La cercana primavera de 1955 entibiaba las esperanzas de fuerzas minoritarias, desplazadas desde hacía un decenio del control de los resortes institucionales y menguadas en sus intereses económicos.

Para recuperar el terreno perdido unían sus voluntades militares e intelectuales, religiosos y grandes empresarios, universitarios y amplios contingentes de una clase media que deploraba prácticas que consideraba “autoritarias” y “corruptas”.

La cúpula de la Iglesia católica proporcionó el aglutinante, mientras las principales potencias de Occidente daban aliento a los grupos sublevados. En la dramática coyuntura, el “dictador” estaba acorralado y debía pagar con su vida tanto oprobio, tanta opresión. Para sustituir al odiado régimen, se había acordado un triunvirato civil respaldado por el Ejército y la Marina.

Los uniformados leales al gobierno constitucional sofocaron el intento rebelde convertido en furor fratricida. Sin embargo, los mensajeros de la muerte lograron instalar con crudeza el recelo entre los “grasitas” y “descamisados” que, en multitudes, sostenían al líder y constituían la amplia base de su movimiento.

Se dejaba entrever el comienzo de un largo tiempo de persecuciones, empobrecimiento, cesión de soberanía mediante la entrega de riquezas a extranjeros y pérdida de derechos políticos y sindicales.

Desde el mediodía y en las primeras horas de la tarde, escuadrillas de aviones de la Armada y la Aeronáutica transformaron sus explosivos en centenares de muertos y miles de heridos civiles. Incluso niños y niñas de paso por la Plaza de Mayo, en pleno centro de Buenos Aires.

Aun sin ser el único antecedente, el proceso de formación del Estado terrorista moderno en la Argentina, el que se desplegó con toda intensidad en 1976-1983, puede ser datado a partir de aquel inusitado bombardeo en las cercanías del Río de la Plata.

El bautismo de sangre (ajena) manchó, setenta años atrás, a los ejecutores militares y civiles de la traición, presurosos para concretar el escarmiento.

El poder debía continuar en manos de las oligarquías autopercibidas como encargadas legítimas del diseño de país y sus reglas de juego.

Aun si para recuperar los privilegios perdidos hubiese que llegar al extremo de asesinar a quienes consideraban “usurpadores” momentáneos de la conducción del Estado. Y a cientos de transeúntes indefensos.

Antecedente

La insólita virulencia antigubernamental, el fuego de la metralla y la contundencia de los explosivos fueron precedidos por la movilización de Corpus Christi, fecha religiosa que debió conmemorarse el jueves 9 pero que la jerarquía eclesiástica decidió postergar hasta el sábado 11 a fin de sumar una mayor participación de creyentes.

Sin permiso oficial, la desafiante convocatoria dio lugar a una manifestación contundente, que terminó representando un claro reto al gobierno. Durante el acto, según denunciaron las autoridades, se arrió y fue quemada una bandera nacional.

En vez del pabellón celeste y blanco, al frente del Congreso nacional flameó la enseña del Vaticano, formada por dos franjas verticales de colores amarillo y blanco, con el dibujo de las llaves del Reino de los Cielos.

En desagravio, el gobierno organizó una contramanifestación para el siguiente martes, 14 de junio, ocasión en la que se advirtió a la Iglesia de que se tomarían severas represalias si continuaban los desbordes alentados desde el episcopado.

“Ese mismo día, en un discutible ejercicio de autoridad, (Perón) relevó a dos dignatarios de la Iglesia de sus cargos eclesiásticos (los obispos Manuel Tato y Ramón Novoa) y ordenó su  expulsión del país”, refiere el investigador estadounidense Robert Potash. Para los sublevados no había nada más que esperar.

El objetivo principal de los aviadores y de los comandos civiles de apoyo, aquel 16 de junio, era asesinar al presidente y a los miembros de su gabinete. Liquidado Perón, debía entronizarse un triunvirato civil integrado por Miguel Ángel Zavala Ortiz (dirigente de la UCR), Américo Ghioldi (Partido Socialista) y Adolfo Vicchi (Partido Conservador).

El ataque

Un centenar largo de bombas con explosivos estimados entre 9 y 14 toneladas cayó en su mayor parte sobre las céntricas plazas porteñas de Mayo y Colón. La inusitada lluvia regó la franja de terreno que va desde el Ministerio de Ejército (ubicado en el Edificio Libertador) y la Casa Rosada, en el sureste, hasta la Secretaría de Comunicaciones (situada en la sede del Correo Central) y el Ministerio de Marina, en el noroeste.

Doce de las víctimas mortales causadas por el ataque se encontraban dentro de la Casa de Gobierno, en la que impactaron veintinueve bombas, de las cuales seis no estallaron.

