El comienzo de esta conquista se remonta a la democracia incipiente de comienzos del siglo XX, cuando el diputado socialista Alfredo Palacios presentó el primer proyecto de ley de voto femenino en el Congreso, en el año 1911, pero no llegó ni siquiera a ser debatido. Un año después se sancionaría la Ley Sáenz Peña de “voto secreto, universal y obligatorio”, pero el concepto de universalidad se refería únicamente a los varones.

Tras la Primera Guerra Mundial algunos países atendieron este reclamo histórico que encabezaron los movimientos feministas, exigiendo la igualdad de oportunidades y derechos entre las mujeres y los hombres. Desde entonces, Nueva Zelanda, Australia, Noruega, Uruguay y Rusia incorporaron a las mujeres a los padrones.

A partir de 1926, las mujeres habían obtenido la equidad legal con los varones, ya que hasta entonces eran consideradas legalmente incapaces por el Código Civil de 1871. Sin embargo, esa paridad que no sostenía la patria potestad compartida (en caso de separación los hijos quedaban al cuidado del padre) tampoco incluía el derecho al voto.

Tras aquel primer proyecto de ley de voto femenino de Palacios se presentaron otras 22 iniciativas legislativas. Y recién el 9 de septiembre de 1947, por iniciativa de Eva Perón, pudo sancionarse la Ley 13.010 que establecía en su primer artículo que «las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les acuerdan o imponen las leyes a los varones argentinos”. Fue promulgada el 23 de ese mismo mes pero se aplicó recién cuatro años más tarde.

El 11 de noviembre de 1951, en las elecciones presidenciales, 3.816.654 de argentinas votaron por primera vez y resultó ganadora la fórmula de Juan Domingo Perón – Juan Hortensio Quijano.