Cuando el clima lo permite –es decir, si no se sufren sequías como las de 2008/09, 2011/12, 2017/18, 2021/22 y 2023/24–, la renta del agronegocio beneficia principalmente a grandes productores y a compañías exportadoras. Esos actores centrales son los que concentran la oferta y comercialización de granos de fuerte demanda externa (soja, maíz, trigo, girasol). 

La buena noticia para estos agentes del agronegocio es que en el actual ciclo 2025/26 la cosecha de cereales y oleaginosas ascendería al nivel récord de 146,4 millones de toneladas, según estimó la Bolsa de Comercio de Rosario. Es decir, 6 por ciento más que en la campaña anterior. 

También la Bolsa de Cereales de Buenos Aires pronosticó un pico de recolección de granos, si bien algo menor: 142,6 millones, volumen que según sus cuentas implicará un alza interanual de 8,9 por ciento.  

Las estrellas de la actual campaña de granos gruesos son el maíz, del que se esperan 58 millones de toneladas (18,4% más que en el ciclo anterior) y el girasol (5,8 millones, 16%). 

Esas subas compensarían con creces la ligera baja, de 3,6 por ciento, en la producción de soja, que llegaría a 48,5 millones de toneladas.  

De todos modos, el resultado económico sería menos abultado, dado que bajaron las cotizaciones, frente a doce meses atrás.  

Para los analistas rosarinos ingresarían al país 34.800 millones de dólares, el mismo monto que en el ciclo anterior. Los técnicos de la entidad porteña, por su parte, avizoran ventas que se acercarían a 33 mil millones, 3,3 por ciento más que la campaña previa. 

Con una diferencia. En esta oportunidad el Estado da un paso atrás en el reparto de los resultados finales, lo que eleva la cuota de productores y compañías exportadoras.  

Como se recordará, en la apertura de la Exposición Rural de Palermo, a fines de julio pasado, el presidente Javier Milei anunció una reducción en las alícuotas de derechos de exportación para maíz, sorgo, girasol, soja y subproductos, además de las carnes vacuna y aviaria. 

La medida implica rebajas de hasta siete puntos porcentuales que dejará de recaudar el fisco, mientras se refuerza principalmente la situación de los agricultores de mayor tamaño. 

Estos grandes terratenientes son apenas 83 mil, según un análisis del Banco Mundial difundido a mediados de 2024. 

El resto de la mayor renta prevista se distribuirá entre aquellos chacareros (unos 251 mil, según el BM) con campos de superficies más reducidas y que explotan sus propiedades a partir de esquemas familiares.  

Entre estos últimos se estima que dos de cada tres se ubican entre los menos resilientes a los riesgos del cambio climático y a los avatares del contexto macroeconómico, ya que no disponen de suficientes recursos –tierra y capital– para poder vivir de su producción, y dependen de otras fuentes de ingresos.  

Concentración 

Así, todo parece indicar que se mantendrá la tendencia a la concentración de los campos y la caída de la participación sectorial de los pequeños y medianos productores, cuya cantidad disminuyó en alrededor de 40 por ciento entre 1988 y 2018.  

Para gran número de agricultores, las condiciones de siembra y cosecha empeoraron en tiempos recientes, mientras padecen en carne propia la desinversión del Estado en obras públicas y la disolución de organismos técnicos de apoyo al sector. 

A ese proceso relativamente silencioso se sumó semanas atrás el resonante episodio de la maniobra financiera de refuerzo de reservas monetarias, con respaldo del gobierno de Estados Unidos.  

Como se sabe, en el apuro por evitar una corrida cambiaria y ante las urgencias preelectorales, el gobierno libertario resignó súbitamente el cobro de 1.500 millones de dólares (vía eliminación de retenciones) y los cedió a una decena de firmas agroexportadoras. 

“Los únicos beneficiados han sido sectores concentrados y exportadores”, evaluó el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez. Los pequeños productores, ratificó la presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari, “no somos beneficiarios de las medidas que se tomaron”. La transferencia de recursos, ratificó, fue “a beneficio de los grandes”. 

Por su parte, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) confirmó que no hubo derrame sobre el primer eslabón de la cadena, el productor agropecuario. “Por el contrario, los indicios apuntan a que fue un negocio para unos pocos”, señaló. 

Efectivamente, los principales beneficiados con la transitoria medida libertaria fueron las compañías exportadoras Bunge, Louis Dreyfus, Cofco, Viterra, Cargill y Molinos. 

