El pasado 16 de abril se cumplieron diez años desde que la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner enviara al Congreso el proyecto de ley de estatización de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), que entonces se encontraba mayoritariamente en manos de la española Repsol.

La expropiación del 51 por ciento del capital accionario de YPF en manos del holding petrolero español –el Estado nacional tenía una posición minoritaria pero conservaba la acción de oro– fue ratificada unos días después por el Congreso. La medida determinó que el 24,99 por ciento de las acciones quedara en manos de las provincias, mientras que un 26 por ciento pasara al Estado nacional.

A su vez, el Gobierno dispuso, a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), la intervención de Repsol YPF y declaró de interés público nacional la exploración de hidrocarburos, siempre con la vista puesta en lograr nuevamente el autoabastecimiento energético.

Estas medidas habían sido motivadas por la caída de las reservas de petróleo durante la gestión de Repsol. Una combinación de sobreexplotación de los yacimientos y falta de inversiones por parte de la petrolera española llevó a un punto sin retorno la relación entre el gobierno central y la empresa española.

Según algunas estimaciones, entre 1999, cuando Repsol se hizo con el control de la compañía, y finales de 2011, la caída de las reservas de petróleo fue de 54 por ciento y de 97 por ciento en lo referente al gas.

Un poco de historia

El proceso de apertura al capital privado había comenzado en 1989 con la sanción de la Ley de Reforma del Estado, una norma que facilitó la “desnacionalización” de recursos energéticos estratégicos del país. En una primera etapa, entre 1989 y 1992, YPF pasó de ser Sociedad del Estado (YPF SE) a ser una Sociedad Anónima (YPF SA), transfiriéndose además los yacimientos a las provincias.

Pero por otra parte, se abrió el capital accionario al sector privado, de modo que para 1993 el Estado nacional detentaba apenas el 20 por ciento del capital y la acción de oro, mientras que las provincias tenían el 12.

La segunda etapa de la privatización llegó en 1999, cuando el Estado (Nación y provincias) vendió el 24 por ciento de las acciones de YPF a la española Repsol, por 9.000 millones de dólares, conservando con una parte residual. Desde ese momento, la empresa pasó a llamarse Repsol YPF.

En el medio, en 2007, el Grupo Petersen, un conglomerado de empresas bajo la batuta de Enrique Eskenazi, había adquirido el 14,9 por ciento de YPF SA, aumentando su participación accionaria en mayo de 2011 con un 10 por ciento adicional.

Ese proceso y la desinversión en la compañía se prolongaron hasta 2012, cuando el Gobierno decidió avanzar en la nacionalización de la empresa. Así, al momento de la reestatización, Repsol tenía el 57,43 por ciento del capital accionario, mientras que el Grupo Petersen poseía el 25,46 por ciento del paquete, otro 17,09 lo tenían inversores privados y apenas el 0,02 por ciento de las acciones estaban en poder del Estado argentino, aunque conservaba la acción de oro.

Paso fundamental

A partir de entonces se abrió un nuevo escenario para el sector energético argentino, primero con la exploración de Vaca Muerta, que como se sabe tiene las segundas mayores reservas de gas natural del mundo y las cuartas de petróleo.

Ese potencial comenzó a movilizar millonarias inversiones, en especial de parte de YPF, que luego fue seguido por el interés del sector privado y el desembarco en Vaca Muerta de las multinacionales petroleras.

Las inversiones dispararon la producción de este yacimiento no convencional, al punto que en febrero pasado y gracias a Vaca Muerta, la producción de petróleo (shale y convencional) tocó un récord en más de diez años. Según la Secretaría de Energía, el petróleo no convencional de Vaca Muerta representa el 39 por ciento de todo el crudo que produce el país y el 38 por ciento del gas.

El propio ministro de Economía, Martín Guzmán, reconoció a mediados de abril, al cumplirse una década desde la estatización de YPF, que “la decisión estratégica” de expropiar las acciones de YPF en 2012 constituyó “un acto de soberanía energética”, con relevancia en el impulso a la actividad hidrocarburífera.
“Hoy Vaca Muerta tiene la importancia que tiene por esa decisión estratégica. Recuperar YPF fue un acto de soberanía que cambió la dinámica sectorial”, aseguró el titular del Palacio de Hacienda.

Guzmán se refirió también a que “luego de una nueva etapa de desinversión y declive desde fines de 2015, YPF está transitando un notable proceso de recuperación, con el mayor programa de inversión del último lustro (3.700 millones de dólares)”, remarcó en su cuenta de Twitter.

Para Guzmán, “cuando YPF crece, toda la industria energética nacional se potencia”, por eso señaló que hoy la Argentina “enfrenta una gran oportunidad para acelerar el desarrollo energético, lo que sería transformacional para nuestro sistema productivo y la estabilidad económica”.

Tubos y plataformas

En esta lógica hay que leer también el reciente anuncio de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, cuyo objetivo es resolver el cuello de botella que hoy tienen los recursos de Vaca Muerta. Se prevé que el gasoducto vaya desde la Cuenca Neuquina hasta el sur de Santa Fe, en el nodo productivo y portuario de Rosario, atravesando La Pampa y el oeste de la provincia de Buenos Aires.

Las obras fueron lanzadas desde Loma Campana (Neuquén) el pasado 22 de abril por el presidente Alberto Fernández, junto a los gobernadores de Neuquén, Omar Gutiérrez, y de Buenos Aires, Axel Kicillof; además de Pablo González, presidente del directorio de YPF; Darío Martínez, secretario de Energía; y la directora de la Fundación YPF, Ofelia Cédola.

La obra es la más importante en cuarenta años, demandará unos 3.400 millones de dólares de inversión y se espera que haya una primera etapa concluida para mediados de 2023, en 14 meses. Ya se licitaron los tubos de acero para el tendido y, según información de la Secretaría de Energía, los pliegos estarán listos en las primeras semanas de mayo, para adjudicar las obras en julio y comenzar la construcción en agosto.

Según estimaciones de Enarsa en base a la capacidad de transporte de gas natural, el precio actual y la demanda, las obras permitirán el ahorro de unos 1.500 millones de dólares en 2023 en concepto de GNL importado.

En paralelo, y tras algunas protestas en el verano, avanza la iniciativa para la exploración offshore en la Cuenca Malvinas Oeste, a la altura de Santa Cruz, y también frente a las costas bonaerenses, lo que impulsó al gobierno de Axel Kicillof a lanzar a Buenos Aires como provincia petrolera.

En este escenario energético promisorio a nivel de producción, sustitución de importaciones e incluso la exportación de gas natural, sin embargo, aparece una luz amarilla. Es el juicio que se sustancia ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, a cargo de la jueza Loretta Preska –reemplazó al fallecido juez Thomas Griesa– y tendría su definición a mediados de este año, con un costo que algunas versiones cifran en más de 19.000 millones de dólares, en caso de resultar desfavorable al país.

Si bien por la expropiación de YPF la Argentina pagó unos 5.000 millones de dólares a Repsol, al dejar afuera a accionistas minoritarios, estos reguardaron su derecho a litigar y al cabo de los años los juicios fueron comprados por fondos buitre, hoy concentrados en dos viejos conocidos, Burford Capital y Eton Park.