En sus 22 meses de gobierno el presidente Javier Milei viajó trece veces a Estados Unidos –además de viajar a otros países–, la mayoría de ellas para visitas no oficiales y eventos de tono personal. En contraste, viajó muchísimo menos por el interior del país y hay provincias que no pisó nunca.

Puede que parezca un pensamiento un tanto rebuscado. Sin embargo, es un indicio del perfil que tiene la presidencia del líder libertario, más afecto a viajar al exterior y codearse con sus pares ideológicos, en especial Donald Trump, que a “patear” los barrios y las calles de la Argentina o visitar fábricas y comercios.

Al presidente de Estados Unidos Milei le acaba de sacar un swap de 20 mil millones de dólares para que el dólar no se dispare aquí y el mercado no se desmadre, más un apoyo explícito a un Repo (crédito sin asignación específica) con bancos privados por otros 20 mil millones del billete verde, y el compromiso de hacer “whatever it takes” (lo que sea necesario) para ayudar a Javier Milei.

Hay que reconocer que al menos los últimos viajes a Washington y Nueva York han tenido un importante rédito en términos de asistencia financiera, incluso sumando al coro de aduladores al poderoso secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien hizo un uso intensivo y hasta abusivo de su cuenta en X para explicar por qué le interesa cambiar sus dólares por nuestros devaluados pesos.

Las críticas a la estrategia de Trump se multiplican incluso en Estados Unidos, donde algunos analistas empiezan a pensar que todo esto es para resguardar el valor de los bonos soberanos argentinos nominados en dólares y salvar a los tenedores de esos bonos, muchos de los cuales son inversores estadounidenses.

Están observando en especial los Bonares y Globales 2029 y 2030, surgidos de la reestructuración de la deuda que realizó el exministro de Economía Martín Guzmán en agosto de 2020. Lejos de todo tecnicismo financiero, lo cierto es que se observa una tendencia en el Gobierno y sus aliados del exterior a evitar pérdidas en el sector financiero que apostó al país, tanto acreedores locales como extranjeros.

Hoja de balance

A punto de cumplirse, en pocas semanas más, la mitad del mandato presidencial de Javier Milei, el balance de la primera gestión liberal libertaria en la historia argentina muestra predominantemente números en rojo. Bajó la inflación, pero tiene un núcleo duro del 2 por ciento mensual que no puede quebrar y la actividad económica está literalmente “planchada”.

Sigamos con el análisis de los ganadores del modelo. Entre las quince ramas de actividad que releva el Indec a través del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) se destaca el desempeño de la intermediación financiera, que en julio (último mes relevado) mostró una mejora de 23,2 por ciento en términos interanuales.

Le sigue la explotación de minas y canteras, una actividad extractiva y capital intensiva, que últimamente está acumulando anuncios de inversión al calor del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que entre otros beneficios ofrece a las empresas estabilidad fiscal por treinta años, es decir que no podrán cambiar las condiciones impositivas iniciales, y una reducción de la alícuota de Impuesto a las Ganancias del 35 por ciento al 25.

Eso sí, para que el Gobierno acepte su incorporación al RIGI las empresas deberán comprometer una inversión no menor a los 200 millones de dólares. Hasta el momento hay ocho proyectos aprobados, que totalizan 15.739 millones de dólares y la creación de unos 18 mil puestos de trabajo sumando directos e indirectos.

En total se presentaron 21 proyectos, ocho aprobados, uno rechazado y doce en distintas etapas de estudio, que de ser aprobados sumarían inversiones por otros 18.115 millones de dólares.

Casi en su totalidad los proyectos del RIGI corresponden al sector de minería metalífera o litio y energía (petróleo, gas y renovables) y solo uno es del sector industrial (siderúrgico).

En resumen, estos son, junto al sector financiero, los grandes ganadores del modelo Milei. Del otro lado, toda la sociedad y la gran mayoría de los sectores productivos.