Alimentos 

La misma mirada crítica –ignorada por los grandes medios de prensa– tuvo la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe), que reúne a sesenta empresas asociativas agroalimentarias de once provincias. 

Lo de las retenciones, afirmó la entidad, fue “un regalo al agronegocio y a los grandes exportadores, mientras encarece los alimentos de la mesa de los argentinos y golpea a los pequeños y medianos productores”. 

El cuadro actual, según la visión de Fecofe, es el siguiente: 

• Nosotros, que producimos leche, carne, granos y alimentos para el mercado interno, no somos beneficiados por esta decisión (la efímera eliminación de retenciones).  

• No tenemos stock de granos y la mayor parte del año debemos comprarlos dolarizados o en forma de balanceado, con precios que no paran de subir.  

• Mientras tanto, seguimos cobrando lo mismo por nuestra producción, con costos de energía, impuestos e insumos cada vez más altos.  

• Esta política no nos ayuda, nos complica, y al mismo tiempo empuja hacia arriba los precios de la harina, el pan, los fideos, la carne, la leche y el aceite, perjudicando directamente a la sociedad. 

• Quienes alquilamos campos, quienes no tenemos granos propios, vamos a pagar más caro el alimento para nuestros animales y no podremos trasladar esa suba al precio final.  

• Nuestros productos están ligados al mercado interno, donde la gente tiene el bolsillo flaco y no puede pagar más.  

• El Estado resigna millones de dólares que podrían destinarse a salud, educación, jubilaciones y políticas de desarrollo, para transferirlos a un sector muy reducido compuesto por las multinacionales y los pools de siembra.  

• Se nos dice que no hay recursos para hospitales, universidades o para mejorar las jubilaciones, pero se entrega dinero público a quienes más concentran riqueza. 

• Los que concentran y exportan deben pagar lo que corresponde, mientras que quienes producimos para el mercado interno necesitamos alivio fiscal y políticas diferenciales. 

• Apostamos a fortalecer el cooperativismo y la agricultura familiar porque somos quienes sostenemos la producción diversificada, abastecemos a las economías regionales y mantenemos viva la posibilidad de un modelo agroalimentario inclusivo.  

• Los recursos que hoy se entregan al agronegocio deberían destinarse a programas que aseguren pan, leche, carne, frutas y verduras sanas en la mesa de todos los hogares. 

Políticas 

Para fortalecer al sector en su conjunto, y particularmente a los menos favorecidos, antes de la próxima sequía (que sin duda llegará, si no es que sobreviene alguna inundación) deberían introducirse políticas que no figuran en las carpetas libertarias.  

La importancia de los productores más frágiles y vulnerables radica en que proporcionan aproximadamente la mitad de los alimentos que consume la población local, mientras venden al exterior unos 11 mil millones de dólares anuales. 

Para tener en cuenta el desafío futuro debe recordarse que los anteriores períodos de déficits hídricos en los campos provocaron caídas de la producción agrícola, con sus correlatos de baja de envíos al exterior y caídas del PIB.  

La sequía de 2023 acentuó la escasez de dólares del país y generó más inflación a través del aumento de los precios de los alimentos. La disminución de las precipitaciones provocó una caída del 45 por ciento en la producción de los tres principales cultivos del país, recortó en 40 por ciento los ingresos por exportaciones de soja y provocó pérdidas totales por 20 mil millones de dólares, equivalentes al 3 por ciento del PIB.  

El aporte de los pequeños y medianos productores es macroeconómico, pero también alcanza la esfera social, al mejorar los medios de subsistencia de los pobres de las zonas rurales y proporcionar alimentos asequibles para los pobres de las zonas urbanas. 

Los estudiosos en esta materia destacan la contribución de los productores de menor dimensión a las cadenas de valor agroalimentarias, a la actividad económica general, a la creación de empleo y el desarrollo regional.  

Algunas de las propuestas para atender sus necesidades inmediatas fueron enumeradas en el reciente 111° congreso anual de FAA, que sesionó en la ciudad de Rosario.  

Se señalaron allí las urgencias en materia de financiamiento accesible, infraestructura adecuada, acceso a la tecnología, seguro multirriesgo, educación rural y atención de las emergencias.  

