El 1 de mayo de 1933 se firmó en Londres el Pacto Roca-Runciman. Definido por Arturo Jauretche como “Estatuto Legal del Coloniaje”, el acuerdo venía a concretarse en un momento en el que Gran Bretaña nada tenía de aquella orgullosa potencia decimonónica que extendía sus dominios a lo largo del mundo.

La crisis de 1929 afectó gravemente el comercio internacional, que se vio reducido en un 90 por ciento. El sistema multilateral de pagos fue reemplazado entonces por acuerdos comerciales bilaterales entre naciones y la clase propietaria impulsó entonces el primer golpe de Estado de nuestra historia para retomar el control institucional, en un momento de enorme incertidumbre sobre el porvenir mundial. El régimen del fraude “patriótico”, iniciado con la presidencia del general Agustín P. Justo, en 1932, se apresuró a sellar un acuerdo con Gran Bretaña a los fines de garantizar la colocación de carne en el mercado inglés.

El pacto se concretó sobre la base del fallido Acuerdo D’Abernon-Oyhanarte, firmado en Buenos Aires en 1928, durante la presidencia de Yrigoyen, pero que carecía de validez al no haber sido refrendado por el Parlamento inglés. Las nuevas negociaciones se realizaron en territorio británico. Gran Bretaña exigió la fijación de un precio para las carnes argentinas inferior al pretendido por las economías de la Commonwealth (Comunidad Británica de Naciones), que incluía una disminución anual del volumen de las compras de un 5 por ciento. También se acordaba la liberación de impuestos para los productos ingleses, la desarticulación de industrias y servicios competitivos con los británicos –corporación de colectivos, producción de carbón, etc.–, y la creación de un Banco Central, concretada en 1936, que entregó a la banca privada la soberanía financiera de la Nación. También se garantizó que las exportaciones se realizarían exclusivamente a través de frigoríficos ingleses y estadounidenses y, por si fuera poco, se incluyó un pago compensatorio a las empresas ferroviarias británicas que prestaban servicios en la Argentina por la caída de sus utilidades a partir de la crisis.

El vicepresidente, Julio A. Roca (h), que presidía la delegación, declaró por entonces que la Argentina, “por su interdependencia recíproca, es, desde el punto de vista económico, una parte integrante del imperio británico”. Se concretaba así uno de los momentos más vergonzantes de la historia nacional.

LA COMISIÓN INVESTIGADORA DEL SENADO

Sin embargo, no sólo las condiciones acordadas resultaban cuestionables, sino que además la aplicación del pacto estuvo caracterizada por la corrupción. El principal denunciante del acuerdo y de su entramado delictivo fue el senador santafesino Lisandro de la Torre, quien puntualizó que “no podría decirse que la Argentina se haya convertido en un dominio británico, porque Inglaterra no se toma la libertad de imponer a los dominios británicos semejantes humillaciones”.

“Estoy solo frente a una coalición formidable de intereses: estoy solo frente a empresas capitalistas que se cuentan entre las más poderosas de la Tierra; estoy solo frente a un gobierno cuya mediocridad, en presencia del problema ganadero, asombra y entristece”, reconocía el legislador, pero aun así estaba dispuesto a dar batalla.

Las denuncias que proliferaron motivaron la creación de una comisión investigadora del Senado, presidida por el propio De la Torre, quien presentó un informe con las conclusiones sobre los perjuicios causados a nuestro país el 27 de junio de 1935. En su exposición, acusó de fraude y evasión impositiva a los frigoríficos Anglo, Armour y Swift, y presentó pruebas contundentes que comprometían a los ministros de Economía, Federico Pinedo, y de Hacienda, Luis Duhau.

“El Senado de la Nación descorre el velo de la política que ha sometido a la ganadería argentina al interés del capitalismo extranjero”, anunció De la Torre. “Es interesante, entonces, rastrear el papel de los elementos reaccionarios en este proceso revelador de la prepotencia de los intereses extranjeros sobre los intereses nacionales, y es fácil hacerlo al encontrar jefes del fascismo y de la reacción entre el elenco de los frigoríficos y al comprobar que la más escandalosa de las ventajas clandestinas de los frigoríficos –el regalo de un 25 por ciento de divisas– ha sido obra de la dictadura que soportó la República.”

“El Senado trata de reparar como puede los daños causados por el nacionalismo frigorífico”, continuó De la Torre. A medida que avanzaba el debate, el clima se fue enrareciendo cada vez más, a punto tal que el legislador santafesino manifestó su preocupación de pudiese “desviarse hacia el terreno de los gauchos malos”.

“¿Por qué (el ministro de Hacienda) no ha dicho la verdad a la comisión investigadora en lo que le ha preguntado?”, interpeló De la Torre. “Preveo que no dejará de usarse el argumento de la delicada situación de nuestro comercio de carnes con Inglaterra y de las negociaciones iniciadas bajo difíciles auspicios para reclamar silencio y conformidad con el monopolio británico y yanqui. Sólo los grandes estadistas de la Casa Rosada están habilitados, a juicio de ellos mismos, para defender inteligentemente los altos intereses nacionales, aun cuando se haya visto ya cómo los defienden. Hay que dejarlos obrar. Son los depositarios de secretos misteriosos –ironizó–. Ellos velan sobre la Nación y sobre los frigoríficos del pool con igual amor.”

“Hasta ahora –continuó De la Torre– las instrucciones han consistido siempre en ceder y por ese camino ya se sabe adónde se va (…) Recién el día en que bajo la dirección de un gobierno más inteligente que el actual (…) se modificará el sistema interno de despojo que han establecido los frigoríficos en nuestro país, recién entonces se encontrarían los argentinos en condiciones de tratar con Inglaterra sobre otras bases que las actuales, con ventajas para ambos países.”

UN DESENLACE TRÁGICO

El debate quedó trunco y sólo volvió a reiniciarse casi un mes después, el 23 de julio. Sin sospecharlo, las palabras de De la Torre resultarían premonitorias. La definición tendría lugar, efectivamente, en el “terreno de los gauchos malos”, cuando el legislador dejó su banca y se dirigió hacia la ubicación de los ministros Pinedo y Duhau, que habían concurrido al Senado para responder a los cargos en su contra.

Duhau empujó a De la Torre haciéndolo caer. Su discípulo y compañero de bancada, Enzo Bordabehere, se acercó para asistirlo. A sus espaldas, apareció el ex comisario Ramón Valdés Cora –un “matón a sueldo”, según el diario Crítica–, quien disparó tres tiros sobre su humanidad, quitándole la vida.

El asesinato de Bordabehere confirmó la impunidad imperante en la Década Infame. Las instituciones de la Patria, cercenadas por la corrupción y el cohecho. En enero de 1937, De la Torre renunció a su banca, y el 5 de enero de 1939 se suicidaría disparándose al corazón, al no poder recuperarse del impacto que le produjo la pérdida de su amigo, de la que se sentía responsable.