Tras la asunción de Héctor Cámpora a la presidencia, en mayo de 1973, el programa económico llevado adelante por José Ber Gelbard respetaba el acuerdo suscripto en el Acta de Compromiso Nacional entre el Gobierno, la Confederación General Económica (CGE) y la Confederación General del Trabajo (CGT). Resultado de un prolongado estudio realizado por la CGE, resultó la base del Pacto Social, sustento de la política del Gobierno hasta su disgregación como resultado de los intensos conflictos obreros que sacudieron el período.

El fundamento de lo que parecía inicialmente un amplio acuerdo tendía a aplacar la intensa conflictividad que protagonizaba la clase trabajadora y a limitar el poder de los sectores combativos del movimiento obrero, que al menos desde fines de la década anterior venían cuestionando el poder del sindicalismo tradicional. Una de las medidas adoptadas fue el incremento salarial del 20 por ciento para todos los trabajadores y su posterior congelamiento hasta junio de 1974, al tiempo que se determinaba el control de precios, que debían respetar los empresarios. Para fines de año, el Gobierno exhibió ciertos logros, como la detención de la inflación, el crecimiento de la economía, el descenso de la tasa de desempleo y un aumento de la participación de los salarios en el ingreso nacional. No obstante, algunas nubes ennegrecían el horizonte. A principios de 1974, el Gobierno debió salir a negar posibles aumentos de salarios y no pudo hacer lo mismo con la suba de ciertos productos.

En la ciudad de Rosario, la conflictividad era noticia sin que el principal diario local, La Capital, pudiera informar al menos durante el mes de abril esta situación, pues durante ese período sus trabajadores y trabajadoras estuvieron de paro. A la vuelta, debieron informar los nuevos aumentos de tarifas de servicios públicos, energía y gas. La dirigencia sindical tradicional, que había esperado con ansias el retorno de Perón y su acceso a la presidencia a mediados del mes de octubre, acató el Pacto sin dudar, aunque se encontró en la disyuntiva entre cumplir los compromisos políticos asumidos mediante la firma del Acta y mantener algo de su perdida legitimidad frente al creciente peso del sindicalismo combativo. En otros términos, el mismo contexto presentaba una paradoja: el retorno de la democracia y poco después del propio Perón a la presidencia despertaba expectativas de obtener conquistas en las condiciones de trabajo, pero también salariales, y eran las propias cúpulas sindicales, cuestionadas por sectores de la izquierda en general y de la propia izquierda peronista en particular, las que debían actuar frente a ese escenario.

Justamente, el histórico reclamo por incrementos salariales mediante convenios colectivos se vio severamente limitado por el Pacto. Sin embargo, diversas investigaciones señalaron las dificultades para frenar el reclamo frente a un alza del costo de vida que rápidamente consumió el inicial aumento salarial. El desconocimiento de los acuerdos por parte del empresariado, que ya había realizado aumentos “preventivos” y poco después comenzó a discutir la política de precios vaticinando que podía provocar una recesión y cierres, complicó el panorama ya a principios de 1974.

ROSARIO SIEMPRE ESTUVO CERCA

Pero tal vez fueron la imposibilidad de frenar la conflictividad obrera mediante el accionar del activismo de base, la contundencia de las demandas sobre condiciones de trabajo y la propia presencia del reclamo salarial, los aspectos centrales a considerar en cualquier evaluación del Pacto Social. Así, el mes de junio de 1973 estuvo atravesado por numerosas tomas de facultades, hospitales, emisoras radiales, establecimientos educativos y reparticiones públicas en Rosario y localidades aledañas. El día 27 se dispuso el desalojo de la resistente Escuela Superior de Comercio, dependiente de la Universidad Nacional de Rosario, al parecer una de las únicas que no había acatado la orden del Ministerio del Interior de levantar las ocupaciones. Por entonces, las noticias de huelgas obreras recogidas por la prensa local convivían con las de secuestros de empresarios y las ocupaciones y “arengas” del Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP) en fábricas de la ciudad.

Según los estudios realizados por Andrés Carminati para la región, en diversas y heterogéneas empresas y ramas de actividad, corrientes combativas se abrieron paso durante la segunda mitad de ese año y protagonizaron importantes conflictos. Fueron los casos de la comisión interna de la química Sulfacid, o de algunas empresas metalúrgicas. Este proceso se acentuó al año siguiente en otras fábricas de esta rama o en Jabón Kopp, donde se registró el triunfo de la Lista Verde, precedido por una toma de la planta en rechazo al intento por parte de la compañía de concretar cincuenta despidos. Un grupo de delegados de colectivos, enfrentando a la dirección de la UTA local, llevó adelante un paro de semana y media en septiembre de 1974 por incrementos salariales y reconocimiento del doble rol de chofer-guarda. De allí que a los conflictos por condiciones de trabajo y salud presentes en químicos, jaboneros y metalúrgicos se sumaran las demandas salariales, cuando el Pacto Social comenzó a resquebrajarse. Así ocurrió en las dos fábricas militares de Rosario y Borghi (hoy Fray Luis Beltrán), que reunían cerca de 3.500 trabajadores afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), quienes en marzo de 1974 declararon un paro por tiempo indeterminado pidiendo un incremento del 50 por ciento en los salarios y otras demandas sobre condiciones de trabajo. A pesar de las limitaciones planteadas por el Pacto Social, los trabajadores ganaron la mayoría de los reclamos, incluido un incremento salarial cercano a lo exigido. Sin embargo, desatendiendo las múltiples declaraciones de adhesión a Perón efectuadas por los principales líderes de la protesta, la decisión de ATE Rosario y Borghi culminó con la expulsión del gremio de Mario “Negro” Aguirre y otros activistas, exhibiendo que la decisión de barrer al activismo de izquierda alcanzaba al interior del peronismo sindical.

Durante 1974 se produjeron dos casos emblemáticos para el Gran Rosario: el conocido como “primer Villazo”, cuando en marzo los trabajadores metalúrgicos de Villa Constitución protagonizaron un ciclo de movilizaciones y toma de fábricas que abrió el camino meses más tarde al triunfo de la Lista Marrón de la UOM encabezada por Alberto Piccinini y enfrentada a Lorenzo Miguel. El violento y extendido despliegue represivo destinado a aplastar un supuesto complot a la industria pesada de marzo de 1975 no tuvo otro objetivo más que frenar el proceso iniciado por la Lista Marrón como parte del más general propósito de
eliminar a las direcciones sindicales de izquierda y combativas. En agosto de 1974, la toma con control obrero de la Petroquímica PASA, dirigida por el combativo Soepu, representó otro de los faros del activismo combativo de la región.

De modo que, como expresiones locales de procesos nacionales, el activismo combativo, enfrentado a las direcciones sindicales tradicionales, y los propios trabajadores afectados por las grietas del Pacto Social –que ya para fines de 1974 no había logrado parar la disparada inflacionaria– salieron a hacer uso de las herramientas históricas de la clase: la lucha por demandas vinculadas a las condiciones de trabajo y por incrementos salariales, acudiendo a diversos métodos que incluían desde paros parciales hasta tomas con control obrero.