Todo eso, junto con una reforma impositiva integral y progresiva que limite la carga fiscal e incluya la eliminación de retenciones a las exportaciones. “Más de 23 años de retenciones demuestran el uso discrecional de esos recursos, que ese dinero no volvió a los pueblos ni en obras ni de ninguna otra manera. De hecho, quienes aportamos no tenemos rutas, no tenemos trenes, nos falta energía, conectividad, escuelas, industria y caminos”, advirtió en la oportunidad la titular de la Federación Agraria. 

“Nuestros caminos rurales –alertó Sarnari– en la mayoría de los lugares son precarios, nos imposibilitan la vida normal y digna. Las rutas están en estado de abandono en muchos lugares, y aquí necesitamos la obra pública dispuesta a dar respuestas.”  

Tras cuestionar la parálisis de inversiones dispuesta por el gobierno nacional, la dirigente añadió: “Es el Estado, en su mejor versión, el que debe atender esos lugares, fundamentalmente los más alejados, los menos transitados, los que unen esta Argentina tan extensa y diversa”.  

“Somos argentinos todos, los de acá, los de allá y los de más lejos también. No puede un país como la Argentina abandonar la inversión en infraestructura. Hay que redoblar el esfuerzo para un país más pujante”, sintetizó Sarnari.  

Motosierra 

Cada vez más corridos de sus tierras por la intemperie climática y la avidez de grandes operadores locales y foráneos, los pequeños agricultores sufren desde 2024 la súbita eliminación de un conjunto de ventanillas estatales que distribuían valiosos recursos. 

La aplicación de la “motosierra” gubernamental eliminó, entre otros, los fondos fiduciarios de promoción de la ganadería ovina, de agroindustria, de desarrollo productivo, de infraestructura regional y para el desarrollo provincial. 

Otro impacto sobre los chacareros más vulnerables provino de la decisión del Poder Ejecutivo de transformar organismos considerados “ineficientes”, como el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci), así como también el banco de tierras y otras herramientas previstas en la ley 27.118. 

El reciente congreso de la Federación Agraria llamó asimismo la atención sobre uno de los principales puntos débiles en la actual coyuntura: el limitado acceso de los pequeños y medianos productores al crédito real, con tasas acordes a la producción.  

Una señal clara en este terreno son los préstamos a valor producto, lanzados recientemente, aunque una vez más los agricultores más pequeños quedan afuera de obtenerlos.  

“La Argentina necesita una política pública específica, que incentive la producción en favor del campo. Faltan políticas sectoriales que atiendan en cada territorio y eslabón de la cadena de valor”, insistió Sarnari.  

El contexto actual de las economías regionales (los complejos lácteo, de maní, uva y otras frutas, vino, forestal, de limón y de azúcar, así como los de miel y yerba mate) es de una “crisis severa”, ante factores como la apertura de importaciones, añadió.  

El panorama actual, alertó la titular de FAA, atenta directamente contra la existencia de los productores de menor escala y sus cooperativas, con el consiguiente impacto en el arraigo rural y pérdida de empleos, por la ausencia de una mirada productivista con anclaje social. 

Los retos que enfrentan los chacareros pequeños (y muchos de mediana dimensión) se vinculan además, según se dijo en la cita rosarina, con el debilitamiento de aquellos organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, caracterizado por su autarquía, su gobernanza público-privada y su territorialidad.  

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca justificó la idea de achicar el INTA, tras argumentar que los relevamientos realizados evidenciaron “numerosas irregularidades en la gestión de recursos, capital humano, contrataciones, compras, administración, procedimientos y gestión administrativa”.  

Para la reestructuración en curso, señalaron desde los despachos oficiales, se comparó al Instituto con países como Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, China, Brasil, Colombia y con experiencias globales como la del Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional 

Adicionalmente, aunque los funcionarios afirman haber identificado oportunidades de mejora en las áreas sustantivas “para modernizar el organismo y ajustarlo a la real demanda de los productores, al contexto global y la coyuntura nacional”, la titular de FAA advirtió que “el rol de desarrollador de soluciones regionales que ha cumplido el Instituto de Tecnología Agropecuaria no será suplido por nadie”.  

“Vivimos en un país con profundas desigualdades, en el que la concentración económica expulsa a los pequeños productores. Frente a eso, no nos resignamos”, dijo la dirigente de Federación Agraria.  

Y concluyó: “La Argentina que soñamos es una nación con desarrollo equitativo y federal, donde los pueblos del interior tengan las mismas oportunidades que las grandes ciudades y donde la producción esté en manos de quienes viven y trabajan la tierra”.