Por León Carlos Arslanian

El asalto al poder legítimamente constituido por parte de las FF.AA. puso en práctica el terrorismo de Estado y su recurso más ominoso: la desaparición forzada de personas. Con el alegado propósito de combatir la subversión, miles de personas fueron secuestradas, torturadas, eliminadas físicamente, despojadas de sus bienes, robados sus bebés a parturientas secuestradas, perseguidas por sus creencias y hasta por sus pensamientos, se ejecutaron venganzas personales y se cercenaron los derechos más elementales. Familias enteras fueron víctimas de la represión por la sospecha de la intervención en la guerrilla de uno de sus hijos. Miles de ciudadanos huyeron del país para evitar correr esa suerte.Esta apretada reseña ilustra cuál habría de ser el saldo calamitoso –sumado a la catastrófica aventura de la guerra de Malvinas– con el que se encontraría el gobierno constitucional ungido en elecciones democráticas el 10 de diciembre de 1983. Las FF.AA. pretendieron lograr su impunidad con una ley de autoamnistía.

El gravísimo problema de las personas desaparecidas planteaba una situación dilemática, y los candidatos de los dos grandes partidos debieron asumir una postura en vistas al acto electoral: el candidato del PJ, Ítalo Luder, se pronunció en favor de aceptar como válida la Ley de Autoamnistía (22.924); Raúl Alfonsín, candidato de la UCR, propició su anulación.

Este último nunca simuló ni enmascaró cuál habría de ser su decisión si ganaba las elecciones; y gozaba de una amplia credibilidad respaldada por su impecable trayectoria democrática, por su compromiso con los derechos humanos, de lo que da prueba su carácter de cofundador de la APDH, y por la presentación de cientos de hábeas corpus en favor de desaparecidos. Y si cupiera alguna duda acerca de la coherencia de sus ideas, su ferviente recitado del Preámbulo de la Constitución en acto de cierre de campaña la despeja. Su primer paso fue propiciar la anulación de la Ley de Autoamnistía: no habría olvido. Para cumplir su compromiso y evitar que quedara consagrada de facto la impunidad, elaboró un plan complejo para juzgar los crímenes cometidos, valiéndose de la legislación penal vigente al tiempo de la ocurrencia de los hechos –con mínimas reformas procesales–, evitando la tentación de legislar retroactivamente, lo que hubiese implicado la violación de la garantía constitucional más preciada.

Con una velocidad inédita, el 13 de diciembre se emitieron los decretos 157 y 158, mediante los que se promovió el enjuiciamiento aludido y también el de quienes aparecían como los máximos responsables de las organizaciones guerrilleras, atribuyendo competencia a la Justicia federal. Dos días después se emitió el decreto 187, por el cual se creó la Conadep, presidida por el escritor y humanista Ernesto Sabato e integrada por destacadas e intachables personalidades argentinas, a la que cupo la labor de recibir denuncias, corroborar con visitas in loco a lugares clandestinos de detención y reunir información de enorme utilidad. Tal insigne labor se coronó con el informe Nunca Más, aporte y soporte esencial del Juicio a las Juntas.

Con idéntico ímpetu se sucedieron las instancias que completarían el esquema ideado por Alfonsín para no dejar impunes los crímenes de lesa humanidad: la intervención del Consejo Supremo (28/12/83), la detracción del proceso a los jueces militares y el consecuente avocamiento de la Cámara Federal ante el verificado desvío y morosidad por parte de aquellos en la investigación encomendada (4/10/84), el inicio del juicio oral y público (22/4/85) y, finalmente, la sentencia condenatoria que puso al descubierto la existencia de un plan criminal, enmascarado por reglamentaciones y protocolos blancos, como artilugio para preservar la impunidad de sus responsables y conceder visos de legalidad a sus verdaderos planes, órdenes y ejecuciones aberrantes. A partir de allí, y de la extraordinaria difusión que tuvieron en el mundo las crasas violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura militar, quedaron consolidadas las bases éticas e institucionales de la democracia que hoy vivimos.

Raúl Ricardo Alfonsín cambió el curso de la historia argentina, nos devolvió la fe en el derecho y su heroica gesta institucional cumplió una función aleccionadora. Pocos días antes de su muerte, recibió un conmovedor homenaje por parte de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con la imposición de un busto en la Casa de Gobierno. Nadie con más merecimiento.