Ya había caído el sol cuando Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti se despidieron ese 23 de marzo de 1976. Por segunda vez en el día habían acudido al llamado del ministro de Defensa, José Deheza. El funcionario estaba nervioso. Les pedía tiempo a los jefes de las Fuerzas Armadas para ordenar la salida de María Estela Martínez de Perón. Pero para los militares ya no había tiempo. O sí: venía su tiempo. “Para los comandantes, la hora ‘H’ del día ‘D’ había sonado: el Proceso de Reorganización Nacional se ponía en marcha”, escribió Videla treinta años después en unas memorias que nunca trascendieron públicamente. Isabel se enteró de los detalles del cónclave con resignación. Salió tarde de la Casa Rosada y subió al helicóptero que debía llevarla hasta la residencia de Olivos. Con la excusa de un desperfecto, la presidenta fue desviada hasta el Aeroparque. Tras una espera interminable, le informaron que había sido depuesta. El golpe, tan anunciado, finalmente era un hecho. Lo que nadie sabía entonces era que la larga noche de la dictadura terminaría siete años después con miles de desaparecidos cuyo destino, cincuenta años después, sigue siendo una incógnita.

En 2006, la discusión sobre la última dictadura estaba más presente que nunca, especialmente por el impulso que había tenido el tema con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno. A su modo, Videla se proponía participar del debate y, para hacerlo, escribió “Recuerdos”, un repaso de su gestión como dictador, que fue secuestrado por la Justicia federal de San Martín en un allanamiento que se hizo en su casa. “Vale la pena insistir que la guerra interna librada contra el terrorismo subversivo (fenómeno eminentemente militar) y el Proceso de Reorganización Nacional (fenómeno eminentemente político), pese a su simultaneidad en determinado lapso, fueron acontecimientos independientes, con motivaciones propias, fechas de iniciación y terminación diferentes, así como modalidades de ejecución específicas”, escribió el dictador.

EL HUEVO DE LA SERPIENTE

La represión había comenzado antes del golpe del 24 de marzo de 1976. Desde finales de los años 50, el Ejército estaba cambiando su cuerpo doctrinario. Una misión de militares franceses funcionaba en la sede del Estado Mayor General del Ejército (EMGE) e instruía a sus colegas argentinos sobre las enseñanzas de la guerra contrarrevolucionaria, que se implementó en Argelia e Indochina. A esas enseñanzas se sumaron después las estadounidenses, centradas –en plena Guerra Fría– en el combate del “enemigo interno”. La doctrina de la seguridad nacional preparaba a las milicias para una guerra no convencional en la que la intervención militar sería oculta.

En febrero de 1975, Isabel Perón había firmado el decreto 261 que dio inicio al Operativo Independencia en la provincia de Tucumán. Si bien la incursión militar halló su justificación en el combate a la compañía de monte que el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) había instalado, la intervención fue mucho más profunda y estuvo destinada a ser un primer estadio del plan de exterminio que se implementaría luego en todo el país. Tan solo un mes después, las Fuerzas Armadas y de seguridad coparon la zona de Villa Constitución, en el cordón del Río Paraná, con el pretexto de desbaratar la guerrilla fabril.

La violencia no era el único problema que tenía el gobierno de Martínez de Perón. El paso de Celestino Rodrigo por el Ministerio de Economía había contribuido a un salto inflacionario y a corroer los vínculos con la Confederación General del Trabajo (CGT). Incluso en las grandes ciudades se sentía el desabastecimiento de alimentos y hasta los empresarios hacían un lockout. El fracaso de Rodrigo arrastró consigo al entonces ministro de Bienestar Social, José López Rega, organizador de la Triple A, el grupo parapolicial que se dedicaba a atentar y asesinar a quienes identificaban con la izquierda, particularmente dentro del peronismo.

