Con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, en el vocabulario político y económico argentino comenzó a tener presencia cada vez más notoria el concepto de desregulación de la economía.

Para los argentinos de más de 40 años, oír hablar de desregulación es una suerte de remake del menemismo de los años 90, en los que la apertura económica, las privatizaciones, el cambio de normas para reducir la presencia del Estado y facilitar el clima de negocios privados se hicieron a caballo de una fuerte suba de la desocupación, caída de actividad, reducción del mercado interno y apertura al capital concentrado.

En paralelo, quienes cantan menos de cuatro décadas y, por ende, no conocieron las mieles de la convertibilidad o eran muy chicos cuando gobernaba Carlos Menem con su impronta de apertura económica, acompañada de pizza con champán y prometiendo un ingreso sin escalas al Primer Mundo, la desregulación de la economía se parece bastante a un viaje a lo desconocido.

Dos ideas fuerza dominan hoy la hoja de ruta de Javier Milei y su gobierno liberal libertario, tal cual él mismo lo describe, en esta aventura de gobernar la Argentina con categorías que hoy se cuestionan hasta algunos de los países más promercado y los propios organismos financieros multilaterales, con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a la cabeza.

Consciente del fuerte impacto que tiene en los sectores más vulnerables de la población el brutal ajuste que están llevando a cabo Milei y su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, el propio FMI le exige al Gobierno que no desatienda a quienes van quedando a la vera del camino, manteniendo programas de asistencia y destinando presupuesto a ese fin.

Poniendo estaba la gansa

En la lógica del Gobierno, la desregulación de la economía es una instancia necesaria para eliminar controles por parte del Estado, bajar regulaciones y facilitar la actividad económica privada. Se logra así un entorno que favorece el clima de negocios y las actividades productivas y comerciales, dotando a todo el proceso de mayor competencia.

Pero hay un lado B derivado de las acciones llevadas a cabo para desregular la economía. La principal consecuencia de quitar controles o alivianar las regulaciones es que se desbalancean las relaciones entre los sectores más poderosos del capital concentrado y los más desprotegidos en esta pulseada, los ciudadanos comunes que compran o contratan esos bienes y/o servicios.

Tal vez el mejor ejemplo sea lo que pasó con la autorización de aumentos a las empresas de medicina privada a partir de diciembre de 2023. El Estado se corrió de su rol de controlador de precios e instancia necesaria para aprobar aumentos, para dejar que el mercado se regule solo. Y sabemos que en esos casos lo que ocurre es que el más poderoso impone su posición y el eslabón más débil paga los costos.

En los primeros siete meses de 2023, en el marco de la fórmula que definió el gobierno anterior para ajustar los valores de las cuotas de la medicina prepaga, se había acumulado un incremento del 52,8 por ciento para afiliados que superaran los seis salarios mínimos tomando los ingresos de todo el grupo familiar.

En agosto se dispuso un aumento del 8,49 por ciento sobre el valor de julio, en septiembre fue de 7,18, en octubre 6,97, en noviembre 10,98, y 11,51 por ciento en diciembre. Aumentos importantes, pero en línea con el incremento del costo de vida, en definitiva.

Para definir esos aumentos, la Superintendencia de Servicios de Salud elaboró un Índice de Costos de Salud (ICS), que combinaba la variación de los costos de los medicamentos (12,2% de participación), insumos médicos (17,2%), salarios del sector en paritarias (52,4%) y gastos generales (18,2%).

Así se llegó al cambio de gobierno y al decreto de necesidad y urgencia 70/2023, que dispuso, entre muchas otras desregulaciones, la liberación de las ataduras a las prepagas para fijar los precios. Bajo el argumento de que venían con un importante atraso, las prepagas anunciaron aumentos entre 38 y 42 por ciento para enero, de 27 a 30 por ciento para febrero y prevén aplicar otra suba de 20 a 23 por ciento en las cuotas de marzo, en todos los casos acumulativos al mes anterior.

Así, un grupo familiar que pagó por ejemplo 169.700 pesos de cuota pura (sin descontar los aportes a la obra social) en diciembre en solo dos meses vio duplicar ese valor hasta los 342.175 pesos en febrero. Obviamente, ni por asomo los ingresos familiares se duplicaron en esos sesenta días. En términos crudos y duros, eso es la desregulación.

Eliminar al árbitro

Pero hay más, porque el DNU 70/2023 y, en paralelo, la ley ómnibus que tras una presentación fallida y pésima estrategia legislativa fue retirada por el Ejecutivo cuando se debatía en particular en la Cámara de Diputados, contemplan instancias de desregulación en casi todas las actividades.

Van desde una reforma integral del Estado, una reforma laboral, una desregulación de la actividad sindical, y alcanzan también a la industria energética, aerocomercial, minería, privatización de empresas públicas, también cambios en el marco regulatorio de la medicina privada y de las obras sociales y modificaciones en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, por mencionar algunas de las áreas emblemáticas de intervención.

El DNU, en su artículo 2, define los alcances de la desregulación buscada: “El Estado nacional promoverá y asegurará la vigencia efectiva, en todo el territorio nacional, de un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia, con respeto a la propiedad privada y a los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo”.

Y agrega: “Para cumplir ese fin, se dispondrá la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional y quedarán sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado, impida la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y de la demanda”.

Tras la publicación del DNU 70/2023 en el Boletín Oficial el 20 de diciembre, y conocida la profundidad de la liberalización y desregulación propuestas para la economía argentina, un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) se preguntaba qué es desregular.

La respuesta fue lapidaria. “Es eliminar al árbitro y a las reglas de juego, por ende, es que las y los jugadores ya no tengan normas claras ni nadie que sancione. Los que juegan con patadas arriba de la cintura o hacen trampa, ahora están habilitados a seguir jugando.”

Bajo esa lógica, sentenció que, en una economía sin árbitro, “ganan los que logran imponer sus intereses por encima del resto, en razón de su poder económico y el sometimiento de los actores más pequeños”.

En la metáfora futbolera, aclara que todos los jugadores no tienen las mismas condiciones, que “algunos vienen lesionados y sin atención médica, otros llegan sin comer al partido, y algunos carecen de botines. No existen las mismas condiciones de fuerza y entrenamiento”.

Y concluye: “El DNU de Milei profundiza estas desigualdades preexistentes en la sociedad, quitando las vallas de contención básicas que buscaban –incluso con deficiencias– equiparar situaciones dispares”. Otro capítulo en la larga historia de desigualdades de la Argentina.