La cuenta regresiva ya comenzó para los habitantes de villas y asentamientos ubicados principalmente en las provincias de mayor población, mientras avanza el tratamiento del proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” enviado por el gobierno nacional al Congreso.

La iniciativa oficial contempla severos efectos sobre la Ley 27.453, de Integración Socio Urbana. Y se descuenta que agudizará los padecimientos de un amplio conjunto social, el mismo que desde 2024 (con la llegada al poder de La Libertad Avanza) sufre el desfinanciamiento de la política previa.

De hecho, la paralización de más de seiscientas obras en este último período generó daños difíciles de retrotraer y un serio aumento de la conflictividad social y territorial, según un reciente análisis del Centro para la Integración Sociourbana (Cisur).

La ley 27.453 fue sancionada por el Parlamento en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, con el voto positivo de todos los partidos políticos. Entre ellos el peronismo, el PRO, la UCR, la Coalición Cívica, fuerzas provinciales e izquierda.

Luego fue refrendada y actualizada en 2022 prácticamente por unanimidad de diputados y senadores.

La norma ordena el proceso de integración sociourbana de barrios populares creados antes de 2021. Genera un marco legal y técnico integral. Define parámetros generales y ofrece nuevas herramientas para que tanto la Nación, como las provincias y los municipios puedan aportar a la solución.

Hasta fines de 2023 la ley se convirtió en la base de un sólido andamiaje normativo que permitió el desarrollo de políticas en beneficio de amplios sectores. Por ejemplo, a través del Fondo de Integración Sociourbana (FISU), un financiamiento específico y transparente.

“La aprobación de la ley 27.453 representó un compromiso del Estado a largo plazo para revertir una desigualdad histórica”, afirmó Fernanda García Monticelli, excoordinadora del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) y subsecretaria de Gestión de Tierras y Servicios Barriales de la Nación entre 2020 y 2023.

La integración sociourbana, agrega la hoy directora ejecutiva del Cisur, “es un proceso integral y progresivo, que combina diversas dimensiones, tanto jurídicas y técnicas como de políticas públicas”.

Propiedad

El proyecto de Ley de Inviolabilidad se propone reordenar el sistema normativo a partir de una lectura que pretende colocar al derecho de propiedad privada en una posición de supremacía frente a otros derechos y principios de igual jerarquía constitucional.

Para ese fin se construye un falso antagonismo entre propiedad privada y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Como si la intervención estatal orientada a garantizar el acceso a la vivienda, la integración urbana o la reducción de desigualdades estructurales fuera, en sí misma, una amenaza a la propiedad privada y al orden constitucional.

En realidad, evalúa García Monticelli, “en esa operación discursiva y jurídica se recupera el concepto de derechos absolutos, en lugar de derechos que deben ser armonizados de modo razonable, resguardando especialmente a los sectores que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad”.

Además del cambio previsto en la Ley 27.453, la iniciativa gubernamental busca elevar los requisitos del Estado para promover el acceso a la vivienda, mientras por otro lado procura ampliar la protección indemnizatoria del propietario original.

También prevé acelerar los procesos judiciales de desalojo y restitución de inmuebles, en favor del titular dominial y en contra del derecho a la vivienda adecuada de la parte más vulnerable.

“El proyecto introduce tensiones críticas en la política de integración sociourbana, donde resulta indispensable sostener un rol activo y coordinado del Estado”, advierte García Monticelli.

En este sentido, señala, la reforma vulnera la prohibición de regresividad reconocida en el derecho constitucional y en instrumentos internacionales, según los cuales una vez alcanzado un determinado nivel de protección de derechos, no es admisible retroceder. 

Resultados

Vale recordar que mediante la aplicación de políticas públicas en el marco de la ley 27.453 se logró ampliar la seguridad jurídica para las más de cinco millones de personas que viven en los 6.467 barrios populares existentes en el país, que hoy pueden habitar una vivienda sin riesgos de desalojos (la ley evitó esas intervenciones en 440 barrios).

A su vez, la entrega de más de 850 mil certificados de vivienda familiar representa un compromiso del Estado en reconocer los derechos sobre la vivienda a los habitantes de los barrios populares, y les permitió una ampliación concreta de diversos derechos postergados.

El certificado de vivienda familiar, además de certificar la posesión, habilita la conexión de servicios públicos y prestaciones de salud, previsionales y educativas, entre otros usos posibles.

El marco jurídico creado permitió avanzar con obras de integración con un alcance inédito en el país, gracias a los esfuerzos coordinados entre el gobierno nacional, gobiernos provinciales y locales y organizaciones de la sociedad civil.

Se realizaron más de 1.323 obras en más de 1.200 barrios entre 2020 y 2023, mientras en total se concretaron más de 180 mil conexiones a los servicios básicos (agua, gas, cloacas, electricidad).

Mujeres

La normativa habilitó el mejoramiento de viviendas en situación crítica priorizando a las mujeres responsables de los hogares, mediante un enfoque de género. A través del Programa Mi Pieza, más de 250 mil mujeres pudieron mejorar sus viviendas.

Asimismo, el marco jurídico hoy en vías de desaparición tiene como componentes primordiales la gestión popular, la participación y la transparencia. Entre otras cosas, la ley establece que el 25 por ciento de las obras deben ser ejecutadas por cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía popular.

Como resultado, 334 entidades de la sociedad civil participaron ejecutando obras.

