El conflicto palestino-israelí ha ocupado un lugar dentro de la agenda de política internacional global por décadas. Ello en virtud de que, a medida que ha transcurrido el tiempo, esta disputa ha dejado por saldo el desplazamiento de familias completas, la problemática aún hoy vigente de los refugiados, destrucción de infraestructura física, miles de muertes, amén de la imposibilidad de que ambos pueblos puedan desarrollarse en condiciones de paz y seguridad.

En lo que atañe a la Argentina, históricamente nuestro país ha adoptado una postura equidistante frente al conflicto. Entendiéndose por equidistancia la preocupación de las distintas administraciones nacionales por compensar cualquier gesto o acción que pudiera ser interpretado como un desnivel en el trato igualitario hacia los protagonistas principales de la controversia.

Esta política de equidistancia se inauguró el 29 de noviembre de 1947 cuando Naciones Unidas decidió llevar adelante una votación que dispuso la partición del territorio de Palestina. En esa oportunidad, la Argentina fue uno de los diez países que se abstuvieron.

Entre los factores relevantes para comprender la postura adoptada por Buenos Aires se encuentran, por un lado, la voluntad argentina de evitar predisponer negativamente el vínculo con los países árabes, con los cuales recientemente se habían instaurado relaciones diplomáticas. Por otro lado, la búsqueda de preservar las relaciones con las comunidades árabe y judía locales, siendo la Argentina el país con la comunidad judía más grande en Latinoamérica, asimismo, un Estado donde se afinca una extensa comunidad árabe.

De hecho, la necesidad de no dañar el vínculo con las partes en la disputa así como también con sus amigos y aliados, incluso, la búsqueda de proteger el vínculo con las comunidades árabe y judía locales, aun al día de la fecha siguen siendo factores centrales para explicar el porqué de la apuesta por mantener el equilibrio frente a la contienda.

Desde entonces, Buenos Aires ha defendido una política que, en líneas generales, puede definirse como equidistante, conciliatoria y favorable a una solución pacífica del conflicto. De hecho, pese al escaso involucramiento de nuestro país en la búsqueda activa de una solución a la disputa, la Argentina ha respaldado el derecho de Israel a vivir en paz con fronteras seguras e internacionalmente reconocidas, así como también el derecho del pueblo palestino a conformar un Estado independiente, con territorio propio.

EL CONFLICTO EN LAS ERAS CFK Y MACRI

Si pensamos en el posicionamiento del país ante la contienda en los últimos años, durante los gobiernos del FPV se percibió la vigencia de un orden internacional “multipolar, plural, diverso y complejo”, y se reconoció a la Argentina como un país en desarrollo. Como correlato, este diseño de política exterior incluyó entre sus ejes el fortalecimiento de las relaciones con los países del sur. En este marco, la Argentina protagonizó un acercamiento a la contraparte palestina dando lugar a un ajuste de su política exterior frente al conflicto palestino-israelí, que se produjo en un contexto general de continuidad de la política de equidistancia.

Este ajuste se constata al considerar que, durante los gobiernos de Cristina Fernández, la Argentina participó de la Conferencia de Donantes para Palestina, abrió la Oficina de Representación Diplomática Argentina en Ramallah y envió representantes de Cascos Blancos a la Franja Gaza tras la Operación Plomo Fundido. Ello en línea con una política adoptada ya en la década del 90, si tenemos en cuenta que el primer envío de cascos blancos a Palestina se dio a instancias del presidente Menem. De cualquier forma, el hito durante este período residió en el reconocimiento tanto a nivel bilateral como multilateral del Estado palestino.

Al respecto, en diciembre de 2010, la Argentina reconoció a “Palestina como un Estado libre e independiente, dentro de las fronteras existentes en 1967 y de acuerdo a lo que las partes determinen en el transcurso del proceso de negociación”. De esta forma, todo indica que el gobierno nacional buscó dejar la puerta abierta a los reclamos israelíes en torno de algunas porciones de dichos territorios en un intento por propiciar cierto equilibrio en lo referente al vínculo con los protagonistas de la disputa.

Ahora bien, con la llegada al poder del frente Cambiemos, la nueva gestión no solo juzgó necesario introducir modificaciones en los lineamientos de política exterior argentina respecto de la etapa precedente, sino que entendió que era prioritario redefinir la identidad internacional del país. Entonces, la definición de la Argentina como parte de la “Patria Grande” y del Sur Global fue considerada impropia y anacrónica y se apostó por recuperar la identidad “occidental”.

En lo que refiere a los actores con los cuales se privilegiaron los vínculos, se focalizó la atención en los Estados centrales, entre los cuales Estados Unidos jugó un rol protagónico. Precisamente con el objetivo de acercarse a este último país, la Argentina actuó una serie de gestos hacia la región de Medio Oriente. En este contexto se concretó la llegada de un primer ministro israelí por primera vez en la historia y se reconoció a Hezbollah como organización terrorista.

Asimismo, cuando en Naciones Unidas se aprobó una resolución que rechazó la decisión de EE.UU. de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, la Argentina se abstuvo. Mientras tanto, pese a que por doce años la Argentina venía votando, en la Unesco, a favor de los proyectos de resolución sobre la Palestina ocupada, durante el gobierno de Macri pasó a abstenerse. Aun pese a ello, durante este período se mantuvo la condena a los asentamientos en territorio palestino que “obstaculizan la paz”. Como ya se ha mencionado, la equidistancia ha tenido sus matices, en este caso todo evidencia un ajuste favorable a un acercamiento con el Estado de Israel.

EL POSICIONAMIENTO ACTUAL

Finalmente, al gobierno de Alberto Fernández le tocó posicionarse frente al deleznable ataque del pasado 7 de octubre. Entonces el presidente argentino se comunicó con su par israelí y expresó su enérgica condena y repudio a lo que definió como un ataque terrorista perpetrado por Hamas, una agrupación que, no obstante, no se encuentra dentro del listado de organizaciones terroristas que reconoce la Argentina. En tanto, en un comunicado de prensa, la Cancillería argentina deploró “los ataques armados provenientes de la Franja de Gaza contra el sur de Israel”.

Por su parte, el canciller Santiago Cafiero reclamó la liberación de los rehenes. Al respecto, fuera de Israel, la Argentina es el país con más desaparecidos o rehenes en manos de Hamas. Mientras tanto, asumiendo la difícil tarea de sostener la política de equidistancia, el canciller declaró: “Nuestro país se suma al llamado para que prontamente se pueda hacer efectiva una intervención humanitaria internacional que garantice la vida y el pleno ejercicio de los derechos humanos de niños y niñas israelíes, así como también palestinos”, en un claro reconocimiento del sufrimiento de ambos pueblos.

En esta misma dirección, días después, la Cancillería enfatizó que la protección de la población civil debe ser una prioridad, por lo que hizo un llamamiento para que se respeten las normas del derecho internacional humanitario. En ese sentido, y a fin de aliviar el sufrimiento de la población civil palestina en la Franja de Gaza, también se solicitó garantizar el acceso de la ayuda humanitaria a dicho espacio.

En definitiva, la Argentina, un actor periférico, una vez más se encuentra ante la disyuntiva de tener que posicionarse frente a un conflicto tan complejo como el que se encuentra en curso, debiendo medir que su posicionamiento no conlleve mayores costos que beneficios, más aún cuando se trata de un tema que ocupa un lugar secundario dentro de la agenda de política exterior argentina.