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La forja de un nuevo Chile

Ilustración: Osvaldo Révora
Ilustración: Osvaldo Révora

Con la premisa de dejar atrás los resabios dictatoriales, la Convención Constituyente del país trasandino está trabajando en la redacción de una Carta Magna democrática, plural e inclusiva, que debe ser refrendada por el pueblo en las urnas.

Chile será un Estado regional, plurinacional e intercultural en su identidad, siempre y cuando el pueblo respalde en las urnas la letra de la futura Constitución que ya empieza a bosquejarse. Esto último no es un dato menor: nadie puede pensar hoy en Chile en una imposición verticalista, desde lo alto. El establecimiento del proceso constituyente en curso, así como el ascenso al poder de una experiencia disruptiva como la que lidera Gabriel Boric, son síntomas del inconformismo latente que reina en las calles y que, por primera vez en la historia, ha logrado canalizar su energía hacia mecanismos de cambio profundos y duraderos.

Siete de los nueve meses previstos para su labor original le tomó a la Convención Constitucional en Chile votar en general las primeras 34 normas de la nueva Constitución, que deberá ser plebiscitada este año. El calendario original contempla una extensión de otros tres meses en caso de ser requerido por la cabeza del órgano o un tercio de sus convencionales, algo que muy probablemente ocurra.

Los primeros artículos abordados alcanzaron, casi todos, el quórum de dos tercios estipulado en el reglamento, o 103 votos mínimos. Sólo resta su incorporación a la futura Constitución, previo paso por la Comisión de Armonización, a cargo de velar por la concordancia y coherencia del texto final una vez que esté completo. Otras comisiones siguen trabajando en las normas que elevarán al pleno cuando alcancen el consenso suficiente para su mayoría.

PASO A PASO

Ya desde su artículo 1º, ese que declara la forma e identidad del Estado, los debates en torno a la próxima Constitución de Chile expusieron el choque conceptual entre quienes buscan una refundación y los sectores reaccionarios que no sueltan el pasado. La nueva Carta Magna propone definir a Chile como “un Estado regional, plurinacional e intercultural conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado”. La norma fue aprobada por 112 votos a favor, 32 en contra y 8 abstenciones.

Quien resiste con celos la autonomía de las regiones, comunas y territorios indígenas es el bloque conservador. Aunque se especifica que de ningún modo pueden “atentar en contra del carácter único e indivisible del Estado de Chile, ni permitirá la secesión territorial”, los constituyentes de Vamos por Chile lo tildan de “federalismo disfrazado”, en palabras de la convencional Pollyana Rivera. Profetizan que fragmentará la unidad nacional.

El artículo en cuestión reunió el mínimo de 103 votos a favor. En su intervención, Amaya Alvez, convencional de Apruebo Dignidad –la coalición que llevó a Boric a la presidencia–, describió al Estado regional como un cambio profundo que responde a aspiraciones históricas en el país. “Representa un verdadero contrapeso al órgano o poder central, lo que evidentemente genera una equidad en la división del poder”, justificó.

La Justicia insume otro extenso debate, y no es menor en un país donde aquel poder se registra entre los más impopulares de la región. A mediados de febrero, se aprobó modificar su nombre por Sistemas de Justicia; establecer mecanismos colaborativos de resolución de conflictos con participación y diálogo en los procesos; la tutela jurisdiccional efectiva como derecho de cualquier persona ante los tribunales; la gratuidad de acceso a la función jurisdiccional y el carácter abierto de la Justicia para garantizar el Estado de derecho, promover la paz social y fortalecer la democracia. No obstante, una de las normas más innovadoras es la que fija la paridad y perspectiva de género en la Justicia del próximo Chile y que se apele al lenguaje inclusivo en las sentencias finales.

Entre las transformaciones orgánicas de mayor peso, se propone un sistema dual de Justicia mediante la creación de un Sistema Jurídico Indígena que afiance la interculturalidad. Es uno de los puntos más desafiantes, sin duda. “El Sistema Nacional de Justicia coexiste en plena igualdad con los Sistemas Jurídicos Indígenas. Es deber del Estado garantizar una adecuada coordinación entre ambos”, menciona la norma.

Y respecto de los magistrados, los reconoce como “personalmente responsables” ante la comisión de delitos, como el prevaricato u obrar maliciosamente, a contramano de los fueros con los que la Constitución vigente los inviste en su artículo 81. “Los perjuicios provocados por error judicial otorgan derecho a una indemnización conforme al procedimiento establecido por la Constitución y las leyes”, pacta. A la par que salvaguarda su independencia jurisdiccional, imparcialidad y exclusividad.

HACIA EL FUTURO

Desde el mismo Reglamento que fijó el actuar de la Convención Constitucional, sus responsables se comprometieron a respetar y garantizar la preeminencia de los derechos humanos, el enfoque de género, la perspectiva feminista y el carácter plurinacional, intercultural y descentralizado para un nuevo Chile. Asimismo, la participación popular a través de Cabildos y Encuentros Autoconvocados de ciudadanos –en siete meses superaron los 16 mil en todo el país– y la consulta a los pueblos indígenas –que se garantizaron voz y voto con sus 17 escaños exclusivos en la ley N° 21.298 de Reforma Constitucional– son las herramientas para certificar la transparencia, transversalidad y la perspectiva socioecológica de la próxima Constitución.

Por supuesto, hay otros avances, con distinto grado de maduración. Se trabaja sobre el derecho a la comunicación y a la información como garantía constitucional, el acceso al conocimiento y a la cultura, la neurodivergencia, la bioética, la propiedad intelectual, los derechos digitales y los derechos culturales de los pueblos indígenas. Y en lo que refiere al histórico pedido de los colectivos feministas chilenos de legalizar el aborto, la comisión de Derechos Fundamentales de la Convención aprobó en febrero, con 24 votos a favor, ocho en contra y una abstención, la iniciativa popular de norma “Será Ley” que busca fortalecer al conjunto de los derechos vinculados con la salud sexual, reproductiva, la educación sexual integral, el derecho a la información y el acceso a la salud mental en temas de género.

A esta altura, sería ingenuo no advertir que la suerte de la futura Constitución y del gobierno que inicia de Gabriel Boric se escriben en una misma página. En términos históricos y sociopolíticos, porque es fácil percibir un hilo invisible que los une a un origen compartido como respuestas disruptivas frente al statu quo y el inmovilismo característico de la institucionalidad chilena. Pero también en lo cultural, porque la materia conceptual que nutre a la Convención Constitucional y a la flamante gestión proviene de un mismo telar de ideas. Lo que cada uno haga con sus hilos muy posiblemente determine el futuro del país y la forma en la que la historia los recordará en Chile y la región.

Escrito por
Mariano Beldyk
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