En una década, 12.655 personas modificaron su DNI por la ley de Identidad de Género. La frialdad de la estadística no oculta que detrás de ese número hay 12.665 vidas que lograron algo tan sencillo como que extender el documento de identidad no signifique vivir una situación de violencia insoportable: la negación de sí mismos.

Desde el 9 de mayo de 2012, para cambiar la identidad de género en el DNI en la Argentina solo hay que pedir que se rectifique el sexo, el nombre de pila y la imagen explicando que no coinciden “con la identidad de género autopercibida” por quien lo solicita. Ni en la partida de nacimiento y en el nuevo DNI queda asentada ninguna referencia a la ley que lo autoriza.

La adecuación identitaria es un derecho también para los menores de 18 años, aunque el trámite queda a cargo de los adultos responsables. Si estos se niegan, el chico o la chica puede apelar a una “vía sumarísima” para que el Poder Judicial resuelva.

Para la ley, la identidad de género es “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (…) Puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales”.

El simple acto, casi administrativo, tiene una profundidad incalculable. Si la fórmula los nenes con los nenes era/es irritante; si las nenas con las nenas, invisible; la indefinición, el salto al otro lado, o a ninguno, o en el medio, fue por siglos entendido como pecado, aberración y también delito.

La Ley de Identidad de Género estableció que para el Estado argentino el género no debe ser cuestión de jueces ni de curas ni de médicos. Que es cuestión subjetiva, propia, un derecho humano. Y que no hay ideología ni análisis de hormonas que tenga más fuerza que la palabra de cada una/uno.

La vida de la disidencia sexual y su impugnación de facto a la norma heterosexual suele portar su carga de dolor y violencia. En el caso de las travestis y las trans, todo es siempre peor.

Los edictos policiales, las contravenciones, fueron la piedra libre para atropellos y abusos. Recién el mes pasado, abril de 2022, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak procesó a decena de civiles, militares y policías retirados por perseguir, secuestrar, torturar y abusar de personas travestis y trans. Son parte de las causas que investigan los delitos del terrorismo de Estado sucedidos en el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes y El infierno, centros clandestinos que funcionaron en el sur del Gran Buenos Aires.

Lohana Berkins (1965-2016), activista pionera por los derechos de las travestis, describió las consecuencias del repudio familiar con una sencillez irrefutable: “El único espacio que se nos reserva a nosotras las travestis es la calle y la noche. Solo se nos busca, somos deseadas, en la prostitución. No es que yo un día me senté en el mullido sillón de mi casa y dije: ‘A ver, ¿qué me vuelvo? ¿Una vecina facha, una prostituta o una travesti?’ ¡No tuve alternativa! El Estado me ha impuesto y me ha condenado a la prostitución y esto vale para todas las travestis. Si te echan de tu casa a los 10 años, ¿qué se espera que hagas para sobrevivir?”.

Los relatos coinciden: un cuerpo al que no se siente propio, un nombre en el que no se escuchan. La sensación de ser otra u otro y que los demás no se den cuenta o no lo entiendan. Y que te traten de enderezar a burlas o a patadas.

“Mi papá ya no tiene fuerzas así que ya no me puede pegar”, dice con ironía pero seguramente con alivio la escritora travesti Camila Sosa Villada, ganadora en 2020 del Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz por su novela Las malas.

“Tengo cicatrices de risas en mi espalda”, escupió el chileno Pedro Lemebel en su temprano e inolvidable “Manifiesto (hablo por mi diferencia)”, de 1986, plena dictadura pinochetista. Lemebel, por primera vez subido en público a altos y femeninos tacones, una hoz y un martillo pintados en la cara, dejó atónito a un auditorio del Partido Comunista. “No soy Pasolini pidiendo explicaciones/ No soy Ginsberg expulsado de Cuba/ No soy un marica disfrazado de poeta/ No necesito disfraz/ Aquí está mi cara/ Hablo por mi diferencia/ Defiendo lo que soy.”

En la última década, 26 de cada cien mil habitantes rectificaron su DNI para que coincidiera con su identidad autopercibida. Los datos fueron difundidos por el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y la Dirección de Población del Ministerio del Interior. De ese universo, seis de cada diez personas optaron por la opción “mujer” y cuatro de cada diez, por la opción “varón”.

Al principio las rectificaciones fueron masivamente hacia el género mujer (90 por ciento) pero paulatinamente fue creciendo la tendencia inversa en los últimos años, cuando la opción “varón” orilla el 58 por ciento.

La mayor parte de la población que cambió de género en el DNI reside en los grandes centros urbanos y el 37,5 por ciento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Principalmente en la ciudad de Buenos Aires, que presenta la mayor cantidad de habitantes que realizaron el trámite de cambio de género (47 personas cada 100 mil), seguida por las provincias de Salta, La Rioja y Tierra del Fuego (entre 37 y 36 personas cada 100 mil).

Las cuentas pendientes

El informe también refleja las enormes dificultades que siguen enfrentando las personas trans. De las 12.665 personas que adecuaron su documentación, murieron 335. Su promedio de edad era de 40 años, aunque la expectativa de vida en el país es de 76,6, casi el doble.

Las muertes prematuras se explican por la cadena de violencias y exclusiones –el “travesticidio social”–, cuando no son causadas directamente por los crímenes de odio.

Según un informe de 2018, seis de cada diez personas trans abandonan la escuela secundaria a causa del hostigamiento, las burlas, las agresiones. La mitad vive de forma muy precaria.

El 83 por ciento fue víctima de graves actos de violencia y discriminación policial, y el 34 por ciento vive con VIH y tiene dificultades para acceder a los tratamientos antirretrovirales.

En este contexto, las posibilidades de inserción laboral son escasas. Aunque en julio de 2021 se promulgó la ley de Cupo Laboral Trans, que establece que se les debe reservar el 1 por ciento de las vacantes del Estado, la mayoría sigue en situación de prostitución.

La ley del Cupo Laboral lleva el nombre de Lohana Berkins y Diana Sacayán. Diana, una de las impulsoras de la Ley de Identidad de Género, fue la primera travesti en recibir su DNI con la inscripción del género femenino. En 2015, fue asesinada. El tribunal condenó a su asesino en una sentencia en la que por primera vez la Justicia argentina calificó el asesinato de una travesti como un crimen de odio a la identidad de género.

En 2021, fueron asesinadas por lo menos diez travestis. Y Tehuel, un chico trans de 22 años, lleva un año desaparecido. Fue visto por última vez cuando salió de su casa de la localidad bonaerense de San Vicente para ver a Luis Alberto Ramos, que le había ofrecido un empleo. Después se supo que Ramos tenía una condena de homicidio.

Tal vez por eso Camila Sosa Villada reclama para sí la identidad travesti y no la trans: “Durante mucho tiempo fue una palabra cubierta de crímenes, insultos, semen, sangre, silencio, soledad, hambre, intemperie. Es una palabra que está sucia. Y el decir mujeres trans, mujeres transgénero, higieniza una existencia que nunca estuvo higienizada”.