Octubre de 1975 fue un parteaguas. Montoneros fracasó en un intento de copamiento al Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa. Al día siguiente, Ítalo Luder, que estaba a cargo de la presidencia por la licencia de Isabel, firmó los decretos 2.770, 2.771 y 2.772 –conocidos como los decretos de “aniquilamiento”–, que daban luz verde a las Fuerzas Armadas para hacer en el resto del país lo que estaban haciendo en Tucumán. Para finales de ese mes, Videla, que ya ocupaba la comandancia del Ejército, viajó a Montevideo para participar de la XI Conferencia de Ejércitos Americanos. Allí dejó claro lo que vendría. “Si es preciso, en la Argentina deberán morir todas las personas que sean necesarias para lograr la paz”, sentenció.

En noviembre de ese año, se hizo en Santiago de Chile la reunión fundacional del Plan Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur. Los militares ya habían dado golpes de Estado en Brasil, Bolivia, Chile y Uruguay. Solo restaba la Argentina. En diciembre, un sector de la Fuerza Aérea intentó un golpe de Estado que fracasó. El 23 de diciembre, el ERP intentó tomar el Batallón de Arsenales 601 “Domingo Viejobueno” de Monte Chingolo, una zona que conectaba los partidos de Lanús y Quilmes en el Gran Buenos Aires. La acción estaba cantada y terminó en masacre. Tras un paso por la Casa Rosada, Videla viajó a Tucumán. Desde allí, el 24 de diciembre de 1975 envió un mensaje de Navidad que funcionó como ultimátum para el gobierno al decir que “la delincuencia subversiva actúa favorecida por el amparo que le brinda una pasividad cómplice”. La hora “H” se acercaba, como décadas después escribiría Videla.

LAS BASES

Lo primero que hizo la Junta Militar –integrada por Videla, Massera y Agosti– fue disolver el Congreso, remover a los miembros de la Corte Suprema, sacar al procurador general de la Nación, suspender la actividad política y de los partidos políticos y prohibir la actividad de los gremios. Como objetivo principal, la dictadura hablaba de restituir los valores esenciales, la “moral cristiana”. Pero había algo que chocaba con el precepto de no matar, tan caro para los cristianos: la llamada lucha antisubversiva. El Ejército, la Marina y la Aeronáutica se repartieron los cargos en el Gabinete. La presidencia quedó para el Ejército, que también tenía el “control operacional” en la represión.

Cuando Isabel todavía estaba en el poder, Videla, Massera y Agosti se entrevistaron con José Alfredo Martínez de Hoz para pedirle que se ocupara de la economía. El abogado y economista, que hasta entonces ocupaba el directorio de Acindar, pidió 72 horas para analizar un plan. Antes de que se fuera, le pidieron que no perdiera de vista que la “guerra contra el terrorismo dominaba todo el escenario nacional”. El 2 de abril de 1976, Martínez de Hoz dio su primera cadena nacional como ministro. “Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas”, comenzó.

LO IMPENSABLE

Zulema Chester tenía 12 años cuando los militares dieron el golpe de Estado. Sus padres trabajaban en el Hospital Alejandro Posadas. Sus memorias del 24 de marzo de 1976 no son claras. Para ella, la dictadura comenzó cuatro días después: cuando las tropas entraron por asalto al policlínico de Haedo. Listas negras, detenciones, tanquetas: todo un escenario de horrores que irrumpía en su mundo infantil. El 26 de noviembre de 1976, una patota que operaba dentro del hospital y a la que los empleados llamaban sarcásticamente “SWAT” entró en su casa y se llevó a su padre. Recién con la vuelta de la democracia ella y su mamá sabrían que Jacobo había estado cautivo en un chalet instalado en el mismo predio del centro médico.

“La zona en la que estaba el chalet se había convertido en un lugar muy difícil de atravesar. Suponíamos que tanto esfuerzo era por algo. Pensábamos que lo usaban como guarida o que los tenían ahí hasta que los llevaban a otro lado. No se nos ocurrió pensar jamás que ahí los tenían, los torturaban y los iban a enterrar. Para nosotros, en ese momento, la única posibilidad era la legal: una cárcel”, dice Zulema.

A partir del golpe de 1976, al decir de la politóloga Pilar Calveiro en Poder y desaparición, el eje de la actividad represiva dejó de girar alrededor de las cárceles para pasar a estructurarse en torno al sistema de desaparición de personas. El sistema involucraba el secuestro, la tortura y la permanencia en campos de concentración. La mayoría de ellos funcionaron en dependencias militares o policiales, pero los hubo también en escuelas –como la de Famaillá– o en hospitales –como el chalet del Posadas, donde estuvo secuestrado y fue desaparecido el papá de Zulema–. Existieron más de ochocientos centros clandestinos de detención desperdigados por el país.