Quejas por doquier

Los grandes perjudicados son los jubilados y pensionados y quienes perciben algún tipo de ayuda social de parte del Estado. Los jubilados arrancaron el gobierno de Milei “comiéndose” literalmente la devaluación completa 54 por ciento del peso en diciembre de 2023, que llevó el valor del dólar de 367 a 800 pesos y la inflación de diciembre 2023 a febrero 2024 a un acumulado de 71,4 por ciento.

Mientras tanto los jubilados y pensionados no recibieron aumento alguno en ese momento y solo se ajustó parcial y discrecionalmente con 2,4 por ciento, recibido en abril, más un bono de 70 mil pesos.

Escenario parecido les toca a los discapacitados, quienes reciben planes sociales y empleados públicos. A base de motosierra, siempre se privilegió cortar por el mismo lado.

Entre los sectores productivos, el Gobierno se inclinó abiertamente por el de los agroexportadores, ni siquiera por el campo en su conjunto, porque a los productores no les dio ningún beneficio ni ayuda concreta.

En el caso de los agroexportadores, primero se dispuso la rebaja de retenciones para todos los granos en un 20 por ciento de la alícuota pagada en junio de 2025 –en el caso de la soja y derivados se aplicó un mes después– y en septiembre, en medio del tembladeral cambiario, inesperadamente se llevaron las retenciones a cero hasta el 31 de octubre, algo que no sucedió porque en solo tres días las grandes cerealeras y agroexportadores liquidaron exportaciones por 7.000 millones de dólares, el cupo máximo dispuesto por el Gobierno.

Industrias en la mira

En la otra vereda están la mayoría de las industrias, en especial pequeñas y medianas empresas. Según la estructura de pensamiento del equipo de gobierno, la industria es prebendaria y por lo tanto hay que abrir la economía para que compitan y que sobrevivan las industrias que se adapten. Para las otras, queda bajar las persianas y desaparecer.

Olvidan en la Casa Rosada y el Ministerio de Economía que, para competir en igualdad de condiciones, se requieren iguales condiciones que tienen los competidores del exterior. El caso más claro es la falta de subsidios aquí para exportar, cosa que sí existe en muchos países y fundamenta la elevadísima carga tributaria, que oscila entre 40 y 50 por ciento en casi todas las ramas industriales.

Nuevamente, los datos oficiales no dejan lugar a dudas. Según el EMAE, el sector que perdió “por robo” en julio frente al mismo mes de 2024 fue la pesca, que cayó nada menos que -85,7 por ciento, aunque hay que aclarar que esto se dio en medio de un conflicto entre empresarios y trabajadores.

En junio y julio la flota tangonera, dedicada a la captura de langostino, que explica el 60 por ciento del total de capturas entre todas las especies y genera anualmente más de la mitad de las exportaciones totales –unos 2.000 millones de dólares anuales–, no salió a pescar.

Los empresarios acusan a la suba de costos, casi todos dolarizados, incluidos los salarios y caída de los precios internacionales. De modo que, con los barcos amarrados en los muelles, el desplome de las capturas fue descomunal.

Sin llegar a ese extremo, la industria manufacturera registró una caída de -1,8 por ciento interanual en julio, y en agosto según el IPI (índice de producción industrial manufacturero) el bajón fue de -4,4 por ciento.

Algunas caídas notorias en julio fueron textiles, prendas de vestir, calzado y cuero, cuya producción en el octavo mes del año se derrumbó -15,3 por ciento en julio. Productos de metal, maquinarias y equipos se desplomó -12,8 por ciento; automotores y equipos de transporte cayó -5,3; minerales no metálicos e industria metálicas básicas, insumos muy vinculados a la construcción, retrocedieron -3,9, y alimentos y bebidas más tabaco cayó -2,4 por ciento.

Son todas señales de una economía real que no levanta y que empieza a golpear al empleo, además de la inversión. Mientras tanto, la presión impositiva no cede. Los impuestos netos de subsidios crecieron en julio 7,9 por ciento, siempre según datos oficiales.