El empresario Marcelo Fernández es el presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (Cgera) y tiene una visión: reconstruir la Confederación General Económica (CGE). En ese camino, destaca la importancia del órgano que motorizó José Ber Gelbard en los años 50 y que condujo hasta antes de volverse ministro de Economía del tercer peronismo, a partir del 25 de mayo de 1973, primero durante el gobierno de Héctor Cámpora y luego en el de Juan Domingo Perón.
En plena pandemia, Fernández intentó impulsar una alianza entre la Cgera y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que nuclea a comercios, para reeditar la CGE. El referente empresarial sostiene que el país solo puede desarrollarse con inclusión social si retoma el rumbo que se había marcado en el Pacto Social impulsado por Perón y Gelbard hace cincuenta años. Hace ya medio siglo, señala, la Argentina perdió ese rumbo, con las únicas excepciones de “los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner”.
“Fue un momento clave –dice al repasar el inicio de la gestión de Gelbard al frente del Ministerio de Economía de la Nación–. Había un plan de desarrollo productivo para todas las cadenas de valor, para agregar valor a los recursos naturales, para que las industrias se radicaran donde se producían las materias primas que necesitaba cada rama y así abaratar costos de traslado. Así surgió el Plan Trienal. Tomaba algunas ideas de los planes quinquenales de Perón. Fue un acuerdo político amplio, que superaba al gobierno. Lo firmó también la Unión Cívica Radical. Todo esto le daba mucha previsibilidad al país, acompañado por un acuerdo de precios y salarios que permitía saber que había un horizonte sin inflación.”
–Uno de los primeros efectos del plan, que tiene mucha actualidad, fue justamente la baja de la inflación.
–Hubo ocho meses consecutivos de inflación cero y se llegó casi al pleno empleo. Cuando se quiere cuestionar el Plan Trienal, los acuerdos de precios y salarios, o cualquier aspecto del proyecto de Gelbard, se omite que con la muerte de Perón, en julio de 1974, el programa perdió el apoyo político de un gobierno fuerte. Y sin eso no había nada que se pudiera hacer. A partir del fallecimiento del General, Gelbard quiso renunciar. Sabía que con Isabel Martínez y con José López Rega no iba a poder impulsar sus políticas. Gelbard renunció en octubre de 1974 y asumió Alfredo Gómez Morales durante ocho meses. Él fue quien preparó el terreno para el Rodrigazo. Si el gobierno, a pesar de la muerte de Perón, hubiese respaldado el Plan Trienal, otro hubiera sido el destino de la Argentina.
–¿Qué otros resultados tuvo ese plan?
–Además de la baja de la inflación y la creación de empleo, un tema fundamental era la previsibilidad en los costos de producción. Los acuerdos de precios en las materias primas eran centrales. Los empresarios podían proyectar las ganancias.
–Al principio, el plan de Gelbard contó con un consenso político y social muy amplio. ¿Qué sectores se oponían?
–Los sectores económicos que se oponían eran los productores de materias primas, que tenían precios fijos, lo mismo que los productores de alimentos, porque su principal rol en esa mirada era que garantizaran la alimentación de la población. El sistema financiero también se oponía. El objetivo central de un plan de desindustrialización, como el que vino después, es abaratar los salarios. Destruir la industria genera desempleo y eso baja el costo de la mano de obra.
–Luego de la muerte de Perón también se debilitó el respaldo político al Pacto Social.
–Porque el consenso político lo garantizaba Perón. Había sacado más del 60 por ciento de los votos y, a pesar de eso, buscó acuerdos con el 20 por ciento que representaba el radicalismo. Es decir que era un consenso del 80 por ciento. Los intereses económicos no podían competir contra eso. Pero esa ecuación cambió con la muerte del General. Además de que López Rega no tenía la misma visión.
–¿Cuál fue el cambio central para el país al abandonar ese proyecto industrial?
–La especulación financiera y la producción primaria dominan la escena de estos últimos cincuenta años, con la excepción de los gobiernos de Néstor y Cristina. Son sectores que necesitan un país subdesarrollado.
–¿Hubo una decisión política explícita de que la Argentina dejara de ser un país industrializado?
–Así es. Por eso es bueno preguntarse dónde estaríamos ahora si no se hubiera abandonado ese camino. El plan de desindustrialización no fue solamente durante el período de Isabel y con la última dictadura. El gobierno de Raúl Alfonsín quiso al principio recuperar ese camino pero no pudo. Y luego con Carlos Menem el peronismo fue colonizado por las ideas de desindustrialización, que tienen el apoyo de la mayoría de los medios de comunicación.
–¿El sector industrial defendía el plan de Gelbard? ¿Había una conciencia política?
–Al empresariado industrial le iba bien y estaba ajeno a toda esta disputa. Si Perón había sacado 62 por ciento de los votos, fue porque lo votaron desde todos los sectores sociales. La industria nunca ha tenido la capacidad de generar espacios de influencia cultural y electoral, con algunas excepciones. Una Argentina con desarrollo necesita de una industria fuerte. Un producto primario se exporta por cuatrocientos o quinientos dólares la tonelada; uno metalúrgico, por 14 mil. Lo mismo ocurre con todo el resto: baterías, en lugar de solo litio, tela, en lugar de solo algodón, y así.
–Hoy el panorama político parece complejo para retomar ese rumbo. ¿Cuál es su perspectiva al respecto?
–Hay que volver a buscar un acuerdo entre empresarios y trabajadores industriales con una mirada en la exportación. Defender la industria es cuidar una cadena de valor. Necesitamos que vuelva la visión de Gelbard.