El círculo de la desaparición se completaba con los llamados “traslados” –un eufemismo para referirse al asesinato–. En algunos centros clandestinos, la modalidad predominante fueron los vuelos de la muerte –es decir, arrojar a prisioneros adormecidos a las aguas del Río de la Plata o del Mar Argentino–; en otros campos de concentración se practicaron fusilamientos y se produjeron enterramientos clandestinos. En algunos casos se fraguaron enfrentamientos para hacer “aparecer” los cuerpos de personas que estaban desaparecidas.

Algunos campos de concentración funcionaron como maternidades clandestinas. Tal es el caso del Hospital Militar de Campo de Mayo, la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) o el Pozo de Banfield. Las parturientas eran llevadas a dar a luz y, a las pocas horas o días, les arrancaban a sus hijos o hijas para ser entregados a familias afines a la dictadura. Hubo casos de niños y niñas que fueron enviados a instituciones después de los secuestros de sus familiares, donde fueron registrados incorrectamente para evitar su rápida localización.

La denuncia de las desapariciones recorrió el mundo, gracias a la labor de los organismos de derechos humanos. En septiembre de 1976 se creó la Comisión de Familiares –hoy Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas–. Al año siguiente se conformaron las Madres de Plaza de Mayo, que llevaron su denuncia al centro del poder político en la Argentina. A finales de ese año, un grupo de estas mujeres que buscaban a sus nietos o a sus hijas o nueras embarazadas generaron un nuevo grupo, que se conocería como Abuelas de Plaza de Mayo.

En plena dictadura, los organismos de derechos humanos denunciaron que 30.000 personas habían pasado por el sistema concentracionario. Hasta noviembre de 2023, el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (Ruvte) tenía documentados 1.669 asesinados, 7.044 desaparecidos y 19.484 sobrevivientes. Es decir, un universo de víctimas de 28.197 personas, según reconstruyó Daniel Feierstein en su libro El pasado en la batalla cultural.

LOS PUNTOS DE QUIEBRE

La dictadura argentina aprendió de las lecciones de las otras dictaduras de la región, particularmente de los reclamos internacionales que se sucedían por las matanzas que perpetraban los personeros de Augusto Pinochet en Chile. La desaparición de personas, que se implementó a gran escala en la Argentina, implicaba también la desaparición de las pruebas de sus crímenes. Sin cuerpo no había evidencia ni nada que condujera a los culpables. O eso creían ellos.

El plano internacional fue siempre un problema para la dictadura que secuestraba, torturaba, asesinaba y desaparecía. La llegada al gobierno estadounidense de James “Jimmy” Carter en 1977 supuso un nuevo desafío por su enfoque en la defensa de los derechos humanos. En septiembre de ese año, Videla consiguió una entrevista con el presidente de los Estados Unidos. Allí ensayó una explicación para los crímenes: eran excesos de grupos que no manejaba el gobierno militar. Más allá de las internas entre el Ejército y la Marina, la dictadura tomó la realización del Mundial de Fútbol 1978 como un mecanismo que serviría para que el exterior supiera que en la Argentina se vivía una fiesta en las calles. Sin embargo, la prensa extranjera se vio fuertemente atraída por la presencia de las Madres que reclamaban en Plaza de Mayo saber qué había pasado con sus hijos desaparecidos.

En junio de 1978 coexistieron el horror y la gloria. El Monumental, donde el 25 de junio de 1978 se jugó la final entre la Argentina y los Países Bajos, estaba ubicado a unas pocas cuadras de distancia de la ESMA, el campo de concentración por el que se estima que pasaron cinco mil personas. A Carlos Bartolomé le sacaron los grilletes que llevaba puestos, le dieron ropa limpia y una credencial para que ese día, salido del centro clandestino, fuera a filmar el partido decisivo para sus captores.

