En un país que encierra abundantísimas riquezas alimenticias en millones de cabezas de ganados, que en el peor de los casos podría mandar a Europa carne y algarroba para matar las necesidades de todos sus habitantes, azotados por el hambre –escribía en 1904 Joan Bialet Massé–, el estanciero de Corrientes, cuyos terrenos aumentan de valor 10 y 20 por 100 cada año, no tiene el derecho de ganarlo sobre el hambre y el vestido de su peón. Una de las tesis centrales del “Informe sobre el estado de las clases obreras argentinas” que este ingeniero catalán elaboró para el presidente Julio Argentino Roca es que a esta tierra de promisión le sobraban recursos como para que todos sus trabajadores recibieran un salario que posibilitara una vida digna para ellos y sus familias, y así evitar que se propagaran las peligrosas ideas del socialismo y el anarquismo, que sólo encontraban terreno fértil en la miseria. Miseria que, como había corroborado en su extensa y minuciosa investigación a lo largo del territorio, era mucha.

Con un comentario indiscreto pinta de un trazo la economía neocolonial de aquel granero del mundo, cuyos granos y carnes de novillos y capones “se venden en Europa a más bajo precio que la inferior que se deja para el propio mercado”, mientras que “el gaucho compra el poncho de algodón alemán, que lejos de defenderlo del agua, parece que la atrae para empaparlo, y deja el puyo de lana pura e impermeable que se teje en las provincias”. Para eso se había desalojado y aniquilado a los pobladores originarios de las pampas dos décadas antes, y se había montado una red ferroviaria que, como un embudo, convergía en el Río de la Plata, para partir hacia el Viejo Continente en los mismos barcos graneros y frigoríficos que durante décadas llegaron cargados de gente que huía del hambre y de la guerra.

DESIGUALDAD DE ORIGEN

Ni Karl Marx ni David Ricardo pudieron imaginar un país “en que el estanciero que no saca a su estancia el doce por ciento de interés cree que pierde plata”, donde “se araña la tierra y los cereales dan 100, 200 y 400 por ciento del capital y trabajo empleado”, escribía el catalán. “Pero aquí –continuaba– el labrador pagaba por año el equivalente al valor mismo de la tierra para poder trabajar, y los peones rurales ganaban –según lo dedujo de un documento fechado en 1611 en Santiago del Estero– mucho menos que los indios 300 años antes, en términos de bienes y de lo necesario para subsistir”.

Muy actualizado en los conocimientos de su época –el cálculo de macronutrientes (proteínas, grasas y carbohidratos) que debían componer la dieta y sus equivalentes en calorías data de 1896–, Bialet Massé analizaba los requerimientos nutricionales para cada tipo de trabajo, y encontró en las raciones insuficientes y mal equilibradas (pura carne y pan) el motivo de la pésima salud de gran parte de la población: “El que padece de esa inanición lenta, de esa vejez prematura, de esa muerte anticipada e inmerecida, es el obrero que arranca el oro de las entrañas de Famatina […] que hace y mueve ferrocarriles […], es la mujer laboriosa y abnegada que lava y plancha y cose para dar un pedazo de pan a sus hijos”.

Y en cuanto a los campesinos, sentenció, “se les da la ración o se les da la tierra: es su derecho”, porque “no puede haber sociedad si el socio se muere”.

Hoy que la filosofía neoliberal se autoexonera declarando –como hizo en los 70 Margaret Thatcher– que “no hay sociedad, sino sólo individuos”, las poblaciones rurales de todo el mundo siguen siendo las más privadas de alimentos, pero la Argentina parece llevar al paroxismo esa disociación entre la capacidad productiva de la tierra y las necesidades de quienes la habitan. “En el último siglo tuvimos siempre valores cercanos al 30 por ciento de pobreza y con problemas crónicos de desnutrición, y la pregunta es por qué recién ahora hablamos de una política de Estado para resolverlo”, señala el ingeniero Carlos González Carballo, coordinador de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la UBA. “Y creo –dice– que la respuesta es que es porque hoy están los movimientos sociales organizados para exigirlo”.

HACIA EL ESTADO DE BIENESTAR

La escuela pública debuta como soporte alimentario a instancias del Cuerpo Médico Escolar (1903) con las primeras cantinas escolares donde los chicos en situación de necesidad recibían la copa de leche diaria. La recesión económica de los 30 llevó al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, recién en 1938, a crear los primeros comedores escolares, “con carácter de urgente, para solucionar situaciones de hambre en algunas de las provincias llamadas pobres”. Ese año el doctor Pedro Escudero funda el Instituto Nacional de la Nutrición, iniciativa que funcionará hasta el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía y quedó trunca desde entonces.

