En los últimos días, dos noticias financieras sacudieron el panorama económico nacional y generaron un entusiasmo desmedido entre las más encumbradas figuras del gobierno nacional. Lo que se avizora en el horizonte es que el país está en la línea de largada de un nuevo ciclo de endeudamiento, como ya vivió en el período 2018-2019, aunque todavía no está claro cuál será esta vez la magnitud de la nueva deuda.

Ambas noticias se dieron en el marco de la presencia en Washington del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y sus principales laderos, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el secretario de Programación Económica y virtual viceministro, José Luis Daza, junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, en el marco de la Asamblea Anual conjunta del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

Allí se anunció primero, el pasado miércoles por la noche, que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) habían aprobado entre los dos organismos créditos para el país por 8.800 millones de dólares. Los fondos se destinarán a proyectos de protección social, educación, energías renovables y minería sostenible, entre otros.

El jueves y el viernes, en el contexto de reuniones con inversores y bancos de inversión del exterior, y tras una entrevista cara a cara de Caputo con la directora gerente el FMI, Kristalina Georgieva, el propio titular del Palacio de Hacienda anticipó que se iniciaron las conversaciones con el Fondo para un nuevo acuerdo que implicaría el desembolso de fondos frescos.

Esto fue ratificado por Luis Cubeddu, el jefe de la misión del FMI para la Argentina, quien admitió que “las autoridades argentinas están explorando opciones para ver si pasan a un nuevo programa. Esperamos poder dar más información al respecto en las próximas semanas”.

El vigente acuerdo de facilidades extendidas finalizará a fin de año, pero todavía falta que se cumplan y aprueben la novena y décima revisiones trimestrales. El principal problema hacia adelante es que empieza a complicarse el perfil de vencimientos a partir de 2025.

La hora de los bancos

En este contexto, el ministro de Economía aseguró que ya está casi cerrada la negociación con bancos privados para una línea de crédito de recompra de deuda (REPO o repurchase agreement) que sería por tres años. El objetivo es cubrir de esa manera un vencimiento de 4.800 millones de dólares con acreedores privados, surgido del canje de deuda de 2020.

De ese total, unos 1.700 millones corresponde a intereses y ya fueron depositados por el Tesoro en el Banco de Nueva York. Los REPO tendría garantía de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal), emitidos por el Banco Central.

Al respecto, durante una entrevista con el influyente diario británico Financial Times, Luis Caputo admitió que el vencimiento de enero ya está cubierto y para otro similar en junio hay varias alternativas sobre la mesa. “En junio, si las tasas de interés lo permiten, refinanciaremos el capital y pagaremos los intereses utilizando nuestro superávit primario”, anticipó el ministro, pero dejó la puerta abierta: “Si las condiciones no están dadas, haremos los pagos de otra manera”.

Los memoriosos recordarán que la crisis de la deuda externa en los años 80, heredada del fenomenal endeudamiento tomado por la dictadura militar, tenía como principales acreedores a… los bancos internacionales.

En aquel momento, el Comité de Bancos Acreedores estaba presidido (para la Argentina, Brasil y México) por William Rhodes, número dos del Citibank, el principal acreedor privado del país. Cuatro décadas después, la modalidad sería otra, ahora está el REPO, pero algunos de los nombres de las entidades serían los mismos. En el pool de bancos prestamistas habría bancos estadounidenses y europeos.

Mirando el riesgo país

Todas esas noticias están relacionadas, generaron entusiasmo en los mercados y contribuyeron a una fuerte suba de los bonos soberanos. En consecuencia, la baja del riesgo país, que ya se venía dando desde hacía algunas semanas, se profundizó el pasado viernes, cuando quebró el piso de los mil puntos básicos por primera vez desde el 9 de agosto de 2019, justamente el último día previo a las PASO que Alberto Fernández le ganó en forma contundente a Mauricio Macri y que selló el resultado electoral de ese año.

Para el Gobierno, la euforia de los mercados representa, sin duda, una buena noticia. Y, en algún punto, ciertamente lo es, pero hay que leer la noticia en contexto para que el árbol no tape bosque.

El riesgo país es la sobretasa que la Argentina debe pagar por sobre la tasa de interés de referencia de Estados Unidos (definida por la Reserva Federal, el Banco Central de ese país) para tomar deuda. Con el riesgo país en 967 puntos básicos al cierre del viernes 25, el país debe pagar 9,67 por ciento de interés más 5 por ciento de tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que totaliza un costo del crédito de 14,67 por ciento anual en dólares.

Es verdad que Javier Milei asumió en diciembre pasado con un riesgo país en los 1.920 puntos (19,2 por ciento de sobretasa) y que la baja a los niveles actuales es notoria. Pero no existe ningún país serio que pueda colocar deuda en el mercado financiero, es decir, tomar dólares del sector privado a un costo cercano al 15 por ciento en dólares.

Nadie presta a esa tasa, para decirlo en buen criollo, porque es una tasa impagable. Solo para tener una referencia, la inflación en EE.UU. está hoy en torno al 2,5 por ciento anual.

El objetivo del Gobierno es “acomodar” el frente financiero primero para poder volver a los mercados voluntarios de deuda. El propio Caputo lo admitió en esta visita a los círculos financieros de Washington al anticipar que el objetivo es conseguir dinero de los mercados para los vencimientos de capital de junio de 2025, pagando con recursos propios del superávit fiscal los intereses que genere dicha deuda.

Para el Palacio de Hacienda la secuencia es simple. Hacer todos los deberes que piden los mercados y aún más: aplicar un fuerte ajuste del gasto público, lo que supone recorte de subsidios, suba de tarifas, recorte del empleo público, ajuste de jubilaciones y pensiones por debajo de la inflación, privatización de empresas públicas, para poner, finalmente, las cuentas en orden y generar superávit para el pago de la deuda.

Toda esta política “marketfriendly” contribuye a la bajar el riesgo país. Pero los compromisos de deuda imponen duras restricciones. La Argentina ya está devolviendo los 44 mil millones de dólares al FMI que se tomaron en 2018, aunque hasta ahora lo está haciendo con roll over (refinanciación del capital) con nuevos préstamos del Fondo.

Es una política que se implementó en la gestión de Alberto Fernández y Martín Guzmán en el Ministerio de Economía y continuó con Sergio Massa y ahora con Caputo en Hacienda.

Lo que viene es comenzar a pagar los cupones de capital del acuerdo con bonistas privados de agosto de 2020, tras el período de gracia establecido en el acuerdo. Ahí se complican las cuentas del Gobierno.

Mientras tanto, el verdadero riesgo país es el que se ve en la calle, con jubilados, asalariados y sectores vulnerables con empleos precarios, con ingresos que se ajustan muy por debajo de la inflación, recesión económica que no cede, pese al optimismo de los mercados, y una pobreza creciente en el marco del plan motosierra, del que se enorgullece el presidente Javier Milei.