El oficial Cayetano Grimau y Gálvez tiene 21 años y una misión por cumplir. Cabalga por los campos del sur de Córdoba con documentación importante del Congreso que acaba de proclamar la independencia el 9 de julio de 1816 y lleva pobre custodia, apenas un soldado cedido por el gobernador de la provincia mediterránea.  

En algún momento de la travesía, un terceto mal entrazado se les une y tal vez Grimau y Gálvez, intuyendo una amenaza, quiere tomar distancia. 

El encuentro con un carruaje que trasladaba a un diputado del Congreso, este sí con escolta, le proporciona la oportunidad, pero no consigue desprenderse de la indeseada compañía, y todos se confunden en una misma marcha. 

Entonces, en un descuido, en las cercanías de la posta Cabeza de Tigre, donde apenas seis años atrás Santiago de Liniers había sido fusilado por la Revolución en progreso, el jefe de los facinerosos, conocido como el inglés García, lo encañona y le exige la entrega de la documentación.  

Desprovisto de apoyo, porque los demás atienden su propio juego, no le queda más remedio que obedecer.  

Su preciada carga se pierde en manos de García y los suyos, que responden a las directivas del oriental José Gervasio de Artigas, enfrentado con la omnímoda Buenos Aires por sus ideas federalistas.  

¿Estaba el documento fundacional del naciente Estado, la declaración firmada por todos los congresales, entre esos papeles?  

Una fuente de época nos proporciona un dato sugestivo. La esperada novedad arribó a Buenos Aires el 16 de julio, “por lo que se mandó, con esta plausible noticia, hacer tres salvas de artillería y repique general de campanas, una a las siete de la mañana de este día en que llegaron los pliegos del Congreso soberano, otra a las 12 del día y la otra, a las oraciones”.  

La cita textual corresponde a las Memorias curiosas de Juan Manuel Beruti, hermano del famoso por las cintas (Antonio Luis) que nunca repartió, e indica, al menos, que cierta correspondencia probatoria fue recibida en tiempo y forma. 

Sin embargo, aquella pérdida forzada no relevó al pobre Grimau y Gálvez de su responsabilidad, evaluada en un enjuiciamiento militar que lo mantuvo detenido hasta que se lo declaró “sin culpa alguna”, viendo publicada oficialmente su inocencia “para que no quede mancillado su honor”, según el dictamen.  

El legajo del oficial no quedó manchado por la ignominia y pudo seguir desempeñándose largamente en variadas funciones y destinos.  

Distintas y sinuosas eran las responsabilidades del diputado por Córdoba Miguel del Corro, quien asistió impávido al episodio con su escolta, y del gobernador José Javier Díaz, conocido por sus simpatías artiguistas.  

En ambos casos, las autoridades centrales prefirieron no avanzar en incómodas investigaciones.  

Córdoba era una aliada inestable: también había enviado sus diputados al Congreso de los Pueblos Libres, celebrado el año anterior en Concepción del Uruguay y convocado, justamente, por Artigas, para declarar la independencia de los Estados adherentes.  

Irónicamente, las actas de aquel cónclave corrieron la misma suerte que la extraviada declaración de Tucumán.  

Pero quedan las contundentes expresiones escritas legadas por su factótum.  

“Hace más de un año que la Banda Oriental enarboló su estandarte tricolor y juró su independencia absoluta y respectiva”, le hace saber a Juan Martín de Pueyrredón, el nuevo hombre fuerte ungido por el Congreso con el cargo de director supremo.  

Al Jardín de la República 

Alrededor de un mes de viaje en galera les tomó a los diputados porteños, que constituían la delegación más numerosa de todas las provincias, arribar a la sede del encuentro, San Miguel del Tucumán. La representación en número de siete incluía a un viejo conocido, Juan José Paso, el que siempre estuvo, una vez más fungiendo como secretario del cuerpo.  

Las instrucciones no precisaban la declaración de la independencia, sino la sanción de una constitución y sistema de gobierno, ratificando siempre el centralismo de la metrópoli.  

Solo la tozudez de San Martín, por boca de los enviados cuyanos, y el arribo de Belgrano de su frustrante misión europea en busca de un candidato potable para instalar una monarquía atemperada, impulsaron el nuevo curso de los acontecimientos. Aunque el rubio general no se volvió del todo con las manos vacías del periplo: traía como souvenir un reloj de oro, cortesía del rey Jorge III de Inglaterra, que se desinteresaba de la suerte de las díscolas colonia españolas. (La pieza fue robada de las vitrinas del Museo Histórico Nacional en 2007 y jamás recuperada, en otra pérdida siniestra de patrimonio.)  