Envalentonada por el éxito del Mundial, la dictadura aceptó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitara al año siguiente el país para investigar las denuncias sobre secuestros y desapariciones que venía recibiendo. Los organismos trabajaron sobre sus listados y, en ese momento, lograron documentar más de 5.500 desapariciones. Los comisionados estuvieron en la Argentina entre el 6 y el 20 de septiembre de 1979. La visita del organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) significó para la dictadura que la cuestión de los desaparecidos pasara a las primeras planas de los diarios. Ya no había posibilidad de ocultarla. Para algunos familiares, las indagaciones de la CIDH terminaron por revelar una verdad dolorosa: los desaparecidos no iban a volver.

El 12 de octubre de 1979, tres sobrevivientes –Sara Solarz de Osatinsky, Ana María Martí y Alicia Milia de Pirles– presentaron ante la Asamblea Nacional Francesa su testimonio acerca de cómo había funcionado la represión en la ESMA. La declaración era parte de una elaboración colectiva que habían hecho con otros exdetenidos-desaparecidos.

En 1980, se publicó el informe de la CIDH, así como un reporte de Amnistía Internacional sobre los campos secretos de detención. Fueron un duro golpe para la dictadura de Videla, al que debe sumarse el análisis negativo de los Estados Unidos, por lo que el dictador convocó al embajador Raúl Castro para expresarle su agravio. En octubre de ese año, Adolfo Pérez Esquivel –sobreviviente y fundador del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj)– recibió el Premio Nobel de la Paz como manifestación de apoyo directo a la denuncia del movimiento argentino de derechos humanos.

Videla dejó la presidencia en marzo de 1981. Lo reemplazó Roberto Viola, que estuvo al mando del Poder Ejecutivo hasta diciembre de ese año. La llegada de Viola al poder significó la salida de Martínez de Hoz del Ministerio de Economía. En los últimos días de gobierno de Viola, los organismos convocaron a la primera Marcha de la Resistencia, con permanencia de 24 horas en Plaza de Mayo.

Luego llegó el turno de Leopoldo Fortunato Galtieri, que se embarcó en la aventura de la Guerra de Malvinas. Galtieri significó, como sostiene Gabriela Águila en Historia de la última dictadura militar, el regreso de los “duros” que se oponían a cierta apertura política y el retorno a la ortodoxia económica de la mano de Roberto Alemann. La derrota en el conflicto bélico implicó la caída de Galtieri y una herida de muerte para la dictadura, que empezaba a retirarse del poder sin capacidad de establecer continuidades, como sucedería años después en Chile.

Reynaldo Benito Bignone encabezó la transición. Se denominaba a sí mismo “el último de facto” para evitarse el mote de dictador. La dictadura buscó impedir que pudieran investigarse sus crímenes. En abril de 1983 dio a conocer el “Documento final”, a través del cual decía que debía considerarse muertos a los desaparecidos. En septiembre de ese año dictó la Ley de Pacificación Nacional –más conocida como ley de autoamnistía–, que impedía sancionar lo sucedido hasta 1982. Bignone fue también quien dio la orden de destruir la documentación sobre el accionar represivo de aquellos años.

La dictadura provocó profundas transformaciones en la economía argentina, pero fundamentalmente dejó hondas marcas en una sociedad que convivió con el terror que significaban los secuestros a plena luz del día y la presencia de campos de concentración en zonas densamente pobladas como un secreto a voces. El terror buscaba, como sostiene Feierstein, romper con las prácticas solidarias. La desaparición de determinados cuerpos procuraba la eliminación de las prácticas contestatarias que esos cuerpos encarnaban. Lo que se buscaba era un cuerpo social dócil y disciplinado.

“El principal efecto que tuvo la represión es la ausencia de miles de personas, con todo lo que eso implica para la sociedad y para los más cercanos. Es una ausencia no explicada, que hace que el tiempo quede suspendido”, dice Graciela Lois, esposa de un desaparecido y presidenta de Familiares. “Pero también hay que mirar otros efectos en el tejido social –propone–, y es que los dictadores dejaron voceros que reivindican su accionar y hoy ocupan lugares de decisión. No les importa el dolor ni la ausencia, y muchas veces se ufanan de haberse quedado cortos”.