Tuvo que pasar casi medio siglo para que la quimera del dictador Jorge Rafael Videla se convirtiera en una realidad brutal: la “cría del Proceso” instalada en la Casa Rosada. En un discurso de 1977, el general Videla elucubraba la continuidad del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” a partir de un ensamble de dirigentes políticos, sindicales y de la sociedad civil que enarbolaran las banderas de la “guerra contra la subversión”, el neoliberalismo y el orden conservador en una futura democracia tutelada. Esos preceptos “modernizados”, sumados al negacionismo y los nuevos postulados de la ultraderecha, cristalizaron en La Libertad Avanza.

Desde los debates de 2023 entre los candidatos a presidente y a vice, la sociedad tiene en claro el pensamiento prodictadura de Javier Milei y Victoria Villarruel. Por eso no se sorprende, aunque sí repudia (al menos un sector significativo), cuando algún integrante o simpatizante de ese espacio político, desde cualquier rincón del país, lanza una apología del golpe, el terrorismo de Estado o aquellos tiempos de noche y niebla.

Entre el lejano 1977 de Videla y el muy cercano 2023 de Milei se sucedieron distintos intentos para que esa “cría del Proceso” creciera y formara un partido político, al estilo de los seguidores del dictador chileno Augusto Pinochet en la Unión Demócrata Independiente (UDI), solo por citar un ejemplo vecino.

Videla primero y Roberto Viola después pergeñaron el Movimiento de Opinión Nacional (MON) e intentaron hacerlo marchar durante la etapa dialoguista de la dictadura, en la que civiles colaboracionistas se sumaron a la causa: ministros (el desarrollista Oscar Camilión), gobernadores (el ruralista bonaerense Jorge Aguado; Horacio Guzmán, del Movimiento Popular Jujeño) e intendentes (es más larga de lo que suele creerse la lista de radicales, desarrollistas, vecinalistas y hasta peronistas que ocuparon cargos en la dictadura).

Desde el comienzo de la dictadura, dos referentes de agrupaciones políticas tradicionales se habían prestado a sostener el andamiaje autoritario: los embajadores en Italia, Rafael Martínez Raymonda (Partido Demócrata Progresista), y en Portugal, Américo Ghioldi (Partido Socialista Democrático).

La ilusión de armar un Partido Militar deslumbró a más de uno. No puede pasarse por alto el fallido intento del almirante Emilio Massera con su Partido para la Democracia Social.

“Este Proceso no ha podido generar su descendencia”, se lamentaba en mayo de 1983 el último ministro del Interior de la dictadura, el general Llamil Reston. Los partidos de centroderecha y de derecha no pudieron unificar un discurso y reagruparse en torno a una candidatura común por sus tensiones internas, sobre todo en materia económica. Este desgajamiento contribuyó al nacimiento de agrupaciones vecinalistas que intentaron seguir aquellos sueños del MON. En este grupo se ubica Acción Comunal de Tigre, fundado por Ricardo Ubieto, que estuvo al frente de la intendencia de ese distrito bonaerense en dos etapas: 1979-1983 y 1987-2006.

En las elecciones presidenciales de 1983, varios de los viejos adherentes al régimen intentaron limpiar su pasado y se integraron a fuerzas de derecha como la Unión del Centro Democrático (UCD), comandadas por el capitán ingeniero Álvaro Alsogaray, y la Alianza Federal, una coalición integrada por el Partido Federal, presidido por otro exmilitar, Francisco Manrique, y la Fuerza Federalista Popular (Fufepo), conformada por un puñado de partidos provinciales.

Otros casos. El excanciller Nicanor Costa Méndez, integrante de dos dictaduras, se afilió al Partido Federalista de Centro, uno de los considerados “cría del Proceso”. Y el afamado polista Alberto Pedro Heguy se sumó al Movimiento Federalista Pampeano, perteneciente a la Fufepo. En plena democracia, en 1999, Heguy continuaba añorando el pasado. En una entrevista dijo que Videla era un “Cristo pagano”.

Una herencia molesta

La “cría del Proceso” encontró resquicios para avanzar –a veces en silencio, a veces con prepotencia– en otros ámbitos de la vida del país: el Poder Judicial, el sindicalismo, el empresariado, la Iglesia… Y hasta logró llevar su ideario a sectores que, a priori, se manifestaban contrarios al legado de la dictadura.

Peronistas y radicales no fueron la excepción. Algunos ejemplos extremos: Ricardo Yofre fue subsecretario general de la Presidencia de Videla, ideólogo civil de “la cría” y luego un estrecho colaborador de Raúl Alfonsín durante la campaña de 1983, creador –según sus palabras– de la estrategia mediática sobre un supuesto pacto militar-sindical entre representantes de la dictadura y dirigentes peronistas para garantizar la impunidad de los integrantes de las Fuerzas Armadas que habían participado del terrorismo de Estado.

En el peronismo de finales de la dictadura militaban Acdel Vilas, primer jefe del Operativo Independencia, que desplegó la represión ilegal en Tucumán, y Alberto Ottalagano, exinterventor de la UBA, autor del libro Soy fascista, ¿y qué?

¿Y cuántos puntos de contacto se pueden establecer entre las dos gestiones presidenciales de Carlos Menem y la dictadura que lo tuvo como preso político? Una conexión, quizá la principal, sea el plan económico llevado adelante por Domingo Cavallo, también exfuncionario de la dictadura, en continuidad con el urdido por José Alfredo Martínez de Hoz.