La inversión en la integración sociourbana también generó un impacto sociolaboral, con 339 mil puestos de trabajo, mayoritariamente habitantes de barrios populares, a través de las diferentes líneas de acción,

Además de integrar los barrios ya creados, la ley vigente es preventiva: dispone la creación de nuevo suelo urbano (lotes con servicios) para evitar nuevas ocupaciones informales, disminuir la conflictividad y promover el crecimiento urbano planificado. Se generaron así más de 24 mil lotes con servicios.

La ley actual es considerada una referencia nacional e internacional. Diferentes aspectos de sus diseños y programas fueron premiados y/o evaluados positivamente por prestigiosas instituciones y organismos especializados en temas de hábitat tanto nacionales como internacionales: Urban Housing Practitioners Hub (UHPH), Lincoln Institute of Land Policy, Cippec, Conicet, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Observatorio de la Deuda Social (UCA), entre otros. 

Regresión

El proyecto oficial propone derogar aspectos esenciales, los más importantes (pero no los únicos) son: la suspensión de los desalojos; la declaración de utilidad pública y la posibilidad de expropiar tierras de titularidad dominial privada donde se asientan los barrios, y diversas atribuciones del Poder Ejecutivo Nacional en las políticas de integración sociourbana.

La propuesta de cambios suprime artículos que componen el núcleo central de la ley, cuyo abordaje integral contiene dimensiones interrelacionadas y amenaza la continuidad de la política de integración en su totalidad.

El principal fundamento esgrimido por los funcionarios es la supuesta ineficacia de la ley en materia de la irregularidad en la tenencia. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, declaró que en siete años de vigencia, tan solo el 0,08 por ciento del suelo de los barrios populares ha obtenido el título de propiedad privada, y por lo tanto no funcionó.

El porcentaje presentado es incomprobable y no proviene de una fuente oficial. Lamentablemente, no existen indicadores nacionales sobre la cantidad de suelo regularizado, toda vez que ello depende de acciones realizadas por municipios, provincias, institutos de vivienda, privados y otros actores que pueden llevar adelante un proceso de escrituración y no están registrados a nivel nacional.

Para García, el argumento libertario “es falso”, porque la escrituración supone una previa adaptación del barrio a la normativa urbana, y ello no es posible sin antes realizar las obras de infraestructura.

La realidad es que a fines de 2023 estaban en curso obras en más de 1.300 barrios, que pronto iban a habilitar las condiciones de escriturar, pero que fueron suspendidas.

El gobierno considera además que la regularización dominial es solo la entrega de escrituras, cuando se trata de un proceso progresivo que comienza con el reconocimiento estatal de la posesión.

Lo real es que con este marco normativo fueron entregados 850 mil certificados de vivienda familiar, avance exitoso según estándares internacionales. 

Por otra parte, si bien se propone ampliar el acceso a la propiedad privada a los barrios populares, en concreto el proyecto gubernamental no ofrece una alternativa a la regularización del dominio.

Al contrario, suprime un instrumento estratégico como es la expropiación, que sirve para utilizar en aquellos casos en donde no hay otra opción más eficiente.

Desalojos

El secretario de Transformación del Estado del Ministerio de Desregulación, Maximiliano Fariña, llegó a afirmar que con la aprobación del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada “no se verá afectada la integración sociourbana de ninguno de los barrios populares de nuestro país”.

En verdad, es claro el riesgo de suspender la prohibición de desalojos, ya que el proceso de integración sociourbana supone seguridad en la tenencia (no desalojar), integración urbana (regularizar infraestructura y servicios) y escriturar.

Toda vez que estas dimensiones se encuentran interrelacionadas, la desconsideración de una de ellas afecta la totalidad del proceso.

El ministro Sturzenegger sostiene además que la ley “bloqueó cualquier posibilidad de cambio, no permitió que los privados puedan hacer arreglos con las personas, a las que dejó una situación de indefensión y de indeterminación sin los derechos de propiedad absolutos”.

La ley 27.453, en rigor, no impide ninguna estrategia de regularización dominial. Los instrumentos respectivos están explícitamente mencionados en el marco regulatorio de 2023 que se oficializó en cumplimiento del artículo 6 inciso 4 de la norma.

En resumen:

• La Ley 27.453 defiende el derecho de propiedad privada reconocido en la Constitución Nacional. Lo que pretende es convertir en propiedad la tierra en la que viven los habitantes de los barrios populares, para que puedan tener los mismos derechos y obligaciones que todos, incluido el pago de los impuestos correspondientes.
• La norma contempla la expropiación como una herramienta que habilita el resarcimiento a los titulares dominiales de las tierras donde se asientan los barrios populares, y establece la capacidad de intervención del Estado.
• La suspensión de desalojos es estratégica ya que garantiza la seguridad en la tenencia y habilita el proceso de regularización. Su eliminación expone a millones de personas a situaciones de mayor vulnerabilidad, interrumpe procesos de integración y genera incertidumbre.
• En muchos casos quienes dicen ser titulares e inician los procesos de desalojo son especuladores que no tienen la documentación en regla para demostrar que lo son.
• Con el proyecto de modificación no se agregan nuevos instrumentos reales de regularización dominial.

Si se aprueban las modificaciones propuestas, concluye García Monticelli, “se ponen en riesgo todos los esfuerzos realizados –mejoras en los barrios y viviendas, emisión de certificados, regularización de la tenencia– porque los habitantes de esa villas y asentamientos quedan desprotegidos y no solo podrían ser desalojados, sino que se haría imposible cualquier intervención urbana”.