Para el pediatra y sanitarista Enrique Abeyá Gilardón, la primera iniciativa sólida del Estado fue la Ley 12.341 de 1936, promovida por el diputado socialista Alfredo L. Palacios, que crea una estructura nacional de asistencia que, por cuestiones burocráticas, casi no se implementó hasta 1952.

En su política de integración de masas, el primer gobierno de Juan Domingo Perón logró un margen de operación sobre esa paradoja del “hambre en el granero”. Creó el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) para fijar el precio de los granos en ese contexto de fuerte demanda mundial de alimentos tras la guerra. Y mientras el precio de exportación se cuadruplicaba, se subsidió al mercado interno. El grueso y colorido libro La nación argentina: justa, libre y soberana, editado por el gobierno peronista en 1950, muestra que en el contexto de la Semana Trágica de 1919 el precio de una tonelada de trigo equivalía al de 40 kilos de pan, mientras que en 1949 la regulación del IAPI hizo que, por el precio de una tonelada de trigo, los argentinos compraran media tonelada de pan. Era una Argentina de 16 millones de habitantes (más del doble que en 1914), sin soja y con 4.727 comedores públicos, y la asistencia alimentaria llegaba a 328.346 niños de todo el país.

LA CAÍDA

En 1967, la Ley 17.259 establece la adición de yoduro de potasio a la sal de mesa, lo que redujo drásticamente el bocio endémico, enfermedad crónica por falta de yodo que era un serio problema en muchas provincias; y la Ley 20.445, de 1973, estableció la entrega de leche en polvo al 70 por ciento de los menores de 5 años de los grupos más vulnerables y una partida anual fija para el Programa Materno Infantil (PMI), aún vigente. Pero la política económica de la última dictadura (1976-1983) marcó el fin del Estado de Bienestar, y se notó. “En otros países hay hambre porque no hay alimentos; en la Argentina hay hambre porque hay inmoralidad”, rezaba Raúl Alfonsín en la campaña que lo llevó a la presidencia en diciembre de 1983, y tres meses después su promesa de que “con la democracia se come” se materializó en el Plan Alimentario Nacional: las recordadas “cajas PAN”.

No alcanzó, y la situación se agudizó hacia el final de su mandato. La hiperinflación de 1989 marcó el ingreso de la CGT y cámaras empresariales como coactores de las políticas de ayuda alimentaria, sumándose a los Estados y la Iglesia. El Consejo Nacional para la Emergencia Social implementó el “Bono Solidario” en el Gran Rosario y promovió iniciativas similares a nivel provincial. De esa época datan el programa Pro Huerta del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que hasta hoy capacita a familias y escuelas de áreas rurales o semirrurales en autosustentabilidad y producción colectiva de alimentos, y el PPB, lanzado por el PAMI, para ayuda alimentaria de los adultos mayores.

El Bono Solidario acompañó mal ese proceso de empobrecimiento acelerado que fueron los 90, siempre bajo acusaciones de arbitrariedad (se entregaba contra declaración jurada de indigencia) y clientelismo. El vicepresidente Carlos Ruckauf abogaba en 1996 por una “segunda reforma del Estado” para bajar los gastos administrativos de la ayuda social, cuando la TV mostró a unos chicos de las afueras de Rosario cuerear un gato y ponerlo a la parrilla: fue una puesta en escena sensacionalista, pero la calamidad era real. El presidente Carlos Menem se indignó por la operación mediática, pero agregó jocoso que él en La Rioja solía comer puma.

2001 Y DESPUÉS

Con el estallido social bajó también la cobertura de los programas oficiales; en el PMI era apenas del 25 por ciento. Una iniciativa del Grupo Sophia, Poder Ciudadano y Red Solidaria devino en la creación, en julio de 2002, del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, a través del cual especialistas, funcionarios y ONG priorizaron la atención de los chicos menores de 5 años.

La Ley Nacional 25.724, que en 2003 creó el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA) bajo la égida del Ministerio de Desarrollo Social, financiaba “acciones de ejecución integral, tendientes a garantizar la seguridad alimentaria de personas en condición de vulnerabilidad social”, con foco en la familia y la constitución de redes solidarias. En la asistencia a comedores tenía en cuenta incluso a las poblaciones con necesidades especiales, como los celíacos. Previó la formación y capacitación de agentes de seguridad alimentaria y la evaluación del estado nutricional de la población, con la primera Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS).