El resto de las bombas y proyectiles de grueso calibre disparados desde los aviones, y también por los infantes de Marina que intentaron asaltar la Casa Rosada, estuvieron dirigidos a una población que  atravesaba casualmente esos espacios públicos.

El horror había comenzado poco después de las 12.30 y los ataques se sucedieron hasta las 17.40. Además de la Plaza y la Casa de Gobierno, los aviadores buscaron hacer blanco en el Departamento Central de Policía y en la residencia presidencial (ubicada entonces en Barrio Norte, donde hoy se erige la Biblioteca Nacional). También se disparó sobre las columnas del Regimiento 3 de Infantería “General Manuel Belgrano”, que salieron del cuartel de La Tablada hacia Plaza de Mayo; el aeropuerto internacional de Ezeiza; una concentración obrera en inmediaciones de la avenida General Paz y Crovara, y las antenas de Radio del Estado –en la terraza del Ministerio de Obras Públicas, emplazado en la avenida 9 de Julio– y de Radio Pacheco (nudo de enlace de las comunicaciones radiotelefónicas) en la localidad bonaerense del mismo nombre.

La CGT, en tanto, no recibió ataques directos porque un suboficial de la Armada se negó a transmitir la orden dada en ese sentido por uno de los jefes de la conspiración, el contralmirante Aníbal Osvaldo Olivieri, hasta ese momento ministro de Marina.

Tres centenares de agentes armados (los llamados “comandos civiles”) intervinieron a la vez en acciones colaterales como la ocupación de Radio Mitre, cuyos micrófonos lanzaron una proclama que dio a Perón por muerto. Trabajadores de la emisora lograron luego suspender la salida al aire.

El papel de esos grupos opositores, sin embargo, fue secundario por la demora en el comienzo de las operaciones aéreas, inicialmente programadas para las 10, debido a que Buenos Aires estaba cubierta de nubes bajas que impedían el bombardeo.

Mutismo

Medio siglo duró el silencio sobre los crímenes de aquel dramático día. El olvido impuesto como política de Estado tuvo como consecuencia el desconocimiento prácticamente generalizado de los detalles del bombardeo sobre la emblemática plaza. El espacio simbólico del diálogo entre el pueblo multitudinario, su conductor y su (tan presente en la memoria de los humildes) compañera Eva.

Con excepción de comunicaciones clandestinas, solo circuló sobre la masacre la tergiversada versión propalada por los “vencedores”. Un tosco relato que oscureció la visión de generaciones.

La tiniebla fue sostenida por la escritura de la historia (la descarada manipulación de la que se encargaron historiadores varios) y se extendió durante el largo período de proscripción política sufrido por el movimiento político y social mayoritario.

Lo que muy pronto se sostuvo sobre el bombardeo (y acerca de una de sus derivaciones inmediatas, la quema de iglesias la misma noche del 16) fue el relato de los golpistas y sus aliados, que responsabilizaron al propio Perón.

La realidad es que, al rendirse los sublevados, el líder justicialista pidió al pueblo “que se mantenga en calma” y que no se uniera “a la infamia de los atacantes, nuestra propia infamia”.

Pero sus palabras no fueron suficientes para los grupos que salieron a vengar las muertes y los heridos en la Plaza.

A poco de anochecer, esa misma jornada de los bombardeos, grupos simpatizantes del gobierno incendiaron la Curia metropolitana y las iglesias porteñas de Santo Domingo, San Francisco, San Ignacio, de la Merced, San Miguel, San Nicolás, La Piedad, San Juan Bautista y del Socorro.

El vandalismo fue repudiado por Perón, que calificó esos hechos como “execrables y sacrílegos”. Y a quienes cometieron los desmanes los tildó, curiosamente, de “facinerosos vinculados al comunismo” (el comité central del PC, sin embargo, emitió una rápida desmentida).

Reivindicación

Luego del ataque a templos católicos, la inusitada saña de los aviadores homicidas fue, más que motivo de repudio, un acto justificado de un modo u otro por los sectores opositores, principalmente políticos radicales, socialistas y conservadores.

La UCR no solo no condenó a los masacradores. Fue más allá: culpó al gobierno nacional.

El comunicado emitido por el Comité Nacional del radicalismo, difundido el 29 de junio con las firmas de Federico Fernández de Monjardín, secretario, y Arturo Frondizi, presidente, señaló: “La revolución del 16 de junio es producto del régimen. Mientras no cese el sistema totalitario que lo caracteriza, subsistirán las causas del estallido. Solo se evitarán con la libertad (…) Las instituciones armadas no deben intervenir en política pero tampoco poner su fuerza al servicio de un gobierno que suprime las libertades y entrega la soberanía del país (…) Esta pacificación que propone deja intactas todas las causas del malestar nacional, porque su finalidad no es abrir una etapa de recuperación y trabajo, sino encubrir con el silencio de todos los argentinos la entrega espiritual y material del país (…) la responsabilidad de los trágicos sucesos del 16 de junio de 1955 es enteramente del gobierno”.

