La aprobación de la Constituyente en la provincia de Jujuy cerró con una brutal represión. Hubo heridos, presos, prácticas abusivas que recuerdan los tiempos del terrorismo de Estado en la Argentina. El gobernador Gerardo Morales, precandidato a vicepresidente en el frente cambiemita en la fórmula que lidera Horacio Rodríguez Larreta, demostró una vez más la impunidad con la que gobierna. El ajuste es económico, pero también es el teatro de operaciones para la implementación de un modelo que solo cierra con violencia y represión. Su intención de criminalizar la protesta social es también una suerte de “preparación” para la Argentina poselectoral. Es la única manera de anular la agenda popular y de los trabajadores del debate nacional. Marcelo Koenig es abogado y profesor universitario, escritor, pensador y secretario general de la organización Descamisados. Diputado nacional entre 2019 y 2021 por Unidad Ciudadana, aporta al debate sobre la situación en Jujuy.

–¿Qué intereses políticos esconde la constituyente en la provincia de Jujuy?
–Un caso típico de la derecha. Una derecha que se rasga las vestiduras hablando de “república” pero se lleva puesto todo el andamiaje jurídico en función de sus intereses. Morales fuerza la reforma de la Constitución, por motivos que van de lo económico a lo político. Aunque lo fundamental fue su intención de posicionarse en el marco electoral nacional de este año. En lo político local la reforma establece la posibilidad de ser reelegido nuevamente en su provincia. Esto es su proyecto a largo plazo, pero en la disputa más inmediata, lo que quería es posicionarse en el proceso de ser elegido vicepresidente. Y para hacerlo se llevó puestas las formas republicanas que dice defender. Esta fue una reforma de urgencia, sin respetar los tiempos, los plazos que corresponden. La Constitución vigente de hoy dice que no se puede ser miembro de la Constituyente y tener un cargo público en Jujuy. Sin embargo, él fue el presidente de la Constituyente. También en la reforma hay cuestiones en las que proyecta su proyecto político para el nivel nacional para servir a su candidatura. Corresponde agregar también que la Constituyente se consolidó con la traición de un sector del peronismo, que aprobó lo obrado y viene siendo funcional procurando la desunión de la fuerza electoral de oposición a Morales. Mas allá de estas cuestiones, lo que expresa esa nueva Constitución es lo que Moreales realmente es, y los intereses políticos a los que responde.

–Entonces no hubo un consenso con las comunidades originarias.
–Esa es otra de las cuestiones formales y sustanciales violadas, donde choca incluso con la Constitución Nacional. Las disposiciones establecidas modifican el régimen de propiedad de la tierra y sobre todo el que afecta las comunidades originarias. Por ende, estas debieron ser consultadas. El artículo 169 del convenio de la OIT que la Argentina suscribió establece que los pueblos indígenas puedan influir en las decisiones del Estado que sean susceptibles de afectarles en sus derechos colectivos. Es decir, plantea la necesidad ante cualquier reforma que afecte estos derechos de ser debidamente consultada, con tiempo y con información disponible. Nada de esto sucedió. Tratándose de un tratado vigente que establece derechos humanos tiene (a partir de 1994) rango constitucional. Muchos afirman que la necesidad de afectar las tierras de las comunidades campesinas y originarias de la puna está relacionado con la codicia que ha generado la posibilidad de extracción del litio. Hoy la mayoría de los proyectos de extracción del litio en nuestro país no son más que meras concesiones, que funcionan más como un activo financiero, es decir, para especular con el valor que una realidad extractiva. En Jujuy solamente está funcionando efectivamente una empresa que es de origen australiano, Allkem. La empresa provincial, creada antes de Morales, es socia en apenas un 8 por ciento. La mayor parte de la producción va a parar a Toyota. Dicen ahora que Allkem está en un proceso de fusión con Livent, que es la multinacional norteamericana que tiene el otro emprendimiento, pero es en Catamarca. Es decir, en el país finalmente todo el litio es explotado por una sola empresa y es extranjera.

–¿Qué rol juega el Estado nacional en estas concesiones?
–La reforma constitucional nacional de 1994 pactada por Menem y Alfonsín pone en manos de las provincias el dominio originario de los recursos naturales (artículo 124). Esto hace que sean directamente las provincias, en inferioridad de condiciones, las que negocien con las empresas transnacionales. Por eso es falsa la idea de que por el hecho de tener litio los argentinos nos vamos a salvar la vida. Esa idea es instalada desde aquellos que tienen un proyecto de país extractivista. Esto es, una Argentina que viva de la exportación de un puñado de commodities: soja, gas, petróleo, litio, etc. Si bien el litio no es estrictamente un commodity, perfectamente podría serlo. Pero lo grave de esto es que si bien a este modelo (por el ingreso de dólares) le van a cerrar las cuentas, lo cierto es que le cierran con la gente afuera. Lo que ocurre es que la primarización de la economía no genera trabajo. Lo que realmente genera trabajo y de mayor calidad es la industrialización. Por eso, primero hay que ejercer soberanía sobre el litio, y luego crear trabajo. Como decía Perón, “gobernar es generar trabajo”. Hoy, el litio es de empresas transnacionales que hacen lo que quieren. Y nos dejan espejitos de colores. El régimen chileno del litio establece que en Chile las regalías llegan de acuerdo al volumen hasta el 40 por ciento. En la Argentina, el régimen que está establecido en la Ley de Inversiones Mineras (de los tiempos de Menem) establece que las regalías que cobran las provincias no pueden pasar del 3 por ciento. Es decir que a la Argentina no le queda casi nada de ganancia y nosotros no disponemos del litio y nadie lo regula como para que la prioridad sea abastecer al mercado interno para la industrialización.