La ENNyS 2005 arrojó datos doblemente preocupantes, porque en la población materno infantil convivían la anemia nutricional (que afectaba al 30 por ciento de las mujeres gestantes y al 29,4 por ciento de los niños de 2 años, cifra que trepaba al 41 por ciento en el caso de los niños pobres) con la aparición cada vez más temprana de la obesidad infantil, que afectaba a más del 10 por ciento de los menores de 6 años. La carencia de micronutrientes (hierro, calcio, vitaminas A, C y B1, B12 y ácido fólico en la mayoría de las embarazadas), producto de dietas pobres en vegetales frescos y legumbres y excesivas en azúcar, carnes y harinas muy refinadas, amenazaba no sólo a la salud futura, sino al desarrollo sano de la población actual.

La gestación, primera infancia y adolescencia son clave en la conformación del organismo más que ninguna otra etapa, y la ausencia de los nutrientes esenciales en ellas deja cuerpos marcados, condicionados por una biología que no ha podido desplegar su potencial, y condenados a problemas que van desde la baja talla –estudiada por el doctor Horacio Lejarraga, del hospital Garrahan– hasta repercusiones en el desarrollo cerebral, tal cual se estudió en la unidad Cemic-Conicet a cargo de Sebastián Lipina. Abeyá Gilardón destacó que entre la ENNyS de 2005 y la de 2013 se vio un descenso del 45 por ciento en el problema de la baja talla; el de la obesidad, en cambio, parece haber llegado para quedarse, enmascarando incluso la desnutrición de los pueblos originarios de Chaco, Misiones, Salta, Formosa y Jujuy.

En 2009, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner lanza la Asignación Universal por Hijo (AUH), que extiende la ayuda económica a las familias con chicos de hasta 18 años sin otra cobertura social, con padres desocupados o trabajando en la economía informal, donde el 20 por ciento del monto está condicionado a los controles de salud y escolaridad. La AUH representa en promedio un 25 por ciento de los ingresos de estas familias, y en las de menores recursos llega hasta el 40 por ciento.

Paty, puré de tomates, sopa, “casi todo cocino de allá arriba”, cuenta Lorena. Son los ingredientes del guiso diario del que come toda su familia, y al que agrega papa, fideos, arroz, “y si encuentro carne, carne”, explica. “Allá arriba” son las montañas, de cinco o seis metros de altura promedio, formadas por las cientos de toneladas diarias de basura que los camiones arrojan en el predio de Ceamse de José León Suárez. Y Lorena, una de las entrevistadas por Martín Caparrós durante la investigación que culminó en su libro El hambre, muy citado durante la campaña presidencial por el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, al presentar su plan de trabajo contra el hambre en la Argentina.

Marcando las diferencias de clase social, cada porteño produce el doble de basura que un habitante del conurbano, desechando alimentos por un equivalente a 550 mil raciones de comida diarias. En el mundo se calcula que el desperdicio de comida llega hasta el 50 por ciento en los países más ricos. El hambre cuenta la vida en el barrio Ocho de Mayo, formado por ocupación de terrenos aledaños al basural desde 1998. Los que se animan se lanzan diariamente a la carrera por revolver y capturar, para consumir o vender, lo que los comercios porteños tiran para no regalar (y que no bajen los precios).

EL HAMBRE ENMASCARADA

Pero un candidato a vicepresidente recuerda que “la Argentina no es Biafra”, y se activa la imagen –en algún punto, tranquilizadora, presuntamente lejana– de niños esqueléticos y con vientres hinchados que supieron recorrer el mundo desde el sur del Sahara y el África oriental. De grande, Marcos Filardi cruzó el Atlántico para internarse en esa realidad que tanto lo había impactado desde las tapas de los diarios en su infancia allá por los 70. “Allí la desnutrición aguda, el marasmus, la gente que no llega a ingerir las calorías necesarias para sobrevivir, alcanza entre un 20 y un 30 por ciento de la población, mientras que en la Argentina ese problema alcanza a entre un 1,7 y un 2,5 por ciento”, cuenta Filardi, abogado de profesión y referente del Museo del Hambre, al que define como un espacio colectivo destinado “a que el hambre en la Argentina sólo esté presente dentro de un museo”.

Lo parecido entre esos pueblos y el nuestro, sostiene, es la “revolución verde”, liderada por corporaciones multinacionales, y que a partir de los 90 desembarcó también en África para convertir esos páramos en tierras de cultivo, pero para producir commodities de cara al mercado global, sin relación con el hambre de la gente.

