A mediados de 1973, con una democracia incipiente y un peronismo tan convulsionado como ramificado, el gobierno de Héctor Cámpora, de la mano de su ministro de Economía, José Ber Gelbard, intentó avanzar con el Pacto Social diseñado meses antes. Para recordarlo y analizarlo, la economista y presidenta del Banco de la Nación Argentina, Silvina Batakis, pone en el centro de la escena el acecho de los sectores militares y la representatividad de cada uno de los sectores firmantes iniciales del acuerdo. Además, diferencia la grieta de los años setenta con la actual, encuentra responsables en el fracaso final del programa implementado y enumera las herramientas que la clase trabajadora nunca debería perder.

–¿Qué primer análisis general hacés a medio siglo de ejecutado el Pacto Social de 1973?

–Primero, para entenderlo hay que comprender el contexto. Lo que se debía hacer era reconstruir la democracia, tras la dictadura, y un sector militar que seguía acechando. Por otra parte, entender ese peronismo que estaba tratando de diversificarse, ampliarse y abarcar mayores espacios políticos. Por ejemplo, Montoneros había hecho una alianza con la Juventud Peronista Regionales y no tenía representantes dentro del gobierno; en cambio, la Confederación General Económica (CGE) y la Confederación General del Trabajo (CGT) sí los tenían. Ese contexto histórico es fundamental para ver cuál era el objetivo del Pacto Social pero también para analizar sus logros y fracasos.

–En aquel peronismo había tres lecturas: quienes estuvieron a favor del pacto desde el inicio, quienes lo criticaron por derecha y quienes lo repudiaron por izquierda. ¿Qué lectura hacés vos?

–El plan económico de aquel momento estaba bastante marcado por dos cosas: la balanza comercial argentina, que mostraba que íbamos a tener los problemas históricos, y la alta inflación. Entonces, por un lado, tenías la contención política democrática, y por otro, los problemas económicos. Se decidió dictar cuatro leyes fundamentales que intentaron no dar mayores beneficios a las empresas extranjeras que a las nacionales; generar una gran creación de pymes, especialmente en el interior; impulsar la promoción industrial, y llevar adelante reformas impositivas. Claramente, era imposible que estos elementos conformaran a todos los espacios políticos del peronismo.

–Sin embargo, el objetivo era, justamente, generar consenso y estabilidad.

–Yo digo que el Pacto Social fue un gran intento por lograr reducir la grieta, pero la grieta de aquel momento, que no es comparable con la actual. Ahora no están las fuerzas militares acechando al gobierno. Se tuvo la pretensión de lograr un gran cambio estructural en la economía argentina y la economía política.

–Algunos sectores remarcan los logros de una primera etapa, ¿qué desgastó y descompensó el objetivo final?

–El pacto lo firmó el Ministerio de Economía con la CGE y con la CGT, pero después participaron y lo apoyaron otros actores. Ocurre que la CGE representaba a las empresas de mano de obra intensiva, ese sector podía garantizar el acuerdo, pero otros sectores firmantes después no. Por otro lado, el campo dejó de hacer un aporte generoso como al principio con la transferencia de recursos del interior a los centros urbanos o a la industria. Así comenzó un agotamiento. A su vez, el sector privado se retiró de las inversiones y la mayoría de estas las hacía el sector público. El modelo de equilibrio general empezó a tener fallas, y esas fallas tensionaron social y políticamente a los actores que firmaron el pacto. El golpe de gracia final se lo da la retirada de Montoneros del Pacto Social. Creo que económicamente tenía muy buenos objetivos, pero no se contemplaron esas diferencias.

–¿Qué elementos creés que son aplicables en la actualidad, al menos, de manera diferenciada?

–Bueno, los convenios colectivos de trabajo tienen que estar siempre vigentes, tienen que ser un elemento activo de la vida económica. Hoy en día, con esta nueva grieta, no estamos en condiciones de hacer un gran pacto social, sino pequeños acuerdos. Como ventaja, en la configuración política actual tenemos a representantes del sector sindical dentro del Congreso, en aquel entonces no. Allí también podemos discutir y poner en la mesa distintas medidas para los sectores trabajadores.

–El Pacto Social hablaba de la participación de los trabajadores en el ingreso nacional. Excepto Cristina Kirchner, no recuerdo otro presidente que intente poner eso en agenda. ¿Coincidís?

–Sí, no hay muchos momentos de nuestra historia donde se haya puesto ese objetivo. Fue en 1973 y luego en la presidencia de Cristina, que siempre estuvo implícito y en un momento ella lo menciona. En esos años, yo era ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires y siempre trabajé para que la paritaria esté, aunque sea, un punto por encima de la inflación. Es complejo, porque a la vez tenés que garantizar que el sector empresarial tenga ganancia. En Europa, el sesenta por ciento de la actividad económica se invierte a través del crédito de la banca; en la Argentina, solo el seis por ciento. O sea, los empresarios reinvierten sus propias utilidades para poder seguir invirtiendo, y eso es un factor determinante, porque creemos que la distribución del ingreso se hace generando mejores salarios; pero para eso primero hay que generar puestos de trabajo y luego hacer la distribución.

–Y a la vez asegurar la reinversión.

–Claro. Un punto fundamental del Pacto Social era que se planteaba cómo hacer para que la economía creciera. Ahora tenemos que ponernos ese objetivo: cómo agrandamos el espacio económico de manera federal con eslabones de capital nacional. El tema es de dónde sale ese capital nacional, ¿del crédito o de la reinversión? En la Argentina sale de la reinversión. Ojalá podamos otorgar más créditos con instrumentos financieros de una banca que tenga objetivos de desarrollo, pero para eso hay que modificar la Ley de Entidades Financieras.

–Luego de las PASO, estamos en un escenario de mucha incertidumbre. ¿Cuáles de todas las herramientas de las que vinimos hablando creés que están más en riesgo?

–Primero, como espacio político, hay que aceptar que no logramos dar respuestas que se estaban esperando. Pero, por otro lado, estamos escuchando ideas que proponen cambios estructurales de destrucción sobre la salud y sobre la educación. Tenemos que avanzar sobre la salud y la educación mejorando su calidad, no destruyéndola. Por otro lado, me preocupa mucho que se hable de eliminar la Ley de Coparticipación. La gente tiene que saber que esa coparticipación representa, por ejemplo, para la provincia de Jujuy el 86 por ciento de su presupuesto. Eliminarlo significaría eliminar la policía, la salud y
la educación, todo lo que la gente reclama, con razón, que debe mejorarse. Dinamitar el sector público, justamente, no es el camino.