportar tributos– equivalente en el consolidado al superávit fiscal primario anual.

En cuanto a algunas medidas concretas de incentivo a sectores específicos, el Gobierno hace gala de las millonarias inversiones que llegarán a sectores como Oil & Gas o minería gracias a los beneficios que supone adherir al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Establece importantes rebajas en impuesto a las ganancias, acceso irrestricto a divisas para importar bienes e insumos, libre disponibilidad de los dólares generados, que por tanto pueden quedar en cuentas en el exterior, y estabilidad fiscal por treinta años.

En el mismo sentido, en estos momentos el Congreso está discutiendo el Súper RIGI, un régimen específico para millonarias inversiones en IA y centros de procesamiento de datos, una industria que hoy no existe en el país pero que tendrá beneficios para instalarse.

En ese contexto, la industria manufacturera cayó -2,8 por ciento interanual en mayo, tiene un uso de la capacidad instalada inferior al 60 por ciento y perspectivas complejas de cara a los próximos meses. La inversión en obra pública está todavía paralizada, apenas comenzaron los procesos licitatorios de algunos corredores viales y la Vía Navegable Troncal (VNT), más conocida como Hidrovía, pero para ver cambios falta bastante tiempo e inversiones de cientos de millones de dólares.

Entretanto, al país le falta inversión en infraestructura eléctrica, redes de distribución de petróleo y gas natural, rutas de acceso a los puertos por donde salen los productos del campo, mejora en puertos, aeropuertos y una red ferroviaria que integre el país y baje costos de transporte. Todo esto está fuera de agenda y será una asignatura pendiente que recibirá el próximo presidente.