Moviéndose ya en modo electoral y con los comicios presidenciales apareciendo en el horizonte, el Gobierno está inmerso en una inédita tensión entre su manual de buenas prácticas libertarias y las necesidades que imponen las urnas. Ni siquiera en el decisivo 2025, con las elecciones de medio término en agenda y el despectivo y antidemocrático calificativo “riesgo kuka”, cambió su estrategia.

El mismo libreto parece estar siguiendo ahora el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, fiel ejecutor de la hoja de ruta que se escribe en la Secretaría General de la Presidencia al mando de Karina Milei, apodada “El Jefe” por el propio Javier Milei.

En este escenario, en los últimos meses los principales proyectos impulsados por el equipo económico en el Congreso estuvieron orientados a la Ley de Inocencia Fiscal, sancionada el 2 de enero y reglamentada en abril, que busca que los argentinos de a pie que durante años compraron dólares donde pudieron conseguirlos –en general en el mercado ilegal– para cubrirse de la inflación ahora, imbuidos de un voluntarismo a ultranza, los saquen del colchón para “ponerlos a trabajar”, dicen en el Palacio de Hacienda.

Otro proyecto con media sanción en el Senado es la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. ¿Acaso alguien en el amplio espectro político está pensando en expropiaciones masivas? Y más extraña resulta incluso la iniciativa del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado de impulsar una nueva Ley de Tierras para allanar el camino a la compra de lotes por parte de extranjeros.

El árbol y el bosque

Mientras esto ocupa ingentes recursos humanos y materiales en el Gobierno, los problemas de la gente común van claramente por otro lado.

El menú incluye salarios que no alcanzan –el último dato oficial es que los salarios privados registrados perdieron en promedio 10 por ciento versus la inflación en el último año–; la mora en los créditos de las familias tomados con bancos y Fintech alcanza niveles récord, y con tasas de interés usurarias en algunos casos que hacen imposible devolver esos préstamos.

A esto se suma la caída de la actividad económica en sectores generadores de empleo como la construcción, las diferentes industrias manufactureras y el comercio mayorista y minorista; temor a perder el empleo, y una cadena de pagos tensionada, a punto de romperse en algunas actividades.

Un reciente informe elaborado por Bernardo Kosacoff y Diego Coatz para el Grupo Techint, el mayor conglomerado industrial de la Argentina, con empresas siderúrgicas líderes como Tenaris y Ternium, la petrolera TecPetrol y Techint Ingeniería y Construcción, advierte que entre agosto de 2023 y febrero de 2026 el sector industrial perdió 75 mil empleos registrados y cerraron unas 3.000 fábricas.

Con el Gobierno ocupado en otras cosas, en el campo dirían que “le están errando al vizcachazo”, en alusión a esta mirada oficial desentendida de la suerte de los ciudadanos. Mientras la gente sufre por los créditos impagos, la respuesta del Gobierno es que tendrían que haber pensado antes de endeudarse y que ese es un problema entre privados, en el que el Estado no debe intervenir.

La micro está quebrada

Algo parecido ocurre a nivel macroeconómico. Desde que asumió a fines de 2023, el Gobierno dijo que se encargaría de la macro, bajar la inflación, la tasa de interés, mantener el dólar a raya y que lo demás se arreglaría solo. Apeló a la receta ortodoxa de secar la plaza para bajar la inflación y la consecuencia lógica fue el frenazo de la actividad, que no logra levantar.

Analistas con distintas miradas sobre la economía coinciden, sin embargo, que en cualquier plan antiinflacionario como está intentando desarrollar el Gobierno, crece la tensión entre bajar la inflación y el ritmo de la actividad económica. Es decir, la estrategia virtuosa es observar las dos variables en simultáneo, evitando que ninguna de ellas se escape de control.

Bajar la inflación sobre la “paz de los cementerios en materia de actividad” es un caldo de cultivo para un agravamiento de la situación. Hoy se ve traducido en el cierre de unas 30 mil empresas desde que asumió el Gobierno.

Darle a la maquinita de imprimir billetes para tirar plata a la calle y que la actividad se sostenga vía consumo tampoco sirve. La experiencia inflacionaria de la anterior administración nacional exime de comentarios y, en gran medida, es la que depositó en la Casa Rosada a Milei, un outsider sin chances electorales hasta comienzos de 2023.

Harían bien los funcionarios del Gobierno en salir de sus cómodos despachos en el Microcentro porteño y caminar por la calle. Y esencialmente, conocer la realidad económica, social y productiva de las distintas provincias. No todo es petróleo, litio, cobre, soja o maíz.

Las economías regionales están hechas puré, agobiadas por una presión impositiva que se lleva lo poco que se vende, con demanda deprimida y atenazadas además por proyectos de desregulación diseñados en despachos con ventanales a Plaza de Mayo, pero con incidencia directa en pueblos que distan miles de kilómetros de la ciudad de Buenos Aires.

Sturzenegger y la yerba mate

Un caso paradigmático es lo que está ocurriendo en la cadena de valor de la yerba mate, producción clave en provincias como Misiones y Corrientes. El decreto de necesidad y urgencia 70/2023 estableció la desregulación del sector.

La norma eliminó las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) de fijar dos veces al año el precio mínimo obligatorio de la hoja verde y de la yerba canchada, un instrumento central que venía desde la creación del organismo en 2002.

El INYM es un organismo tripartito con representantes del Estado, de los productores (se estima que hay no menos de 13 mil en esas dos provincias) y un reducido grupo de grandes industrias, molinos o secaderos que compran la producción.

El caso es que al desregular el organismo se corrió de su función de mediador y dejó el camino allanado para que el precio lo fije una parte casi a voluntad.

El resultado fue que mientras en 2024 los productores recibían unos 300 pesos la hoja verde, hoy, dos años después y pese a toda la inflación acumulada, reciben entre 220 y 250. Según el propio ministro del Agro de Misiones, Facundo López Sartori, para cubrir la suba de costos ese monto debería estar en unos 700 pesos el kilo de hoja verde.

Es la economía, estúpido

Entre tanto, desde el Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo están viendo e incluso deslizando en declaraciones públicas que ya no es posible seguir manteniendo el equilibrio fiscal solo con base en la motosierra.

Con las elecciones presidenciales por delante, empieza a preocupar que el consumo no levanta. Los datos de consumo masivo, que relevan las ventas de alimentos y bebidas, productos de limpieza y también de higiene personal, corroboran el temor que empezó a crecer en los pasillos del Palacio de Hacienda, aunque el propio Javier Milei se desentiende del asunto y se centra en la baja de la inflación, que esgrime como bandera para buscar su reelección en 2027.

El último relevamiento de la consultora Scentia, especializada en seguimiento del consumo masivo en supermercados, autoservicios independientes, mayoristas, kioskos y tiendas, farmacias (no incluye medicamentos ni material de salud) y compras vía e-commerce, destaca que las ventas cayeron en junio 2,7 por ciento frente al mismo mes de 2025.

No es un dato suelto sino más bien una tendencia que parece difícil de quebrar. El consumo masivo viene cayendo hace seis meses en forma consecutiva, y acumula en lo que va del año un derrumbe del 2,9 por ciento comparado con el mismo período anterior. Y recordemos que se está hablando de comida, bebidas y productos de primera necesidad.

Mientras eso ocurre la gente común que tiene algunos dólares comprados para eventualidades o por si se queda sin trabajo, lejos de pensar en sacarlos del colchón para invertirlos y hacerlos rendir, los tiene que vender para comprar alimentos y llegar a fin de mes. ¿Teléfono para Caputo y Milei?