“Responsabilidad, sacrificio, grandeza.” Pocas semanas después del golpe de Estado, un grupo de empresas firmó una solicitada de apoyo al plan económico lanzado por el ministro José Alfredo Martínez de Hoz en la noche del 2 de abril de 1976 durante una cadena nacional que duró dos horas y media. Muchas de las firmantes sufrieron en forma directa las inequidades del modelo liberal de la dictadura y quebraron; otras, caerían a lo largo de las interminables crisis de nuestro pasado reciente. Varias de las que aplaudieron el plan del Chicago Boy hoy padecen el invento anarcocapitalista (buscar en la lista a Techint y Fate).

Aquellas tres banderas que enarbolaban las empresas en la solicitada que apareció en la prensa de la época eran para combatir “la arbitrariedad” y “el paternalismo del Estado”. “Superar la situación actual no será fácil, ni se podrá hacer rápidamente”, admitían, pero mostraban su fe en la estrategia del régimen: “La continuidad de los lineamientos económicos dados por el gobierno nacional asegurará que la Argentina se encamine hacia el destino de grandeza que merece, con una producción adecuada a los exigentes requerimientos de un país socialmente adelantado”.

El primer viaje de Martínez de Hoz a Estados Unidos para presentar el plan económico y mendigar dólares dominó la agenda mediática durante gran parte de junio de 1976. Antes de la partida, Joe saludó a los periodistas acreditados en el Palacio de Hacienda en su día y dejó algunas definiciones poco alentadoras: “No hay que esperar síntomas de recuperación económica en el corto plazo, porque los próximos seis meses van a ser particularmente duros”.

En declaraciones posteriores, siguió con el tono pesimista: “Debido a una expectativa tradicional, cuando un ministro de Economía viaja al exterior siempre se está en la creencia de que debe regresar con los bolsillos llenos de dinero. En este caso, no será así. Al volver, mis bolsillos seguirán estando flacos… El propósito del viaje es poner en marcha los mecanismos correspondientes para resolver los problemas de la balanza de pagos y de la deuda externa”.

En EE.UU. se reunió con representantes del FMI, los secretarios de Estado, Henry Kissinger, y del Tesoro, William Simon, y los presidentes de la Reserva Federal, Arthur Burns, y del Banco Mundial, Robert McNamara. Para el funcionario nacional, esos encuentros demostraban que “se había levantado la cuarentena” que sufrió la Nación durante el último tramo de la gestión peronista.

La Cámara de Comercio Argentino-Americana celebró la llegada del ministro con una solicitada de una página en el New York Times en la que señalaba que el nuevo gobierno “opina que debe reorientar la economía hacia el sistema que hizo de Argentina un gran país: el estímulo del sistema de empresa privada, con regulación gubernamental adecuada”.

Ante la prensa, Martínez de Hoz aseguró que la misión del FMI que estuvo en Buenos Aires días atrás “estudió y aprobó sin observaciones nuestro programa de recuperación” y destacó que la meta planteada “es ir liberando poco a poco los controles de cambio”, una medida que ya había empezado a implementarse.

Luego de descartar una devaluación del peso, abogó por lo que hoy se conoce como “déficit cero”: “Junto con las medidas para el control de la inflación iremos reduciendo el déficit del presupuesto, que es muy grande, pero esto también es un proceso gradual que no puede hacerse de golpe”. El equipo económico estaba eufórico porque en junio la inflación había alcanzado el 2,8 por ciento, tras el 13,1 de mayo.

En la gira por Norteamérica –también estuvo en Canadá–, Martínez de Hoz se aseguró mil millones de dólares en créditos para la reestructuración de la deuda externa y el posterior desembolso de 2 mil millones para blindar el mercado único y libre de cambios. El apoyo al plan económico por parte de los dueños de la Argentina mantenía al dólar sin sobresaltos.

También trajo la promesa de préstamos del Banco Mundial para Vialidad Nacional (100 millones de dólares) y Segba (125 millones). Días antes, la empresa eléctrica estatal que prestaba servicio en la Capital y el Gran Buenos Aires había inaugurado un turboalternador en la Central Costanera, “el más potente de América”, según se publicitó, con la presencia del dictador Jorge Rafael Videla. Pero los festejos duraron poco. En octubre, el despido de doscientos trabajadores motivó una protesta obrera en plena vigencia de la prohibición del derecho a huelga.