Tres semanas después del bombardeo y de la quema de iglesias, Perón, en su llamado a la conciliación nacional, deslindó la responsabilidad de los partidos políticos por el fracasado levantamiento, “aunque alguno de sus hombres puedan haberlo hecho en carácter personal”.

El 27 de julio Frondizi fue autorizado a hablar por Radio Belgrano y su cadena de emisoras. En su célebre discurso, quien sería el próximo presidente civil, casi tres años después, reclamó transformaciones de fondo en los aspectos económicos, sociales e internacionales y una amplia ley de amnistía para aquellos que hubiesen sido perseguidos por ideales políticos.

El presidente de la UCR pasó por alto en su alocución el sangriento bombardeo sufrido por ciudadanos indefensos apenas semanas atrás. Pronunció, en cambio, catorce veces la palabra “libertad” y sintetizó la posición de su partido al advertir que “no puede haber pacificación del país si previamente no se restituyen al pueblo todas sus libertades”.

Demandó, en ese sentido, el retorno de la Constitución de 1853 al tiempo que defendió objetivos moralizantes y de sentido democrático. Agregó: “Las Fuerzas Armadas, creadas, sostenidas e integradas por el pueblo argentino para la defensa de la soberanía y de la Constitución Nacional, no deben intervenir en política, pero tampoco deben amparar a los regímenes que suprimen las libertades o atentan contra la soberanía del país”.

El derrotero de los sublevados

La cronología posterior al ataque de los sediciosos contabiliza que el 17 de junio se detuvo al hasta entonces ministro Olivieri y al contralmirante Samuel Toranzo Calderón. En las semanas siguientes, del millar de efectivos que habían participado del bombardeo fueron procesados solo 34 oficiales de la Armada, diez oficiales y un suboficial de la Fuerza Aérea y un único oficial del Ejército.

Se condenó además a reclusión por tiempo indeterminado a trece oficiales de la Marina y la Fuerza Aérea, acusados del delito de “rebelión militar”.

Faltaba, en aquel día de luto, poco más de un mes para que se cumpliera el tercer aniversario de la muerte de Evita. ¿Hubiera cambiado su presencia el curso de los acontecimientos? El propio Perón recordaría tiempo después, ya en el exilio: “Si Eva hubiera estado viva el 16 de junio de 1955, quizás hubiera exigido el fusilamiento de los rebeldes”.

La triste realidad es que fueron los “libertadores” que tres meses después interrumpieron el curso democrático del país quienes fusilaron (al general Juan José Valle y camaradas de menor rango) y perpetraron el crimen múltiple en los basurales de José León Suarez. Esto último, días antes del primer aniversario del bombardeo.

Los tres ayudantes del contraalmirante Olivieri, el traidor ministro de Marina y jefe de la conspiración del 16 de junio, eran los entonces jóvenes capitanes de fragata Emilio Massera (integrante de la Junta Militar después de 1976), Horacio Mayorga (involucrado en la masacre de Trelew en 1972) y Oscar Montes (canciller de la última dictadura).

Los pilotos que huyeron a Uruguay luego del bombardeo fueron recibidos por Guillermo Suárez Mason, prófugo de la Justicia argentina desde su participación en el intento de golpe de 1951 y luego poderoso comandante del Primer Cuerpo del Ejército.

Entre ellos se encontraban Máximo Rivero Kelly, acusado de delitos de lesa humanidad como jefe de la Base Almirante Zar de Trelew y de la Fuerza de Tareas 7 de la zona norte de Chubut; Horacio Estrada, jefe del grupo de tareas de la ESMA; y Eduardo Invierno, jefe del Servicio de Inteligencia Naval en la dictadura.

Criminales y luego integrantes de regímenes represivos y genocidas fueron también Carlos Fraguio, jefe de la Dirección General Naval en 1976 con responsabilidad en “chupaderos” como la ESMA y otros; Carlos Carpintero, secretario de prensa de la Armada en 1976; Carlos Corti, su sucesor, y Alex Richmond, agregado naval en Asunción del Paraguay.

Entre los asesinos de la Fuerza Aérea, Jorge Mones Ruiz fue delegado de la SIDE de La Rioja, mientras que Osvaldo Cacciatore tuvo a su cargo instalar el “orden” como intendente de la ciudad de Buenos Aires.