El 10 de septiembre de 1930, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó la acordada que creó la “Doctrina de los gobiernos de facto”. Lo hizo cuatro días después del golpe militar que derrocó al radical Hipólito Yrigoyen y que fue el puntapié de la injerencia de las Fuerzas Armadas en la política argentina del siglo XX.

En esa acordada, la Corte sostuvo que el gobierno de facto se encontraba “en posesión de las fuerzas militares y policiales, necesarias para asegurar la paz y el orden de la Nación y, por consiguiente, proteger la libertad, la vida y la propiedad de las personas, y ha declarado, además, en actos públicos, que mantendrá la supremacía de la Constitución”.

Los golpes de Estado contaron entonces con un marco legal que les otorgó un sentido libertador. Fue un hito de la historia que marcó el rol del Poder Judicial en la vida social argentina. Fue la punta del iceberg.
“Siempre fue un poder vinculado a las tradiciones más conservadoras”, dijo José Manuel Ubeira, abogado penalista, a Caras y Caretas. Entre otras cosas, Ubeira es defensor del ex director de Yaciretá Oscar Thomas, en el expediente que es el emblema del autoritarismo judicial (o lawfare) que caracterizó al gobierno de Mauricio Macri: la “causa cuadernos”.

“El derecho tiene una estructura conservadora. Va detrás de la realidad. Es la naturaleza del juez. Trabaja fundamentalmente para reglamentar la crisis social. Por eso, en situaciones de mayor concentración del capital o de poder en los sectores facticos, la Justicia es tributaria de esas minorías”, remarcó Ubeira.

El abogado retrocedió en el tiempo. Viajó al primer peronismo para ilustrar con otros ejemplos. “La prueba más importante en esa época fue la creación del fuero laboral por parte de (Juan) Perón. Fue una hecatombe. El tema es que luego apareció algo maravilloso, Arturo Sampay, que creó la Constitución de 1949. Pero incluso en la etapa de 1945 a 1955, el Poder Judicial resistió los cambios que el peronismo produjo.”

El primer impulso al fuero laboral lo dio Perón en noviembre de 1944, cuando era secretario de Trabajo y Previsión, con un decreto. Luego, ya en la presidencia, lo terminó de consolidar por ley. La abogada laboralista Natalia Salvo, que actuó como denunciante en otro expediente clave del lawfare, el caso D’Alessio, también habló con esta revista. “Cuando se crearon los tribunales de trabajo, la Corte no les quiso tomar juramento a los jueces”, dijo.

“El Poder Judicial tiene una concepción del derecho como el instrumento de consolidación de los esquemas de poder concentrados –agregó Salvo–. Si la visión y la formación de los jueces estuvieran en clave popular, es decir, el derecho en función de asistir a los sectores más vulnerables, entonces la administración de justicia podría ser un canal de emancipación.”

Volviendo a los años del primer peronismo, Ubeira remarcó que el masivo apoyo popular que tenía el gobierno obligó al Poder Judicial a adaptarse, parcialmente, a los vientos de época. “Nunca se había visto un poder tan intenso como el del peronismo de 1945 a 1951, en cuanto al respaldo popular –describió el abogado–. La Justicia se mantuvo en alerta, agazapada. No había manifestaciones desembozadas como las que vemos ahora. El respaldo popular era muy importante y la transformación que produjo Perón los puso en retaguardia. Sin embargo, el peronismo nunca domesticó al Poder Judicial.”

Como en toda estructura clave del Estado, como ocurre con los lugares jerárquicos de las Fuerzas Armadas o los funcionarios de carrera de la Cancillería, el Poder Judicial fue (y es) hábitat natural de las familias de la argentina conservadora.

“Lo mismo sucedía con la universidad hasta la reforma de 1918 –sostuvo Salvo–. Eran las familias tradicionales las que podían estudiar. Es un poder del Estado pensado para esa sociedad. La endogamia luego se fue ampliando, incorporando a otras familias. Pero, por ejemplo, cuando se impulsó la ley de democratización de la Justicia (2013), fue cuestionada por la corporación judicial, la mediática y económica. Esto da cuenta del carácter nepotista de la estructura.”

Salvo puso otros ejemplos que muestran el aire de aristocracia superior que respiran quienes habitan los tribunales. “Cuando se modificó la fórmula de cómputo de las jubilaciones de los jueces y juezas, hasta las organizaciones judiciales más progresistas se disgustaron. Son cuestiones que los sustraen de una manera casi sacra de la ciudadanía. No pagan impuesto a las ganancias, no publican sus declaraciones juradas, sus cargos son intangibles.”

Los atropellos de hoy

La historia continúa. El último capítulo fue la decisión del presidente de Corte Suprema, Horacio Rosatti, de asumir la presidencia del Consejo de la Magistratura. El desembarco llegó luego de que el tribunal que preside declarase inconstitucional la ley que en 2006 impulsó la entonces senadora Cristina Fernández para reformar el organismo. El fallo pasó con una topadora por las atribuciones del Congreso. Además de la declaración de inconstitucionalidad, decidió revivir la ley de 1997 que había sido derogada y le daba la presidencia del Consejo al titular de la Corte.

“Lo que estamos viendo es una situación de facto –sostuvo Ubeira–. Rosatti en su momento escribió un tratado diciendo que los DNU dañaban la visión constitucional del país. Después aceptó, cuando asumió Macri, ser nombrado ministro de la Corte por decreto. Más tarde se autoproclamó presidente en una elección en la que se autovotó, y ahora desempolvó una ley para constituirse en presidente del Consejo. Estamos en una fase agónica que muestra una burla total al sistema institucional. Esperemos que no preanuncie situaciones más graves.”

La abogada Salvo, por su parte, remarcó: “Rosatti se votó como presidente de la Corte y ahora se pone al frente del Consejo para manejar la caja del Poder Judicial. Va en contra de otras decisiones de la Corte. Dijo lo opuesto de lo que está haciendo en este momento”.

¿Qué se puede hacer? Ante esta consulta, Salvo remarcó: “Necesitamos una reforma acorde con esta sociedad. Creo que son decisiones políticas. Es fundamental que la sociedad incorpore y aprenda de esta discusión. La ciudadanía tampoco conoce bien el rol de la Justicia. El juez ocupa el lugar de Dios, parece incuestionable. Cuando se populariza el debate, la cuestión cambia. No por nada la Corte y el Poder Judicial tienen un 80 por ciento de imagen negativa. La discusión supuestamente técnica esconde el verdadero debate. Por eso es central que los ciudadanos entiendan que no es un tema de segundo orden, sino del primero, porque luego desde ahí se cercenan sus derechos”.

Y Ubeira remató: “La Justicia siempre es empática con los poderes fácticos y tiene pocos momentos progresistas, como fue en el gobierno de Néstor Kirchner, en función de los ministros integran la Corte o del movimiento popular instalado en la calle. No hay mucho más”.