Matrimonio igualitario, Ley de Identidad de Género, mayor inserción sociolaboral, un Ministerio de Géneros, visibilidad de homosexuales o trans en medios y universidades. En diez años, la sociedad argentina avanzó en la búsqueda de inclusión, y la comunidad LGBTIQ+ pudo conquistar derechos entre ataques, crímenes de odio y discriminaciones. Pero aún hay deudas pendientes, desde la aceptación en ámbitos históricamente conservadores –los deportes o las fuerzas de seguridad–, hasta normas que les permitan una inclusión real en educación, salud y trabajo, como la ley laboral de cupo trans.

La pandemia atravesó a todos. Aunque en aquellos sectores postergados, como las personas travestis y trans, las consecuencias se multiplican. La mayoría depende de la actividad informal como ingreso, otres sufrieron despidos o reducciones de las jornadas laborales. Y además está el factor sanitario: sin cobertura médica, el maltrato en el consultorio (donde escasea la formación en perspectiva de género) y el faltante de hormonas son parte de un repertorio cotidiano.

No resulta factible la generalización de todo el colectivo. Una persona que se asume lesbiana posee otras dificultades y vulnerabilidades que una travesti o varones gays que en algunos casos adquieren estrategias para ocultar su orientación sexual. Pero en casi todos los casos perciben cómo en cuarentena se exacerban las violencias: la familiar, de género y la institucional. “Se han más que duplicado las denuncias por maltrato, por ejemplo aquellos que aprovechan el contexto para agredir a un vecino homosexual o a travestis que ven en la vía pública; también estamos teniendo muchos problemas con la Policía de la Ciudad”, enfatiza César Cigliutti, de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA).

A mitad de junio, en Reconquista, al norte de Santa Fe, mientras se marchaba por Vicentin, asesinaron a Roberto Monje. Tenía 40 años, trabajaba en un comercio céntrico y era activo militante gay de la localidad. Lo encontraron en el baño de su casa con decenas de heridas de arma blanca.

DISCURSOS DE ODIO

Para Greta Pena, directora ejecutiva de 100% Diversidad y Derechos, uno de los principales desafíos es “enfrentar los discursos de odio basados en prejuicios, que se están diseminando por todo el mundo y por nuestra región, que tienen mucho financiamiento económico e incidencia política, hasta en presidentes, como podemos ver con Jair Bolsonaro”. Pena destaca dos progresos a nivel social: la reacción general cuando ocurre un hecho de discriminación y la irrupción de diversidad de familiares, con dos mamás o dos papás, trans o multiparentalidades.

Dos proyectos a aprobarse este año son la ley nacional de sida y la antidiscriminatoria. Pero, sin duda, la norma más ansiada es la de cupo laboral trans, avalada por seis bloques. Propone que el uno por ciento de los empleos de la administración pública nacional sea destinado a personas travestis, transexuales, transgéneros y masculinidades trans. El cupo fue una iniciativa de la líder travesti y activista por los derechos humanos Amancay Diana Sacayán. Logró que se votara en septiembre de 2015 en la provincia de Buenos Aires (donde recién se reglamentó a fines del año pasado). Un mes después fue asesinada en su departamento del barrio de Flores, y su juicio, con condena perpetua al agresor, resultó el primero del mundo en ser caratulado como “travesticidio”.

CIUDADANAS PLENAS

De acuerdo con un informe de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero (Attta) y la Fundación Huésped de 2014 –el último registro disponible–, sólo el 18 por ciento de las personas travestis y trans tuvo acceso a trabajos formales. El 90 por ciento fue excluido de su familia antes de los 18 años y del sistema de educación formal. La mayoría recurre al trabajo sexual para la subsistencia. “Por lejos, son las que más sufren. Más de un 80 por ciento de las denuncias por violencia o discriminación nos llegan de ellas – aporta el titular de la CHA–. Entre un 60 y un 70 por ciento son migrantes, carecen de DNI y no están formalizadas en ningún registro.”

Bajo la gestión de Victoria Donda en el Inadi, la activista travesti por los derechos humanos Ornella Infante fue nombrada directora de Políticas y Prácticas contra la Discriminación del organismo: “La tarea que nos queda es una de las más duras: sensibilizar y hacer accesible la información para el resto de la población”. Y reclama dejar de ser invisibles en la sociedad: “Queremos ser ciudadanas plenas, que se nos valore por nuestros aportes, creatividad, desempeño. Queremos aprender y enseñar, ser parte y no estar separadas en los márgenes, como hemos aprendido a sobrevivir”.

La solidaridad crece en red. Así surgieron “bolsas de trabajo”, como contratatrans.org, en el que también destacan números: el 70 por ciento nunca fue a una entrevista laboral luego de asumir su identidad de género.

El otro ámbito donde sufren prácticas discriminatorias y exclusión constante es el educativo. Bajo el impulso de Lohana Berkins y Sacayán, entre otras activistas y docentes, desde 2011 funciona en Chacarita el Bachillerato Popular Mocha Celis, la primera escuela trans del mundo. Su experiencia inspiró la creación de otras similares en Tucumán, Brasil, Costa Rica y Chile. Mocha Celis fue una travesti tucumana que trabajó con en la zona porteña de Flores. No sabía leer ni escribir. Contó Lohana: “Cuando estábamos en los calabozos había otra trava supererudita, y yo le dije ‘aprovechemos que estamos adentro y enseñale a Mocha. Pero hacelo de manera que ella no se sienta menos’”. Celis murió sin poder terminar el secundario, asesinada de tres tiros.

Los estudios que adquieren para recibirse de perito auxiliar en Desarrollo de las Comunidades van desde talleres de autoexpresión y autoestima hasta entrenamiento laboral y formación de oficios. “Es producto de 50 años de militancia. Está reconocido por el Gobierno de la Ciudad como una Unidad Educativa Experimental, y sin embargo no cuenta con financiamiento integral ni sede propia”, resalta Manu Mireles, secretaria académica y parte del equipo de conducción de Mocha Celis, además de docente en la UBA y la Untref.

La expectativa de vida en ellas va de los 35 a los 40 años. Mireles habla de “travesticidio social” y explica que el bachillerato se enfoca en tres ejes: la problematización de los temas de género; educación sexual integral con perspectivas de disidencias sexuales, y derechos humanos y diversidad cultural: “Todo con un profundo enfoque en lo vincular y lo afectivo”.