Pablo Garrido es politólogo y magíster en Sociología Económica. Sus investigaciones, plasmadas en artículos científicos y particularmente en su tesis titulada “¿Responsabilidad de todos? Posiciones y conflictos alrededor del Pacto Social durante el tercer gobierno peronista (1973-1974)”, destacan por el enfoque multidimensional y abarcador de los diferentes aspectos de uno de los principales programas económicos y sociales de fines del siglo XX y el último anterior a la dictadura cívico-militar.

–¿Qué representa y cuál es la importancia del Pacto Social dentro de los programas económicos y sociales de la historia argentina?

–A pesar de que duró muy poco tiempo, el Pacto Social es muy relevante en la historia argentina. En primer lugar, por el momento en el cual se inserta: el final de la proscripción del peronismo; un momento de alta conjunción política y social, organizaciones guerrilleras actuando en todo el país y una situación económica inestable con alta inflación. Quizás lo que lo hace interesante es esta situación de constituirse en un programa económico basado en la participación de representantes de diferentes actores sociales de la sociedad civil. Es difícil delimitar qué fue el Pacto Social y cuánto duró. Se puede señalar que comienza con Gelbard, pero no exactamente cuándo termina: ¿termina cuando renuncia Gelbard? ¿Cuándo asume Rodrigo aun con el interregno de Morales? Yo diría que “Pacto Social” fue una denominación coloquial popular que tomó este programa económico, pero que tenía implicancias políticas. Entonces, ¿por qué vuelve tanto? En la campaña presidencial anterior, Cristina Fernández lo mencionó en esa fecha clave cuando presentó su libro. Parece ser políticamente estratégico que cada dos, tres, cuatro años sale alguien pidiendo un pacto social. Esto no se da necesariamente por el Pacto Social que impulsó Gelbard sino por esta aspiración de que hay ciertos problemas que se pueden arreglar acordando y que, fundado en determinados acuerdos, un Gobierno nacional puede salir adelante.

–¿Cuáles fueron los principales objetivos logrados y los primeros obstáculos?

–Se pueden precisar dos etapas, donde el Acta de Compromiso Nacional, que es el documento que se firmó el 8 de junio, es un primer momento, y el Plan Trienal, un segundo momento. En primer lugar, el objetivo es bajar la inflación, que es algo que efectivamente se logró en los primeros meses. Entre febrero y mayo se promedió seis por ciento de inflación mensual y en junio es negativa porque el acuerdo que firman la CGT, la CGE y el Ministerio de Economía obliga a la retracción de precios, y los tres meses siguientes no alcanza el uno por ciento. Un segundo punto es la recuperación de los salarios, pero de forma progresiva con congelamiento de precios y salarios. Con el acuerdo que se firma el 8 de junio, los salarios aumentan 200 pesos. Al ser un aumento fijo, representa un mayor porcentaje para los salarios más bajos. Esto va a representar un 20 por ciento del salario mínimo y un 14 del salario promedio. Finalmente hay una serie de acuerdos comerciales con países socialistas, como Polonia, tratativas con la Unión Soviética, mucha relación con Cuba, y eso va a lograr una balanza comercial favorable que va a permitir sostenerse. Un problema es que la inversión privada no alcanza los niveles esperados. La relación entre el ahorro y la inversión y el consumo que esperaba el Ministerio de Economía no se dio como se estimaba. El consumo fue más alto de lo que pretendían y, sobre todo, no se vio superado por la inversión, que era algo que podía hacer al programa sostenible en el tiempo.

–¿Qué posición tuvieron Montoneros y otras organizaciones de izquierda?

–La izquierda no peronista y particularmente el ERP lo rechazan de plano. Otros espacios de afiliación peronista, como la revista Militancia, que tenía ciertos vínculos con las FAP, también lo rechazan. Los matices de la organización Montoneros resultan interesantes. En una primera instancia van a tener una postura de apoyo ambiguo al Pacto Social. Es decir, lo van a aceptar como una etapa de transición al objetivo último, que es el socialismo. Esto va a durar aproximadamente hasta agosto de 1973, cuando ya Cámpora había renunciado, cuando hay una retracción de la izquierda al interior de la coalición peronista.
Y, en el acto del 22 de agosto, que se cumplía un año de Trelew, Firmenich condena abiertamente el Pacto Social diciendo que la representación de los trabajadores era falsa. Luego se llama al boicot total y abierto a la Pacto Social. Hay una tapa de El Descamisado que dice en letras grandes y fondo rojo: “Hay que romper el Pacto Social”.

–¿Cuáles son los puntos de inflexión que determinan el final de Pacto Social?

–Hay un primer momento en septiembre, en el cual Rucci dice que va a convocar a las convenciones colectivas y a las paritarias y a pedir aumentos salariales a pesar del congelamiento que definía el programa. Un segundo punto clave es la crisis del petróleo, que se inicia en octubre de 1973. Todas las importaciones aumentan de precio, la energía primero, el barril del petróleo aumentó un 252 por ciento, pero prácticamente eso impacta en todas las importaciones. Con un programa que congelaba a precios locales en pesos, pero tenías los insumos que aumentaban en dólares, se van a suscitar nuevas discusiones entre empresarios y sindicalistas. A finales de año, Gelbard intenta autorizar una serie de precios. Los sindicalistas se oponen y termina interviniendo Perón. Lo que va a suceder una y otra vez es que tiene que aparecer Perón para resolver conflictos que las instancias tripartitas que estaban establecidas en los acuerdos no podían resolver. Entonces aparece Perón en diciembre; en marzo esta discusión se retoma y hay una gran paritaria que da un aumento de sueldos que no estaba contemplado originalmente. En junio reaparece esta discusión para el aguinaldo; Perón vuelve a aparecer para exigir que haya doble aguinaldo. Y la muerte de Perón va a ser otro golpe fundamental para este programa, porque era el principal respaldo para la figura de Gelbard, que era un hombre que no venía del peronismo y no tenía muchos otros soportes políticos en la coalición oficial. En el medio, ya el programa no tenía los mismos resultados económicos. Ya no se podía contener la inflación y se habían desarrollado mercados paralelos para eludir los aumentos de precio. Otro gran problema fue el desabastecimiento, las góndolas vacías, etcétera.

–¿Cuál son los principales legados del Pacto Social o algunas medidas que perduraron en el tiempo?

–En el discurso político, la idea del Pacto Social sigue siendo inspiradora porque implica la posibilidad de encontrar objetivos comunes entre actores sociales antagónicos. En términos político-económicos, introduce la cuestión del aumento salarial fijo contra la discusión de cada rama, y con ello, los aumentos porcentuales que permiten que no haya tanta distancia entre salarios al interior de la clase trabajadora. Otro legado es la idea de que el Estado puede lograr el abastecimiento a partir del control efectivo de los precios. La Ley de Abastecimiento que tenemos hoy día es una versión con modificaciones de la ley que se genera como respuesta a los problemas de desabastecimiento del tercer gobierno peronista.