“Aramburu y Rojas son el prolegómeno de Videla y Massera.” La frase es de Osvaldo Bayer y propone una lectura o una pregunta: ¿es posible pensar la última dictadura cívico-militar sin partir, al menos, del derrocamiento a Perón? De no hacerlo, caeríamos en un reduccionismo incapaz de ver la historia en perspectiva y, lo que es peor, dejaríamos el terreno libre para que en el presente florezcan discursos negacionistas o reivindicativos del exterminio. Quizás ya lo hayamos hecho. Quizás estemos llegando tarde.

Entre 1955 y 1983, la Argentina tuvo 16 presidentes: nueve fueron militares golpistas que violaron, durante 17 años, la democracia. Es clave marcar esta alternancia entre gobiernos constitucionales débiles y militares como parte de la desestabilización permanente. Las Fuerzas Armadas, lejos de cumplir su rol democrático, se habían constituido en un bloque de poder con intereses políticos propios y ajenos.

El corte en el 55 es clave: el partido militar decide proscribir de la escena democrática al movimiento mayoritario. Esa proscripción está acompañada de un proyecto cultural y político que intenta “desperonizar” la Argentina. La prohibición y la censura es el germen de la resistencia. La violencia represiva de gobiernos ilegales e ilegítimos sobre los sectores populares clausura la participación democrática y habilita solo el camino de la violencia. Un hecho previo al golpe contra Perón lo dice todo: aviones de las Fuerzas Armadas soltaron sobre la Plaza de Mayo y la Casa Rosada toneladas de bombas que masacraron a la población civil. Más de trescientos muertos y 1.200 heridos fue el saldo del atentado terrorista más importante de la historia argentina.

Es imposible hablar de democracia plena en este período. El gobierno de Frondizi, que alcanzó la presidencia por el acuerdo con el peronismo de sacarlo de las sombras, fue jaqueado por las Fuerzas Armadas, que le impusieron incluso dos ministros de Economía de corte liberal: Álvaro Alsogaray y Roberto Alemann. En marzo de 1962, un nuevo golpe de Estado a punta de bayoneta lo sacó del gobierno y Frondizi fue detenido. Un decreto del Poder Ejecutivo firmado por José María Guido convalidó la detención. Guido, presidente de facto por la ley de acefalía, gobernó con los uniformes detrás del sillón de Rivadavia: cerró el Congreso e intervino las provincias. Así llegamos a las elecciones de 1963, que derivaron en el gobierno de Illia, que alcanzó la presidencia con poco más del 25 por ciento de los votos (el voto en blanco obtuvo casi veinte puntos). En esta elección, el peronismo seguía proscripto y Frondizi tampoco pudo presentarse porque estaba detenido. Llamativamente, el golpista Aramburu se presentó con el sello Unión del Pueblo Argentino, en alianza con el Partido Demócrata Progresista, y obtuvo casi el 14 por ciento de los votos. Gobierno débil el de Illia, terminó también antes de tiempo, con el golpe autodenominado como “Revolución Argentina”.

EL FRENO POPULAR

Onganía, Levingston y Lanusse son los tres militares que ocuparon la presidencia entre 1966 y 1973. Pero el proyecto inicial de la dictadura era enquistarse por veinte años. Tuvieron que irse antes porque los sectores populares, organizados, les pusieron un freno. En este período, la violencia política que se había larvado desde el 55 tomó forma y organización. Surgieron las organizaciones político-militares de izquierda amparadas en un proceso internacional en el que la liberación nacional y social se expandía por el tercer mundo. El impacto de la Revolución cubana, en 1959, fue clave para una generación que había nacido a la política signada por la violencia del Estado usurpado.

