“Muchos de los episodios aquí reseñados resultarán de difícil credibilidad.” Así comienza la introducción de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) al informe cuyo título se convertiría en lema y bandera: Nunca Más. “La enormidad de lo acontecido, la transgresión a los fundamentos mismos de la especie, provocará todavía aquel ‘¿será cierto?’ con que algunos intentaban sustraerse del dolor y del espanto –sigue el texto– pero también de la responsabilidad que nace del saber, del estar enterado, porque a ello sigue, inexorablemente, el preguntarse: ¿cómo evitar que pueda repetirse?”. A cuarenta años de la presentación de aquel informe que marcó un punto de inflexión en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia en la Argentina, el eco de esa pregunta sigue resonando.  

El informe fue entregado por la Conadep –encabezada por el escritor Ernesto Sabato– al entonces presidente Raúl Alfonsín la noche del 20 de septiembre de 1984, a solo diez meses de la recuperación de la democracia. El mandatario había impulsado la conformación de esa comisión con miembros de la sociedad civil. Tenía la compleja misión de reunir evidencias y testimonios sobre el accionar de la dictadura más sangrienta de la historia local y regional, que había orquestado un plan sistemático de aniquilación basado en la desaparición y asesinato de personas.  

El informe documentó la existencia de 340 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Las investigaciones que siguieron en el marco de los juicios y los trabajos de memoria mostrarían luego que los espacios utilizados para ese plan fueron alrededor de ochocientos en todo el país.  

El documento registraba 8.960 personas desaparecidas hasta el momento de la presentación. La cifra, tantas veces usada para cuestionar el reclamo por los 30 mil desaparecidos, muestra solo lo que se logró reconstruir hasta 1984, contra una maquinaria estatal que apelaba a la clandestinidad. Entre tantas explicaciones sobre el tema emerge una y otra vez la del escritor Martín Kohan: “Situarte en ocho mil casos es suprimir la dimensión clandestina e ilegal de la represión. Como si contáramos con toda la información. Es entrar en la lógica perversa de la dictadura que es: ‘¿Te enteraste de ocho mil? ¿Pudiste probar ocho mil? Entonces hay ocho mil’. No. Pude probar ocho mil y sabemos que hay miedo a denunciar (…) A esa clandestinidad de la represión, a ese cinismo macabro de no revelar dónde estaban los cuerpos de los desaparecidos y tener a los familiares buscando en muchos casos hasta hoy, al hecho macabro de que los secuestros producidos en aquel momento siguen siendo secuestros porque sigue habiendo hijos de desaparecidos que no sabemos dónde ni en manos de quién están, al hecho macabro de no dar esa información se responde con la cifra 30 mil, que es justamente la denuncia expresa de que la información fehaciente no la tenemos, y no la tenemos por el carácter criminal y clandestino de la dictadura”. 

Documentar el horror  

Además de Sabato, integraron la Comisión Ricardo Colombres, jurista y exministro de la Corte Suprema de la Nación; René Favaloro, cardiocirujano, e Hilario Fernández Long, ingeniero y rector de la Universidad de Buenos Aires destituido por el golpe de Estado de 1966. También había representantes religiosos: Carlos Gattinoni, obispo de la Comunidad Metodista; Marshall Meyer, rector del Seminario Rabínico Latinoamericano y rabino de la Comunidad Bet El, y el obispo católico Jaime de Nevares. Además, Gregorio Klimovsky, filósofo y profesor universitario que renunció a sus cátedras por el golpe de 1966; Eduardo Rabossi, filósofo y subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, y la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú.  

Cerca de un centenar de personas trabajó para elaborar el informe que se entregó hace cuarenta años. Todo fue contrarreloj: la Comisión se conformó el 15 de diciembre de 1983 y comenzó a sesionar el 27. Habían pasado 17 días desde el final de la dictadura. Les dieron un plazo inicial de seis meses, que se extendió luego a casi diez. Insuficiente para el caudal de información que, primero a cuentagotas y luego a borbotones, llegaba tanto a las oficinas que ocuparon todo el segundo piso del Centro Cultural General San Martín como a los puntos de encuentro que se dispusieron en distintos lugares del país.  