Si no es hambre, ¿hay que ponerle otro nombre a lo que pasa en la Argentina? El “hambre” de los argentinos, relata la antropóloga Patricia Aguirre, referente de los estudios de la comida de los argentinos que fue asesora del Ministerio de Salud, de FAO y de Unicef, es esa desnutrición oculta, enmascarada bajo los índices de sobrepeso y obesidad que, según la reciente Encuesta Nacional sobre Factores de Riesgo (ENFR 2019), ya trepan por encima del 61 por ciento –cuando en 2005 era menos del 50–, y el constante crecimiento de la inequidad en el acceso a la comida.

Analizando estadísticas nacionales desde 1965, Aguirre halló que por entonces las familias de diferentes clases sociales consumían en promedio la misma proporción de proteínas, grasas y carbohidratos. La diferencia estaba en la calidad: lomo y bife de chorizo unos, falda, asado de tira y cortes más grasos otros, pero todos comían carne, frutas y verduras. Eso cambió drásticamente desde mediados de los 80 y en especial en los 90, al compás del “uno a uno” pero también de la revolución transgénica y la decisión de China –en 1996, mismo año en que la Argentina autoriza la siembra de la variante RR de Monsanto– de proveerse de soja en el mercado global para alimentar su propio ganado.

VERDE VENENO

Fue un “golpe de mercado” a la salud nutricional de los argentinos, cuya composición alimentaria devino en una clara diferenciación, en una dieta para ricos y otra para pobres, compuesta cada vez más por harinas, azúcares y grasas: la dieta que causa obesidad desde la infancia, pobre en micronutrientes y que a edad temprana terminará, con toda probabilidad, acortando sus vidas con diabetes, hipertensión, insuficiencia renal y todo tipo de enfermedades. Aguirre explicaba en su trabajo que, además de la globalización de la dieta y la transformación de la industria alimentaria, que adquirió la capacidad de producir comida chatarra barata a gran escala y con costos irrisorios, hay un factor cultural decisivo en esta tendencia: en las familias pobres aún subsiste la idea de que “comer bien” es comer mucho para “estar fuertes”. La más reciente ENFR (2019) muestra que el problema viene al galope: el sobrepeso ha aumentado del 34,4 al 36,2 por ciento de la población en poco más de una década, y la obesidad se disparó: en 2005 afectaba al 14,6 por ciento de los argentinos, y hoy el 25,4 es obeso. Como ironía, en el mismo período la producción sojera argentina aumentó un 50 por ciento, llegando a 58 millones de toneladas anuales, según datos del INTA.

El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina evalúa la seguridad alimentaria según criterios de la FAO. Allí la socióloga Ianina Tuñón explica que la inseguridad alimentaria se da cuando la familia compra menos o se pasa a segundas marcas; luego se profundiza cuando los adultos empiezan a comer menos y a pasar la experiencia de hambre, y cuando el hambre alcanza a los niños es el nivel más severo. En 2017 era un 5 por ciento de los chicos los que estaban en este estado severo, pero hubiera sido el 20 por ciento si se suman los que reciben ayuda alimentaria. “La inseguridad alimentaria de los niños se ha mantenido en una meseta desde 2010, y entre 2017 y 2018 aumentó unos cuatro puntos”, describió.

No alcanza con que las grandes empresas donen lo que les sobra: las desigualdades más evidentes están en el acceso a lácteos, frutas y verduras. Los comedores escolares –dice Tuñón– pueden ser un lugar de transformación de hábitos, pero a veces reproducen los mismos patrones alimentarios que habría que modificar. Hoy, el Congreso de la Nación declara la Ley de Emergencia Alimentaria en un país que produce todas las variedades de alimentos posibles en calidad y cantidad y exporta 20 veces más alimentos de los que importa. Pero el acceso de los argentinos a las frutas y verduras (apenas 386 gramos por día) es de los más bajos de Sudamérica, y el de pescados, el más bajo después de Bolivia y Paraguay –únicos países del continente sin mar donde pescar–, cuando el país exporta más pescado que carne y se desechan 140 mil toneladas anuales por falta de una industria que lo lleve a la mesa de los argentinos.

Pero así como a la esclavitud hubo que abolirla y la libertad no es un estado “natural”, ninguna riqueza natural bastará para abolir el hambre. Se precisa, al menos, que decir que “el problema ya estaba” deje de ser una opción para quienes tengan el poder de hacerlo.