Como si nada hubiera sucedido

En la década de 1990, con la excusa de la “reconciliación nacional”, el menemismo alentó la desmemoria y varios protagonistas de la dictadura retornaron al escenario público.

Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los indultos favorecieron la transformación de no pocos procesistas en incipientes demócratas, que se sumaron a los ya conversos.

La Convención Constituyente de 1994 evidenció este extraño escenario. El texto de la nueva carta magna fue firmado por antiguos colaboracionistas del régimen impuesto por las Fuerzas Armadas. Algunos nombres relevantes: el general retirado Antonio Bussi (gobernador de Tucumán y jefe del Operativo Independencia), Leopoldo Bravo (Partido Bloquista de San Juan, embajador en la Unión Soviética), María Cristina Guzmán (Movimiento Popular Jujeño, embajadora en la OEA), José Antonio Romero Feris (Partido Autonomista de Corrientes, embajador en Costa Rica) y Alberto Natale (Partido Demócrata Progresista, intendente de Rosario).

A esa lista debe sumarse al exteniente coronel Aldo Rico, líder del movimiento carapintada que se alzó contra la democracia en 1987 y 1988.

El negacionismo de los 90 encumbró a varios personajes emblemáticos:

• El general Antonio Bussi fue gobernador de Tucumán entre 1995 y 1999, por el partido que había fundado años atrás, Fuerza Republicana. En 1989, había pretendido dar un salto nacional y se candidateó para presidente. Sacó 185 mil votos. Por su responsabilidad mientras ejerció como gobernador al comienzo de la dictadura y jefe del Operativo Independencia fue condenado por crímenes de lesa humanidad. No pudo asumir como diputado nacional ni como intendente de San Miguel de Tucumán por las causas en que era investigado. Murió detenido en 2011. Su hijo, Ricardo Bussi, heredó el partido, que puso a disposición de Milei en las elecciones de 2023.

• El capitán de navío Roberto Ulloa fue gobernador de Salta entre 1991 y 1995 por el Partido Renovador. Antes había ejercido el cargo durante casi toda la dictadura, entre 1977 y 1983. Murió en 2020 sin haber sido llevado a juicio por las causas de desapariciones en su provincia.

• El coronel José Ruiz Palacios fue intendente de Resistencia entre 1989 y 1991 por Acción Chaqueña. También ocupó una banca como diputado nacional y provincial. En la dictadura, se desempeñó como gobernador de su provincia, entre 1981 y 1983. Murió en 2001.

• El militar nacionalista y veterano de Malvinas Aldo Rico atentó contra la democracia durante la presidencia de Raúl Alfonsín en los alzamientos de Semana Santa y Monte Caseros. Indultado por Menem, fundó el Movimiento por la Dignidad y la Independencia (Modín). Fue aliado de los gobernadores bonaerenses Eduardo Duhalde y Carlos Ruckauf, diputado nacional, intendente de San Miguel y ministro de Seguridad provincial. En la actualidad, aunque está alejado de la vida política, adhiere al gobierno de Milei.

• El expolicía bonaerense Luis Abelardo Patti fundó el Partido Unidad Federalista (Paufe) y fue intendente de Escobar entre 1995 y 2003. El presidente Menem lo designó para investigar el asesinato de la joven María Soledad Morales en Catamarca. También ejerció como interventor del Mercado Central. Sus intentos por llegar a la gobernación bonaerense, en 1999 y 2003, no tuvieron éxito. En 2005, fue elegido diputado nacional, pero la Cámara baja se opuso a su asunción por las causas que se le seguían por delitos de lesa humanidad. Sobre él pesan cuatro condenas a prisión perpetua.

• Los exintendentes de la ciudad de Buenos Aires Osvaldo Cacciatore y Guillermo del Cioppo tuvieron también su chance electoral. El exbrigadier Cacciatore, a cargo del gobierno porteño entre 1976 y 1982, quiso llegar a la Cámara de Diputados en la lista de la UCD en los comicios de 1993 y cuatro años más tarde intentó, sin suerte, ocupar una banca en la Legislatura metropolitana con su Partido Acción Institucional. Por su parte, Del Cioppo, el último intendente de facto, era un militante del Movimiento Línea Popular, otra “cría del Proceso”. En los 90 fue candidato a diputado nacional por el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) (en la actualidad, el referente más conocido de ese partido es Oscar Zago, exdiputado de La Libertad Avanza).  

El resplandor de la pesadilla

Más cerca en el tiempo, en la PASO de 2017, dos listas compitieron sin suerte en ganarse las voluntades de los nostálgicos de la dictadura, con eje en lo que denominan “memoria completa” y la defensa del terrorismo de Estado. Descontentos con la política de derechos humanos llevada adelante por el gobierno de Mauricio Macri, decidieron lanzarse por su cuenta.  

Una de ellas, el Partido El Movimiento, se presentó en CABA. El primer precandidato a diputado nacional fue el general retirado Heriberto Justo Auel, un firme defensor de la dictadura. No alcanzó los 6 mil votos.

La otra, Todos por Buenos Aires, apenas superó los 17 mil sufragios en territorio bonaerense. Su lema: “Es tiempo de militar por la Patria” (en las publicidades, la palabra “militar” está resaltada). El primer precandidato a diputado nacional fue Arturo Larrabure, vicepresidente del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), la organización fundada por Victoria Villarruel. Desde 2024 es funcionario en el área de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa.

En pleno avance de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, en tiempos del kirchnerismo, Eduardo Duhalde había dicho que soñaba con una Argentina que incluyera “al que quiere a Videla y al que no lo quiere”. Ese extraño deseo sin memoria terminó convirtiéndose en un presagio.