En julio, Martínez de Hoz continuaría su rendición de examen en Europa. Uno de sus destinos, Suiza. Allí lo esperaría una misión complicada: la negociación del futuro de la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad (CIAE), de capitales helvéticos, que lo había tenido como director antes del golpe de marzo.

Suiza reclamaba que el gobierno argentino comprara la empresa y revirtiera la anulación de la concesión, una medida tomada por el gobierno de Isabel Perón pocos días antes de ser derrocado.

La insólita estatización de la empresa por parte de la dictadura se concretó en 1979. El terrorismo de Estado atravesó la maniobra fraudulenta: el funcionario Juan Carlos Casariego de Bel, que se oponía a la compra, integra la lista de desaparecidos.

En junio de 1976, la Ítalo publicitaba en la prensa la subestación Carlos Pellegrini, “la primera y única subterránea de Latinoamérica”, que, junto a la subestación Reconquista, “permitirá que el usuario argentino disfrute un servicio más eficiente”.

Inflación en baja, recesión en alza

La dictadura festejaba la baja de la inflación, pero se enfrentaba a una recesión expansiva. El sector automotriz era uno de los más castigados. Al cierre temporario de la planta de Ford en la localidad bonaerense de General Pacheco –24 trabajadores fueron secuestrados y torturados por reclamar mejoras laborales–, se sucedieron cuatrocientos despidos en General Motors (Chevrolet y Opel) y la paralización de la producción por 35 días; además de suspensiones, adelanto de vacaciones y reducción de la jornada laboral en Renault y Peugeot.

El mes comenzó con aumentos en el pan, luego se extendieron al transporte (trenes, colectivos y subtes) y finalizó con el anuncio de subas del 20 por ciento en la electricidad desde el 1° de julio.

El régimen anotó como un logro que a la reunión anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) asistiera una delegación sindical, encabezada por el secretario general de la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (Foecyt), Ramón Antonio Baldassini, que acompañó al ministro de Trabajo, general Horacio Tomás Liendo, y a los empresarios, liderados por Federico Zorraquín. Mientras, las Fuerzas Armadas continuaban con la intervención de sindicatos y la persecución a obreros y dirigentes gremiales.

El Proceso celebró también la nueva ley de alquileres –Ley de Normalización de Locaciones Urbanas N°12.432–, que entró en vigencia el 1° de julio, luego de que la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL) analizara cuatro anteproyectos durante varias semanas y fuera tema en una reunión de gabinete.

Alquilar una vivienda afectaba a casi el 25 por ciento de los argentinos, que empezaban a contar los pesos para pagar los ajustes trimestrales del 12,5 por ciento establecidos en la flamante norma.

Los negocios sucios del terrorismo de Estado

Por esos días de junio, un anuncio de Papel Prensa de una página resaltaba que la empresa era “una respuesta argentina para los diarios y las ideas argentinas”.

Fundada en 1971, la compañía dirigida por David Graiver publicitaba que era “uno de los grandes proyectos nacionales de esta década y su construcción ha entrado en su etapa final”. Destacaba que estaba constituida por capitales locales, “conformados por un 26 por ciento del grupo fundador argentino, 25 por ciento del Estado Nacional y más de 20 mil suscriptores argentinos que han tenido fe en el país y en este proyecto”. Y anunciaba la forestación en el Delta de un millón de hectáreas para obtener la materia prima necesaria para la producción del insumo.

Dos meses más tarde de la aparición de la publicidad, el 7 de agosto, Graiver murió en un confuso accidente de aviación en México y se iniciaba otro capítulo oscuro de la historia del Proceso. Ya en democracia, Lidia Papaleo, viuda del empresario, denunció que sufrió torturas y que fue forzada a vender sus acciones en favor de Clarín, La Nación y La Razón. La causa judicial tomó impulso durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero la Corte Suprema decidió cerrarla en 2017 sin detenerse en el motivo de la demanda.