El gobierno de Mauricio Macri se solía vanagloriar de su mejora en las instituciones, para contraponerla a una gestión económica que terminó en desastre. No obstante, un repaso por los años de Cambiemos muestra falencias institucionales, en particular, en la relación con el Poder Judicial. Esto llevó a que la ONU pidiera explicaciones sobre una serie de ataques a jueces y movimientos irregulares dentro del Poder Judicial orquestados por el macrismo: cámaras federales armadas a medida, fiscales retirados convenientemente cuando molestaban al Presidente y otras intromisiones. Macri termina su gobierno sin haber nombrado a una nueva procuradora tras presionar hasta que renunció a Alejandra Gils Carbó.
Quizás el sello más claro de lo que sería la gestión de Macri en materia institucional lo mostró a cuatro días de asumir, cuando intentó nombrar por decreto a dos jueces de la Corte Suprema: Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. Quiso hacerlo sin pasar por el Senado, como indica la Constitución. La idea provino de uno de sus fieles asesores jurídicos, Fabián Rodríguez Simón, y generó tanto revuelo que finalmente los magistrados debieron esperar a tener la debida aprobación del Congreso. Pero fue una marca de origen. El segundo fue la búsqueda de remover de la forma que fuera a la procuradora Gils Carbó para reemplazarla por alguien de su espacio político. Desde la campaña de 2015, y mucho más a partir de que llegó al gobierno, Macri exigió la renuncia de Gils Carbó: “No es una procuradora independiente. Es una militante del kirchnerismo. Le pedí que se retire, pero no se retira. No está bien”, sostuvo. Un dato útil para ver cómo considera Macri la independencia de un jefe de fiscales surge de cómo se comportó antes como jefe de Gobierno porteño: había designado a dos militantes suyos como jefes de fiscales, Germán Garavano y Martín Ocampo. De hecho, el actual jefe de fiscales porteño proviene directamente del Poder Ejecutivo Nacional: es Juan Mahiques.
CONVENIENCIA POLÍTICA
En su presentación ante el Gobierno argentino, en la que enumera diversas irregularidades, el relator especial para la Independencia de Magistrados y Abogados de la ONU, Diego García-Sayán, advirtió sobre los “intentos de destitución usando diversas estrategias” contra Gils Carbó, que incluyeron el freno de la reforma procesal penal, que les daba más poder a los fiscales, amenazas para reformar por DNU el Ministerio Público Fiscal y hasta denuncias penales contra ella, que finalmente optó por renunciar en noviembre de 2017. En su reemplazo, Macri propuso a una jueza afín, Inés Weinberg de Roca, a quien conoció en el gimnasio de Barrio Parque que ambos frecuentan. Por su parte, María Eugenia Vidal designó como jefe de los fiscales bonaerenses a Julio Conte Grand, que venía de ser su secretario de Legal y Técnica. En todos los casos, el macrismo hizo lo que les reprochaba a sus adversarios: colocar a un militante al frente de otro poder del Estado.
El relator de la ONU enumeró un sinfín de hechos de gravedad hacia las instituciones y, en particular, hacia el Poder Judicial. Entre otras cosas, pidió explicaciones por cómo llegó el Gobierno a tener la mayoría en el Consejo de la Magistratura mediante la designación irregular de Pablo Tonelli. También advirtió sobre la remoción de una serie de jueces indeseables para el oficialismo. El primero en renunciar fue Norberto Oyarbide, que había procesado a Macri por espionaje ilegal. Lo siguieron los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero, tras un fallo en el que liberaron al empresario Cristóbal López. Macri bramó contra ambos y un mes y diez días después de ese fallo, Farah era enviado a un juzgado de menor jerarquía, mientras que Ballestero terminó optando por jubilarse. Por su parte, el camarista Eduardo Freiler fue suspendido en una sesión del Consejo de la Magistratura en la que impidieron jurar al consejero opositor Mario Pais.
PERSECUCIONES A GRANEL
El juez Carlos Rozanski renunció en noviembre de 2016, luego de una larga campaña mediática y de denuncias que se acumularon en el Consejo de la Magistratura. Por su parte, el juez de La Plata Luis Arias fue destituido en agosto de 2018 tras declarar inconstitucional una conciliación obligatoria del gobierno de Vidal. Al juez Daniel Rafecas también intentaron destituirlo luego de que no convalidó la denuncia de Alberto Nisman. Tras dos años de presiones, consiguieron una sanción económica.
Y la lista sigue con ataques a camaristas laborales. Denunciaron a Enrique Arias Gibert y Miguel Rodríguez Brunengo por un fallo a favor de los trabajadores de Télam. A Gibert era la segunda vez que le pedían juicio político: junto con la camarista Graciela Marino, el Ministerio de Trabajo los quiso destituir por un fallo en el que reconocieron el derecho de la Asociación Bancaria a firmar la paritaria con su patronal. En el escrito, el Ministerio los trataba de mugre: “Algo huele mal aquí: bueno y saludable sería que las autoridades competentes tomen las medidas necesarias para eliminar ese hedor que tanto molesta a la sociedad”. La denuncia fue desestimada a fines de 2017. También pidieron el juicio político de los camaristas Luis Raffaghelli y Diana Canal por un fallo en el que entendieron que era arbitrario el despido de los trabajadores de la Afsca, un organismo que Macri eliminó por decreto. La denuncia contra los dos jueces fue desestimada a fines de 2018, pero confirmó la tendencia de intentar remover a los jueces laborales que no les fallaran a favor. A todos estos se sumó el intento de destituir al juez Alejo Ramos Padilla cuando empezó a instruir la causa por espionaje.
La requisitoria de la ONU, basada en una denuncia de AJUS, también indica a cuáles jueces hicieron entrar por la ventana. Uno fue Juan Manuel Culotta, un juez de Tres de Febrero que pasó a ocupar el juzgado de La Plata que resolvía cuestiones vinculadas con las elecciones. También recuerda la designación de Carlos Mahiques, ex ministro de Justicia de Vidal, como juez de la Cámara Federal de Casación: se hizo sin que pasara por un concurso. Otro caso que menciona es el de Leopoldo Bruglia en la Cámara en lo Criminal, luego de que suspendieran a Freiler en noviembre de 2017. Por la misma ventana que entró Bruglia llegó también Pablo Bertuzzi para terminar de hacer una Cámara armada a medida. No siempre esto les salió bien: la Corte Suprema les anuló la conformación trucha de un Tribunal Oral que iba a juzgar a la vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner. En la causa del Correo, sacaron al fiscal Juan Pedro Zoni, que había imputado a Macri, y pusieron en su lugar a Gerardo Pollicita, que no imputó al Presidente. “El objetivo de mayor institucionalidad o de un vínculo de respeto por la independencia del Poder Judicial no lo hemos visto”, sostuvo el jurista Andrés Gil Domínguez.