El Cordobazo, los Rosariazos, el surgimiento de Montoneros y el ERP (por nombrar a las dos organizaciones revolucionaras más importantes) aparecían como muestras de que la hegemonía del partido militar estaba en jaque. El contrapoder surgido de la organización popular desembocó en el retorno del peronismo en 1973, no sin antes marcar un nuevo hito en la historia del terrorismo de Estado: la masacre de Trelew en 1972.

De poco sirvió la vuelta del líder. Su propio movimiento se debatía a sangre y fuego. La masacre de Ezeiza, la muerte de Perón, el surgimiento de la Triple A y los decretos de exterminio firmados en el gobierno de Isabel desembocaron en una nueva oportunidad para los uniformados, que esta vez venían por todo. Organizados desde los Estados Unidos mediante el Plan Cóndor, los militares argentinos se sumaron al exterminio de la izquierda y los trabajadores con el objetivo central de implantar un programa económico liberal, aclado en el capital financiero. Ahí, el genocidio.

El retorno de la democracia puso al radicalismo otra vez en el gobierno. Tenía una dura tarea: construir desde el Estado la democracia robada y hacerlo sobre las cenizas de una sociedad diezmada. La Conadep y el Juicio a las Juntas abrieron un período en el que los responsables de las torturas, las desapariciones, los asesinatos y el robo de bebés se enfrentaban a juicios justos, democráticos, con todos los derechos garantizados.

Algo que ellos no habían hecho sobre quienes habían exterminado. También fueron procesados y encarcelados los líderes de las organizaciones revolucionarias. La teoría de los dos demonios proponía una forma de pacificación, pero también un relato que sería una trampa para los sobrevivientes de la masacre militar.

ALFONSÍN RETROCEDE

Los uniformados no se quedaron quietos. Con una serie de levantamientos carapintada lograron hacer retroceder al presidente. Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final fueron consecuencia de uso. Y ya en el menemismo los indultos parían un período de impunidad en el que los genocidas caminaban por la calle libremente. Muchos de ellos incluso ocuparon intendencias, gobernaciones y algún escaño en el Poder Legislativo.

La reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad en el gobierno de Néstor Kirchner dio origen a una serie de organizaciones que proponían un relato de lo que llamaban “la verdad completa”. Se trataba de familiares de militares que trataban de impedir, con lobby y presiones, que se siguiera juzgando a los genocidas. Pero el Estado, esta vez sí, siguió adelante y avanzó en ese proceso de justicia. La desaparición de Jorge Julio López fue una alerta de que las bestias andaban sueltas y seguían teniendo poder de fuego.

Ahora, la señal de alerta llega desde el discurso encendido de Victoria Villarruel, fundadora de una de esas organizaciones negacionistas. Pero no es un discurso marginal, es el discurso de la candidata a vicepresidenta más votada en las PASO. Y entonces tiemblan los pactos básicos democráticos que sostuvieron, con errores de todo tipo, pero sostuvieron al fin, un período democrático que cumple cuatro décadas.

Hace años, cuando algunos parques de Buenos Aires se llenaban de pibes con la cabeza rapada, pantalones camuflados, borcegos militares y esvásticas pintadas en las camperas, el publicista Gabriel Dreyfus filmó a pedido del Centro Simon Wiesenthal un spot en el que se puede ver a Hitler blandiendo una navaja. De unas pocas pasadas se va arrancando el pelo. Después, la misma navaja arranca el bigote del dictador y le deja un hilo de sangre. Ese es el único elemento de color que se ve en todo el filme. La metamorfosis se completa cuando el skinhitler (así se llama el corto) se quita la remera y muestra una esvástica en el pecho y la reichsadler (águila heráldica símbolo del Tercer Reich) en la espalda. El animal parece cobrar vida mientras el sonido reproduce el eco del saludo nazi. Entonces aparece una sentencia tan categórica como la que propone Bayer: “El monstruo no murió, está mutando”, dice, e inmediatamente agrega: “No lo dejemos crecer”. Quizá sea tarde para algunas cosas, pero nunca es tarde para frenar a los monstruos.