• Buscar

Caras y Caretas

           

Hacia la segunda república democrática

Una cámara recorre una maqueta de cartón. Se ven supuestas paredes de varios metros de alto, torres de vigilancia, cercos de alambres de púa. Mientras transcurre la imagen, se escucha la voz de la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. Promete mano dura con los delincuentes. Cuando termina de hablar, la cámara se aleja y muestra el cartel con el nombre de la futura cárcel: Cristina Fernández de Kirchner.

El spot de campaña podría resultar gracioso por lo bizarro, pero es otra muestra del deterioro que sufre la democracia argentina en el año en que cumple cuatro décadas desde el final de la última dictadura cívico-militar.

En las nueve elecciones presidenciales que se han realizado desde 1983, no hay antecedente de un candidato que haya presentado como eje de su campaña la “destrucción” del adversario. ¿Por qué no genera estupor la violencia política del mensaje de Bullrich? Porque se produce en un contexto en el que los pilares de la democracia se están resquebrajando.

Durante la campaña electoral de 1983, en el cierre que realizó el peronismo en el Obelisco, el candidato a gobernador bonaerense Herminio Iglesias prendió con el encendedor un ataúd de cartón con los colores y el símbolo de la UCR. Los análisis políticos del momento le adjudicaron a este hecho parte de los motivos por los que Raúl Alfonsín ganó las elecciones. El cajón de Herminio al lado del spot de Patricia fue un juego de niños.

En esa Argentina no se podía ganar elecciones prometiendo la eliminación del diferente. Por convicción o pragmatismo, la dirigencia política en su conjunto respetaba ciertos límites.

El PJ y la UCR ya habían hecho un ejercicio de convivencia en la Multipartidaria creada en 1981 para presionar a la dictadura y lograr la convocatoria a elecciones. Esa experiencia sentó las bases del pacto democrático argentino. No estaba escrito en un papel, pero funcionó durante más de tres décadas. Tenía dos pilares: la democracia no puede ser como la dictadura, no se puede encarcelar ni matar al que piensa distinto.

Desde aquel momento hasta ahora hubo varios gobiernos. Cuando Carlos Menem derrotó al radicalismo no hubo una campaña para tratar de encarcelar a todo el gobierno saliente; tampoco ocurrió cuando Fernando de la Rúa le ganó a Eduardo Duhalde, a pesar de la montaña de denuncias que se habían acumulado en la década menemista. Duhalde no se dedicó a perseguir penalmente a De la Rúa cuando lo reemplazó. Y lo mismo puede decirse de Néstor Kirchner. Su feroz interna con Duhalde no se resolvió en los tribunales sino en las urnas. Esto no quiere decir que no hubiera denuncias y funcionarios presos en todos estos años.

¿En qué momento cambiaron las cosas, entonces? No puede sostenerse que haya empezado de un instante al otro, como un terremoto. Durante el menemismo hubo muchos casos de corrupción, es cierto, pero también aparecieron los políticos que descubrieron que presentar denuncias penales era un buen mecanismo para salir en los medios y lograr instalación. Además de que comenzó un incipiente ejercicio de lo que luego sería el lawfare, la coordinación con algunos medios y funcionarios judiciales para lograr ese impacto.

EL LAWFARE COMO INSIGNIA

La judicialización de la política como práctica sistemática arrancó en esos años. Uno de sus máximos exponentes fue Elisa Carrió. Sin embargo, no había un plan sistemático orquestado desde el Estado para convencer a la sociedad de que todo un gobierno fue una organización criminal. Eso es el lawfare, una instancia muy superadora de la judicialización de la década de 1990.

El lawfare se instauró con el gobierno de Mauricio Macri. Se creó una mesa judicial para armar listas negras y señalar quiénes serían los ex funcionarios, empresarios y sindicalistas que poblarían las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz. El macrismo y sus socios del establishment económico y mediático se propusieron dejar asentado en la historia que el kirchnerismo fue una organización delincuencial. El objetivo: disciplinar al conjunto de la dirigencia política y enturbiar la memoria popular.

La operación político-cultural a grandes rasgos fracasó. En 2019, el peronismo volvió a ganar las elecciones con Cristina como vicepresidenta. Sin embargo, el deterioro democrático no solo no se detuvo sino que se profundizó. El objetivo de transformar al kirchnerismo en una organización criminal precisó de la complicidad de las instancias superiores de la Justicia federal, incluida la Corte. Esa estructura sigue ahí. Resiste con uñas y cientes porque para avanzar con el plan tuvieron que delinquir: fabricar pruebas, extorsionar a arrepentidos, entre otras tropelías.

La otra pata del plan fue la propaganda, impulsada por los medios hegemónicos: demonización, estigmatización. No hay delito del Código Penal del que CFK no haya sido acusada. Es como si alguien hubiese hecho una lista de los crímenes que se pueden cometer y se hubiese propuesto señalarla por todos ellos.

Todo esto impactó en la sociedad. El clímax de este proceso fue el intento de asesinato de Cristina en la puerta de su casa, en septiembre del año pasado. Las redes de encubrimiento se tejieron rápidamente sobre el atentado para evitar que escale a las terminales políticas, que apuntan hacia un sector de Juntos por el Cambio y la propia Patricia Bullrich. Porque si avanza la investigación sobre el intento de magnicidio, toda la estructura del lawfare entra en riesgo y a esta altura necesita preservarse para consolidar su impunidad.

La democracia argentina llega a sus cuarenta años en su momento más crítico. Su refundación solo será posible con un acuerdo político –explícito o implícito– de los partidos históricos. La reforma de la Justicia federal debería ser la piedra basal de la segunda república democrática.

Escrito por
Demián Verduga
Ver todos los artículos
Escrito por Demián Verduga

A %d blogueros les gusta esto: