La Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina ha estado en manos de alrededor de 100 ministros en sus más de 160 años de historia. De todos ellos, solo tres fueron mujeres: Margarita Argúas (1970-1973), designada por el gobierno de facto de Roberto Levingston, y Carmen Argibay (2005-2014) y Elena Highton de Nolasco (2004-2021), designadas por el gobierno de Néstor Kirchner.

Sus influencias en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres han sido tan notorias como la discriminación sexista a la que debieron enfrentarse desde el inicio en sus funciones.

El primer día de Argúas como ministra en la Corte fue relatado en los medios de comunicación con detalles del vestuario que eligió para la ocasión: “Vestía tapado azul turquesa, semilargo, zapatos del mismo tono”. La revista Periscopio contó en qué auto llegó, con quién vivía la nueva funcionaria y otros datos personales.

Pero había mucho más para contar de ella: se destacó como académica, profesora titular en la Facultad de Derecho de la UBA. Fue la primera camarista, la primera miembro de la Academia Nacional de Derecho y la primera mujer en ocupar la presidencia mundial de la International Law Association.

Mucho más adelante llegaría otro buen año en cuestiones de género en la Justicia: 2005. El famoso “techo de cristal”, fenómeno que impide el ascenso profesional y laboral de las mujeres con base en la discriminación de género, se resquebrajó al asumir Carmen Argibay (quien había sido nombrada el año anterior) y Elena Highton de Nolasco como ministras de la Corte.

Al igual que Argúas, Argibay tampoco contó con un comienzo sencillo en la Corte Suprema. Con su carrera judicial abocada a la lucha por la igualdad, su designación en el máximo tribunal fue resistida por la Iglesia católica.

Fue también abogada y jueza, integrante de la Asociación Internacional de Derecho Penal y fundadora de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces, entre otras. Formó parte del Tribunal Internacional de Mujeres sobre Crímenes de Guerra para el Enjuiciamiento de la Esclavitud Sexual. Y fue nombrada por la Asamblea General de las Naciones Unidas como jueza ad litem en el Tribunal Criminal Internacional. No obstante, a la parte más conservadora de la Iglesia le bastó con saber que se consideraba atea y abiertamente feminista para intentar desalojarla de su cargo.

DERECHO A DECIDIR

Pero ante esta embestida, Argibay no retrocedió: defendió el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, propulsó numerosos proyectos en contra de la trata de personas y se declaró a favor de métodos anticonceptivos para evitar abortos y embarazos no deseados e incluso sobre la educación sexual integral en las escuelas.

Sus ideas fueron demasiado disruptivas para la época en la que se desenvolvió, pero en la actualidad las mujeres de la Justicia llevan su legado como bandera. En su nombre se llevó a cabo, el año pasado, el Primer Encuentro Nacional “Puertas adentro de nuestra casa” hecho por mujeres judiciales, cuyo eslogan es “Las mujeres del servicio de la Justicia hablan”.

Del mismo calibre fue Elena Highton, promotora de la perspectiva de género en el Poder Judicial, que comenzó su carrera como defensora de Incapaces y Ausentes en el fuero Civil y Comercial. Fue jueza y camarista. Participó de la creación de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema y más tarde quedó a su cargo.

Además, dispuso la creación de la Oficina de la Mujer de la Corte –hoy a cargo de María Delia Castañares–, cuyo fin es promover la perspectiva de género hacia dentro de la estructura judicial no solo para quienes utilizan el servicio de justicia sino también para quienes trabajan en él.

Highton tuvo un fuerte capítulo de controversia al fallar –junto a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti– positivamente a la aplicación del 2×1 a los represores de la última dictadura militar, un beneficio de la ley penal que hubiera aliviado la condena por sus delitos cometidos, incluso los de lesa humanidad.

En octubre de 2021, Highton de Nolasco presentó su renuncia, a sus 78 años. Por un decreto firmado por Néstor Kirchner en 2003, el Ejecutivo tenía treinta días para enviar un pliego al Senado de un nombre para cubrir esa vacante.

Pasaron dos años y los ministros de la Corte Suprema continúan siendo cuatro hombres: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Fueron numerosas las organizaciones que, ante el vencimiento del plazo legal para la designación de una nueva ministra, presentaron una carta al Gobierno nacional para exponer las consecuencias que provoca en las instituciones que el máximo tribunal no esté compuesto como lo previsto en la legislación. Entre ellas, se destaca la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la Asociación de Abogadas Feministas y Amnistía Internacional, entre tantas otras.

Varios nombres de mujeres han desfilado como posibles reemplazos. No obstante, el juicio político en trámite hacia la Corte Suprema sobrellevado por el Gobierno nacional se ha apoderado de la agenda política y judicial.

LUCHA Y CONSTANCIA

Si algo han tenido que mantener las mujeres de la historia es constancia, lucha y paciencia. Mucha paciencia. Los tiempos de la historia son lentos, pero para las mujeres del Poder Judicial, mucho más. Actualmente, en dicho Poder, el 57 por ciento del plantel laboral es ocupado por mujeres, pero solo el 31 conquista cargos de jerarquía, según el Mapa de Género de la Justicia Argentina 2021, del Centro de Información Jurídica.

Esto fue el eje de debate en el mencionado Encuentro “Puertas adentro de nuestra casa”, donde la letrada Alejandra Valinotti expuso: “No es solo la incorporación de la mujer al mundo del trabajo lo que resuelve la falta de paridad, sino que estemos en idénticas condiciones con los hombres al estar incorporadas. Y esto incluye estar también en los espacios de toma de decisiones”.

La Argentina cuenta con una amplia caja de herramientas jurídicas y de pactos internacionales que abogan por la libertad, la igualdad y la no discriminación que se destacan en la región latinoamericana. Pero su correcta implementación sigue estando en manos de un Poder Judicial conservador y patriarcal.

Los desafíos que quedan para las mujeres en la Corte Suprema y todo el sistema de Justicia seguirán siendo lidiar con el trabajo y la sobrecarga de tareas domésticas ligadas a estereotipos de género y combatir la representación desigual para enriquecer el debate y la jurisprudencia en temas relevantes para la sociedad, especialmente para aquellas que nunca han tenido suficiente voz, reclamando justicia o trabajando en ella.