–¿El que tiene el control del litio es el gobierno de Jujuy?
–Por nuestro régimen constitucional nacional actual, son las provincias las que disponen del litio. Y las otras herramientas que tiene el Estado nacional, como establecer derechos de exportación, prácticamente no se utilizan. El litio no lo negocia Gerardo Morales, es el gobierno del Estado provincial de Jujuy el que establece las concesiones dentro del marco de la Ley de Inversiones Mineras.

–¿Qué pasa con la protesta social?
–Podemos ver que Morales se está anticipando a realizar movimientos que vayan contra el pueblo, sobre la propiedad de los pueblos originarios, etc. Para darle fuerza al despojo, plantea inconstitucionalmente condicionamientos al derecho de intervención de la provincia que tiene el Estado federal. Es más, establece, también inconstitucionalmente, que el Estado provincial puede hacer acuerdos de carácter internacional. No puede obviarse que esto está relacionado con los acuerdos con las empresas que codician nuestro litio. Digo nuestro aunque la jefa del Comando Sur de las Fuerzas Armadas norteamericanas, Laura Richardson, dice que es de ellos. Todos estos acuerdos son opacos. Nadie sabe bien cómo, cuánto y por cuánto se llevan hoy nuestro litio. También es cierto que el Estado nacional viene renunciando a las posibilidades que sí tiene para intervenir en el juego. Digamos, puede controlar (facultad constitucional) el impacto ambiental, establecer un cupo para resguardar la industria nacional o convenir el porcentaje de retenciones, etc. La otra cuestión clave de la reforma se relaciona con la protesta social. La restricción a través de la excesiva reglamentación de un derecho hace que se naturalice que esta prácticamente prohibido el derecho a peticionar a las autoridades establecido en nuestra Constitución Nacional. ¿Para qué hacer esto? Eso tiene muchos planos de análisis. Uno es que puedan extraer y explotar el litio sin consultar a las comunidades, sean originarias o de criollos, que están en la zona de explotación. Y esto no es porque el litio es particularmente contaminante. Si se lo compara con la minería a cielo abierto, prácticamente es un juego de niños. Pero no es menos cierto que toda minería es contaminante (como la mayor parte de la actividad humana, entre ella la agricultura, sobre todo cuando se la hace con agrotóxicos). En el caso del litio, la particularidad es que requiere de agua, en el marco de un paisaje como la puna, donde esta es un bien muy escaso. ¿Se puede hacer reduciendo el impacto ambiental? Por supuesto que sí, pero es más caro. Por eso las empresas lo que no hacen es estudiar la totalidad de las cuencas hídricas, que son los salares donde está el litio. La extracción del litio e incluso el secado en grandes piletones no usa agua apta ni para el consumo animal ni para el consumo humano. Pero sí en los procesos de lavado posteriores para separar el litio de los otros minerales con que se encuentra en estado natural abajo de los salares. Aun así, cuando se extrae la salmuera que va a los piletones, se puede afectar un ojo de agua dulce que esté a varios kilómetros si no se lo estudia correctamente.

–¿Entonces, podemos decir que Gerardo Morales usó los mecanismos represivos como parte de su campaña electoral a la vicepresidencia?
–Las protestas se iniciaron porque los docentes jujeños cobran los peores sueldos de todo el país. Estas protestas y la de los pueblos originarios afectados en sus intereses que se sumaron fueron duramente reprimidas porque la reforma y la sobreactuación que hace Morales en su papel del hombre fuerte de mano dura está relacionada directamente con el posicionamiento de él en la interna de Juntos por el Cambio. Él se quiere presentar como un hombre de orden y disputar el espacio simbólico de lo que los periodistas denominaron “halcones”, pero está claro que halcones y palomas son una banda de gente, para decirlo en términos académicos, de mierda. Todos ellos quieren interpelar a un sector de la sociedad que cree que los problemas sociales se resuelven por medios violentos y a los palos. Esa fue la carta de presentación de Gerardo Morales y se ve que le fue bien porque Horacio Rodríguez Larreta lo eligió como su candidato a vice. Aportándole a la formula la cuota de mano dura necesaria y esto es así porque la amalgama de la derecha no es solo su propuesta liberal y entreguista en lo económico, es fundamentalmente el discurso de odio a todo lo que suene a popular y a peronista.