De un tiempo a esta parte, se hizo común en el público libertario justificar el histórico ajuste de las cuentas públicas bajo la premisa de que los chicos pobres del Chaco dejen de sostener, con el pago del IVA de la leche que consumen, diversas políticas públicas como la producción cinematográfica o las líneas de asistencia a las víctimas de violencia de género, pasando incluso por los estudios universitarios o los subsidios al transporte público de trabajadores.

Profundizando esta cuestión, pusieron el foco en la eficiencia y productividad de estos espacios, un elemento más que justificado por diversos casos que salieron a la luz pública. Sin embargo, ni los montos ni la transparencia parecen ser reclamados para una de las mayores erogaciones públicas del país, aparentemente desconocida para este segmento y que no produce bien o servicio alguno: la deuda pública.

Y es que resulta llamativa la fuerte adhesión que provoca en una importante parte de la sociedad la justificación y reclamo de ajuste en diversas partidas sociales, pero el absoluto mutismo respecto del pago de servicios de una deuda que en 2015, a finales del gobierno de Cristina Kirchner, representaba el 7,5 por ciento del presupuesto público nacional, para alcanzar el 17 por ciento en la actualidad. Se trata de una cifra que supera la sumatoria de todas las inversiones de salud, educación y promoción social, que incluye los tan mentados planes sociales y alimentarios, allí donde se posa la lupa de forma permanente por parte del gobierno y medios alineados.

Auditar todo menos la deuda

Pocos podrían negar la necesidad de llevar adelante ciertas auditorías de reparticiones públicas que en más de un caso se caracterizaron por la opacidad y la falta de resultados, pero llama la atención que sean pocos quienes alzan su voz sobre la rendición de cuentas del pago de servicios de una deuda que, en términos de PBI, pasó de representar de acuerdo a datos del Banco Mundial tres puntos promedio del PBI entre 2007 y 2015, a más de 10 puntos en 2019. Sobre todo, si se tiene en cuenta que esa abultada deuda no tuvo impacto alguno en un país que a partir de aquel año mantuvo su PBI estancado en 600 mil millones de dólares, con una deuda que aumentó de un 54 por ciento del PBI en 2015, a casi el 90 por ciento en la actualidad.

En números concretos, las reestructuraciones con bonistas privados y con el FMI que llevó adelante el gobierno de Alberto Fernández para diferir el pago de la misma hacia gobiernos posteriores llevó a que, según el centro Cifra, de la CTA, venzan este año 9.419 millones de dólares, y el próximo 14.430 millones, con un ascenso constante que superará los 20 mil millones a partir de 2027.

Estas erogaciones por deuda, que no se invierten en buenos ni malos empleados públicos, en buenas o malas películas, en educación de alta o baja calidad, y ni siquiera en una burocracia que como externalidad positiva active el consumo interno, no están puestas en discusión ni bajo solicitud de transparencia, incluso cuando su abultada toma nunca fue parte del contrato electoral del macrismo o del Frente de Todos, o cuando no se conocen los fines a los que se aplicaron estos recursos.

Por eso, la lupa parece solo posarse sobre otras erogaciones que en muchos casos brindan reales y lamentables, pero sin duda atractivas, historias de comedores fantasma y películas sin público. Historias mucho más entretenidas que estados contables de deudas, que son, igualmente, el mayor costo que soportan los niños pobres del Chaco cuando sus padres pagan el IVA del precio de sus leches.