Unas semanas después del comienzo del trabajo empezaron las renuncias dentro del grupo de trabajadores del Ministerio del Interior que tomaba las denuncias de las víctimas. El horror de los relatos les resultaba insoportable. Los integrantes de la Comisión lo dejaron plasmado en el informe final: “Téngase en cuenta que al comienzo todo se hacía en dos oficinas y con personal cedido transitoriamente por el Ministerio del Interior que no tenía experiencia en la recolección de testimonios como los de las víctimas de la dictadura. Y que abandonó la Comisión poco más tarde porque no soportaba ‘la carga de espanto’ que emergía de cada denuncia. Largas, fatigosas, tremendas denuncias en las que un padre, una madre, una esposa, narraba su peregrinaje por Tribunales, ministerios, comisarías o cuarteles buscando en vano un dato sobre la suerte de sus seres queridos o –peor aún– describiendo entre sollozos la forma como habían torturado a sus hijos en su presencia”. 

Más de 50 mil páginas  

Lo que recibió Alfonsín el 20 de septiembre de 1984 fue un documento de más de 50 mil páginas con testimonios del horror en primera persona. Con relatos sobre métodos de tortura de los que no había registro en otras partes del mundo. Con pruebas de lo que había sido, sin resquicio para la duda, un plan sistemático.  

Dos meses más tarde Eudeba, la editorial de la Universidad de Buenos Aires, publicó una síntesis de quinientas páginas en forma de libro con el título Nunca Más. La primera edición, de 40 mil, ejemplares se agotó en 48 horas. A cuatro décadas, lleva once ediciones, 45 reimpresiones y 500 mil ejemplares publicados. Fue traducido al inglés, al portugués, al italiano, al alemán y al hebreo. 

Esos testimonios de sobrevivientes y familiares fueron insumos con los que los fiscales Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo armaron las pruebas para el Juicio a las Juntas. Y las citas del Nunca Más siguen apareciendo en los procesos judiciales que, tras la anulación de las Leyes de Impunidad y pese a los avances negacionistas y los intentos por entorpecerlos, continúan.  

El pacto y su vigencia  

“Tanto la investigación llevada a cabo por la Conadep como el informe Nunca Más han jugado un papel decisivo en múltiples planos en la Argentina y a nivel internacional. Primero, en el Juicio a las Juntas Militares y, luego, en los sucesivos procesos judiciales que le siguieron, especialmente en los últimos veinte años. Los testimonios recogidos por la Conadep, además, acompañan a los visitantes en sus recorridas por los distintos sitios de la memoria que hay en el país y aportan a la transmisión de conocimientos en las escuelas primarias y secundarias”, sostuvo Emilio Crenzel, doctor en Ciencias Sociales, investigador del Conicet y autor del libro La historia política del Nunca Más (Siglo XXI Editores), en diálogo con Somos Télam.

“La Conadep –agregó– también ha tenido un rol importante en la configuración de las más de treinta comisiones de la verdad que se crearon en el país y en el mundo, en especial en América latina, y que tomaron como ejemplo la experiencia argentina para elaborar sus propios informes e investigaciones acerca de crímenes de lesa humanidad, genocidios y violaciones a los derechos humanos, en muchos casos encubiertas por sus perpetradores.” Crenzel remarcó que “el Nunca Más y la Conadep son hitos de la historia argentina y parte del pacto fundacional de la democracia: el compromiso de que el horror vivido durante la dictadura militar no vuelva a repetirse, una apuesta a resolver los conflictos de esta sociedad sin el recurso a la violencia.”  

En un reciente encuentro en el Parque de la Memoria donde se conversó sobre la lucha por los derechos humanos en tiempos de Javier Milei, el juez federal Daniel Rafecas –a cargo de la megacausa que investiga los crímenes cometidos durante la última dictadura por el Primer Cuerpo del Ejército– recordó un hecho que a su juicio mostró la vigencia del Nunca Más: la reacción “contundente y masiva” contra el fallo que desde la Corte Suprema intentó instalar el 2×1 para represores condenados por crímenes de lesa humanidad. “Todo el mundo leyó que este tema –la posibilidad de liberar a represores– está fuera de la coyuntura política, que el proceso de juzgamiento a represores está absolutamente consolidado y forma parte del ADN de la sociedad argentina.”  

En abril de este año y ya con el negacionismo en el poder, otra marcha masiva recordó esa vigencia. Cuando miles y miles de personas salieron a la calle en defensa de la universidad pública, la consigna era movilizarse con un libro en la mano. Muchas y muchos eligieron alzar el Nunca Más.