Luego de la declaración del 9 de julio, bajo la presidencia del diputado por San Juan Francisco Narciso Laprida, la discusión pasó a centrarse en la forma de gobierno.  

La propuesta del creador de la bandera de coronar a un descendiente de la dinastía de Tupac Amaru (que hoy nos puede resultar como mínimo bizarra) no carecía de fundamento ni de necesidad, ni tampoco de seguidores. Incluso en el texto original y completo del Himno Nacional (“se conmueven del inca las tumbas / y en sus huesos revive el ardor”) se evoca un pasado mítico de grandeza imperial. 

Varios legisladores de las provincias se pronunciaron en principio a favor, pero hubo disenso en otro punto, como la implantación de la capital en el Cusco, Perú. 

La necesidad devenía de la amenaza agitada por la Santa Alianza, en Europa, que solo reconocía la legitimidad política de origen de las monarquías, y apoyaba el reclamo de España, con la que estábamos en guerra (que íbamos perdiendo). Antes que un príncipe extranjero, era preferible un monarca autóctono, por lo menos para salvar las apariencias. 

Otra cosa era convencer a los porteños de la altiva (y racista) metrópoli junto al río inmóvil. En los cenáculos periodísticos, se burlaban del “rey patas sucias”.  

Los ecos monárquicos se proyectaron todavía hasta 1834, cuando Bernardino Rivadavia, eyectado de la presidencia y del país, negociaba por su cuenta en España una reinstalación de algún descendiente del fenecido Fernando VII.  

Mejor no hablar de ciertas cosas  

Después de la declaración formal para la estampita escolar, el Congreso continuó sesionando, de manera pública y secreta.  

En una instancia inmediatamente posterior, se resolvió modificar el texto original, que aludía específicamente a una independencia de “los reyes de España y su metrópoli” por otro más explícito y definitivo al que se agregó por pedido de Pedro Medrano (Buenos Aires) la fórmula “y de toda otra dominación extranjera”.  

Pero la grave situación en el frente externo obligó a saltar ciertos pruritos. La “infección” del artiguismo (Belgrano dixit) tenía antídoto: la inminente invasión portuguesa a la Banda Oriental. Para negociar una coexistencia pacífica, se destinarían sendos emisarios, con instrucciones “reservadas” y “reservadísimas”. En lo posible, tratarían de convencer a la Corte lusitana asentada en Río de Janeiro de respetar la libertad y la independencia de las Provincias Unidas representadas en el Congreso de Tucumán, dejando librado a sus propios medios al Estado hermano.  

Y en caso de encontrarse con una respuesta renuente al reconocimiento oficial, estaban autorizados en última instancia a admitir una monarquía común, bajo el reinado de Portugal.  

De cualquier manera, los comisionados nunca se tomaron el barco a Río. Porque el director supremo, Juan Martín de Pueyrredón, que prolongaba en aquel septiembre primaveral en Buenos Aires los festejos por la Independencia y la hacía jurar en cuatro oportunidades en otras tantas plazas porteñas, secreteaba por su cuenta la dominación francesa con la coronación de Luis Felipe de Orleans.  

Según pasan los años  

En el interín, se habían hecho imprimir copias litográficas en un número de tres mil, unas mil quinientas en español y el resto en quechua y aymará, que fueron despachadas hacia las provincias del norte. 

Volvemos a tener noticias del Acta hacia 1833, cuando se confecciona otro lote en la Litografía del Estado, que estaba a cargo del suizo César Hipólito Bacle. Aunque es imposible determinar si se trataba del documento original o de copias autenticadas. 

Recién en vísperas del centenario de la fecha patria, cuando gobernaba Victorino de la Plaza y se preparaban los fastos conmemorativos, se notó el faltante, no solo del Acta sino del libro completo que debía contenerla.  

Andando el tiempo, otro presidente, el radical Arturo Illia, ordenó hacer el intento en los archivos del Estado, sin suerte. Aunque, al menos, le cayeron miles de documentos alusivos que estaban resguardos en una institución salesiana. De cualquier manera, Illia no llegó para los festejos: fue derrocado por el general Juan Carlos Onganía, pocos días antes.  

Una historia curiosa nos remite a la figura del doctor Jorge Washington Ábalos, el celebrado autor de Shunko, quien acudió a comprar un cuadro para regalar a un colega, y de paso se cargó con un cajón de papeles amarillentos de viejos, que estaban a punto de ser arrojados a la basura. Rebuscando entre ellos, halló una pieza que parecía ser de las reproducciones originales. 

Finalmente, y misterios al margen, en vísperas de otro aniversario aquella fórmula de rigor modificada (“libres de toda dominación extranjera”) vuelve a interpelarnos hoy como pueblo y como nación, más necesaria (¿amenazada?) que nunca.